Por Julio Gálvez.
La economía colaborativa surge gracias a la capacidad que tienen las tecnologías para organizar a los consumidores en su propio beneficio, además de que con ello se consigue un mejor aprovechamiento de los recursos y por tanto un ahorro o beneficio implícito para todas las partes.
El consumo colaborativo actual se organiza mediante plataformas, la mayoría online, que ponen en contacto a personas que ofrecen un producto, un servicio o un “trabajo” con aquellas que deseen utilizarlo, creando redes de suministradores y de usuarios que comparten intereses.
Los ejemplos más llamativos son el de alquiler de viviendas y habitaciones o también el de transporte, donde alguien puede ofrecer sus plazas libres en el coche para un determinado trayecto que a otros les pueda interesar como es el caso de UBER que su regulación pertenece al mundo del derecho privado, al tratarse de un relación contractual de arrendamiento entre particulares, no al derecho público a través de concesiones o permisos para operar que otorga el estado.
Algunas prácticas de la economía de mercado como la obsolescencia programada han creado una conciencia social que ha dado lugar a una corriente contraria que opina que nuestro planeta no resistirá esta presión consumista que genera el individualismo.
De acuerdo con lo anterior, el consumo colaborativo y la economía colaborativa emergen como una forma de consumo responsable que busca un mejor uso de los recursos en aras al bien común y que trata de provocar un gran cambio en nuestras vidas y su impacto sobre los recursos limitados de nuestro planeta.
En este orden de ideas, sólo los gobiernos corruptos en el mundo se han opuesto a la entrada en funciones de plataformas tecnológicas como Uber, Airbnb, etc; que generan una derrama económica importante en las regiones donde se establecen, ya que por décadas los políticos explotaron al estado en su propio beneficio, otorgando concesiones de transporte público a diestra y siniestra a sus amigos y allegados en pago de favores, ocasionando desigualdad en la población.
Las economías colaborativas (donde todos nos ayudamos a través de la tecnología) surgen justamente en Holanda para hacer frente al hiperconsumismo, a la corrupción y a la explotación de bienes que nos ha dejado la crisis del capitalismo, mediante el uso de productos (para la colectividad) y no de su propiedad, a cambio de una remuneración económica al propietario para que recupere su inversión y obtenga una ganancia.
Este tipo de economías circulares son un contrapeso a la desigualdad que genera el capitalismo y en el caso que nos ocupa, UBER Hidalgo está dispuesto a pagar impuestos estatales y municipales que se destinen a la pavimentación de calles, situación con la que toda la población puede obtener un beneficio al tratarse de un esquema colaborativo y solidario.
Además, es importante mencionar que, este tipo de desarrollos tecnológicos son del agrado de los millennials, ya que justamente esta generación es la que sufre los estragos del hipersonsumismo, al ser muy difícil para ellos la adquisición de bienes duraderos como automóviles o casas, tal como lo hacían nuestros padres y abuelos, gracias a la inflación que esta ocasionando la mencionada crisis mundial del capitalismo.
Por lo anterior, esperamos con todo respeto que al gobierno de Hidalgo no se le vaya la inversión circular que UBER puede generar con este tipo de esquemas colaborativos que ayudan a fortalecer las economías más pobres y más ahora que se construirá el aeropuerto de Santa Lucia y se necesitarán de otro tipo de servicios que el transporte público no podrá cubrir.
Ya se verá cómo el Poder Judicial de la Federación resuelve el recurso de revisión interpuesto por el Gobierno del Estado de Hidalgo, ante el amparo que ganó la empresa para entrar en operaciones en esta entidad federativa.
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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.
Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial” presidida honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario El Nuevo Gráfico y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).
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