Fundador de la Plataforma Campo Mexicano.
El TLCAN fue firmado en 1993, pero entró en vigor en 1994. Dicho tratado “tripartita” fue celebrado entre los gobiernos de Estados Unidos de América, Canadá y México, con la finalidad de impulsar el comercio en América del Norte y con ello, el crecimiento económico de los tres países a través de la eliminación sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión, facilitando la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios (El Financiero, 2017).
Hace 24 años, el sector agropecuario fue uno de los sectores que presentó mayor complejidad en la negociación y adaptación al tratado debido a: 1) la sensibilidad económica y política del sector, 2) las grandes asimetrías entre los tres países en dimensión, competitividad natural (en algunos productos) y orientación exportadora y, sobre todo, 3) la distribución de subsidios a los productores de esos países.
El sector agropecuario quedó establecido en el Capítulo VII del TLCAN: Sector agropecuario, medidas sanitarias y fitosanitarias.
La promulgación de dicho acuerdo significó la implantación de un tratado comercial regulado, que en muchas ocasiones fue violentado. Como se recordará, algunos productos agrícolas tendrían una desregulación tarifaria inmediata (el sorgo, la soya, las frutas, las verduras, etc.) y otros (como el maíz y el frijol) transitarían por un periodo determinado para ser desgravados totalmente. Hoy en día todos (o la mayoría) los productos agropecuarios están incluidos en el TLCAN y se comercian libremente.
En 1993, el gobierno mexicano intentando hacer un esfuerzo compensatorio para prevenir el golpe que el acuerdo pudiera tener sobre los pequeños productores, crea el subsidio gubernamental llamado “Procampo” (hoy conocido cómo Proagro). Dicho subsidio se ha repartido a nivel nacional pero no ha cumplido con el propósito de incrementar la productividad agrícola porque beneficia a quienes más tienen y deja fuera a los que realmente lo necesitan.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha sido controversial pues ha venido a revertir diversas políticas públicas que no sólo afectan a ese país, sino a la comunidad migrante y a la economía mundial. Tales circunstancias han generado apatía, descontento social, y esto ha logrado evidenciar su enorme incapacidad que tiene para gobernar, pues sus decisiones han provocado crisis, dentro lo cual, por mala fortuna, el sector agropecuario no se ha quedado atrás.
Dentro de los cambios que vinieron al inicio del régimen americano actual, uno de ellos fue el inicio de la “renegociación” del TLCAN. En los ataques al TLCAN, como en tantas otras cosas, Trump no solo no ha contado con el apoyo total de su país, sino que también le discuten su perspectiva muchos votantes republicanos, especialmente los de regiones agrícolas (las exportaciones de este sector a México y Canadá se han quintuplicado desde que el tratado entró en vigor, hace casi un cuarto de siglo). Dentro de su propia Administración, el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, ha liderado la apuesta a favor del tratado.
El efecto que el TLCAN tuvo en el campo es un tema sumamente polarizado: el gobierno dice que lo favoreció, pero los agricultores (pequeños y sociales) dicen que el tratado no les ha cumplido. En el sector primario mexicano solamente ha beneficiado a una minoría de grandes agricultores y grandes empresas agroexportadoras que se han beneficiado incrementando la exportación de aguacate, jitomate y/o tequila. Y, por si fuera poco, este tratado permitió la expansión y dominio del mercado nacional de alimentos por parte de empresas Trasnacionales Agroalimentarias norteamericanas, las cuales se han visto ampliamente beneficiadas en México, monopolizando y controlando el almacenamiento, distribución e importación de granos, insumos y alimentos básicos.
En pocas palabras, el TLCAN dañó y puso en peligro una de las características más importantes cómo país, la soberanía alimentaria nacional.
La creciente dependencia alimentaria en un marco de total apertura comercial aumenta nuestra vulnerabilidad ante las variaciones internacionales de oferta, precios y tipos de cambio. Los famosos “shocks externos” (llamados así por economistas y financieros) interiorizan las alteraciones en los mercados globales y transmiten directamente el impacto; es decir, una apreciación del dólar o un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos encarecen nuestras importaciones y aumentan la inflación. En otras palabras, lo que afecte o encarezca los insumos americanos, nos afecta aún más a nosotros.
Una economía demasiado abierta (somos el país con más tratados de libre comercio) carece del mínimo de mecanismos de protección para evitar la entrada desmesurada de productos agrícolas y ganaderos baratos del extranjero, el desplazamiento de los nuestros y la quiebra de millones de productores que operan con costos relativamente altos comparados con los extranjeros, que además están generosamente subsidiados. El costo de producir maíz, sorgo, trigo y arroz, en los principales estados productores de México es alrededor de 1.5 veces mayor que el de Estados Unidos. Esto se asocia a la fragmentación en la estructura agraria y productiva: 92% de los 3.2 millones de productores de maíz trabajan en predios menores de cinco hectáreas, con rendimientos apenas superiores a dos toneladas por hectárea, contra más de diez en Estados Unidos. Así, la causa de nuestra crisis agrícola es estructural, y se complica con arreglos institucionales como el TLCAN.
Para poder lograr tener “soberanía alimentaria” se tiene que empezar a reforzar la autosuficiencia alimentaria, lo cual no es fácil; involucra problemas complejos señalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este Organismo plantea que un país presenta vulnerabilidad alimentaria cuando el 25% de los alimentos que se consumen provienen del exterior, y México está en un 60% de importación de alimentos. Datos obtenidos de diversos medios, daban cuenta de que el país importaba 20 mil millones de dólares de alimentos por medio de empresas estadounidenses (40% de la demanda nacional) y que la mayor parte de los 30 mil millones del valor de la producción agroalimentaria doméstica era controlada por 20 grandes trasnacionales.
La incertidumbre que representa esta realidad obliga a revisar y a evaluar las habilidades y fortalezas del país en materia de seguridad alimentaria.
Cómo lo dijo (excelentemente) Isabel Cruz en el Financiero Bloomberg hace algunos días: “Por más de dos décadas, cientos de organizaciones campesinas, académicos y activistas sociales han denunciado y reclamado los arreglos obtenidos después del TLCAN provocaron un desmantelamiento de la capacidad productiva en México (tanto de semillas, insumos y alimentos) en beneficio de trasnacionales y en perjuicio de una masa crítica de productores que fueron destinados a vivir en la pobreza o expulsados de sus comunidades como migrantes. Donald Trump ha declarado a México como su principal enemigo comercial. Por ello, definir cuál será la situación, en este caso, del Campo Mexicano, ya no es una exigencia de las organizaciones al gobierno, sino una emergencia nacional.
Es una verdadera emergencia recuperar la capacidad productiva de insumos y de alimentos en todo el territorio nacional, con un enfoque de seguridad y soberanía alimentaria, en donde se incorpore a millones de campesinos que están en la pobreza precisamente por falta de políticas dirigidas a reactivar su capacidad productiva. Además, esto es una emergencia por la sencilla razón de que miles de mexicanos podrían ser deportados desde Estados Unidos en los próximos meses, muchos de los cuales fluirán a zonas rurales, por lo que habrá mano de obra que bien aprovechada puede aportar conocimientos y experiencia en favor de nuestra economía, las comunidades y el campo. “
Hoy más que nunca, el gobierno tiene que ver por sus pequeños productores y por el futuro de México. Por qué México tiene un gran futuro, y el futuro de México está en el Campo.
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