«Este gobierno tiene la oportunidad de resolver el primer asesinato político del sexenio, pero ni la Secretaría de Gobernación ni ninguna instancia federal se han acercado al problema, parece que no les importa», señala el abogado David Peña, quien representa a la familia de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio y comunicador comunitario ultimado el 20 de febrero de 2019 en su natal Amilcingo, Morelos.
Un año después del asesinato, «no hay una sola persona procesada», ni se vislumbra «voluntad y disposición de parte de la Fiscalía General de Morelos y de las instancias federales» para resolver el crimen, advierte el abogado, para quien la principal línea de investigación «es su activismo político como opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM)», y se mantienen otras tres líneas abiertas.
Dos tiros acabaron con la vida de Samir Flores Soberanes alrededor de las 5 de la mañana de aquel 20 de febrero. Un día antes había participado en una reunión con el delegado federal en Morelos, Hugo Eric Flores, a la que, aunque no fue invitado, acudió para poner en la mesa las afectaciones de operar una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto en comunidades nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El proceso se complica, advierte Peña, por el entramado de las relaciones locales y los grupos políticos que existen alrededor del PIM. «La fiscalía no sabe cómo entrarle al caso por todos los grupos inmiscuidos», dice, y aunque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y la familia de Samir insisten en que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, el abogado indica que «es la misma ineficacia en las dos fiscalías, pero el mapa de los actores locales lo tiene la fiscalía de Morelos, pero no ha demostrado capacidad y disposición».
David Peña explica que continúan abiertas cuatro líneas de investigación: 1) por su activismo de naturaleza política contra la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto, 2) por su activismo político dentro de la comunidad de Amilcingo, con acciones como la defensa de la escuela primaria, la denuncia de atropellos y abusos a la comunidad, la defensa del autogobierno por usos y costumbres, etcétera, 3) por su participación política en actividades fuera de su comunidad, tales como asesorías sobre derechos indígenas, talleres de comunicación comunitaria, problemas de agua, entre otras, y 4) un adeudo del Ayuntamiento Temoac. Samir trabajó siete años en la alcaldía, lo despidieron y él demandó legalmente, ganó y ésa también es una línea de investigación por las personas que pudieron sentirse afectadas.
Las líneas que quedaron cerradas son las que involucraban a familiares y compañeros de Flores Soberanes, pues todos colaboraron con la Fiscalía para agotar las investigaciones. Otra línea que se cerró fue la de su trabajo en la radio comunitaria Radio Amiltzinko, que él fundó en 2013, “debido a que no hay grabaciones de los programas en los que participó, lo que significa que no hay evidencia de que su participación en la radio que hayan enojado a alguien al grado de matarlo”. Pudo suceder, pero no hay cómo probarlo.
El proceso quedó prácticamente parado desde agosto de 2019. Fue en enero de este año cuando se reunieron con la defensa en dos ocasiones. Y una tercera llamada de la fiscalía regional, alrededor del primer aniversario.
Liliana Velázquez, compañera de vida y de lucha de Samir, lamenta la falta de disposición de las autoridades. «Nos dicen que según están trabajando, pero nada. Decían que hubo evidencias pero que supuestamente se perdieron. No hay ningún detenido ni ningún sospechoso. Nuestra exigencia es que den con los responsables y paguen por lo que hicieron. Se está pidiendo que se lleve a la Fiscalía General, pero no lo han querido atraer que porque dicen que no es un caso especial».
Para Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos y compañero cercano de Samir, «hay un completo desdén por parte de las autoridades, desde que las investigaciones no avanzan; el gobierno federal no quiso guardar el luto de Samir y siguió impulsando la consulta; y se intentó criminalizarnos diciendo que nosotros habíamos sido los que lo matamos para buscar publicidad o mayores razones de oposición al proyecto».
Andrés Manuel López Obrador, señala Flores, «hace algunos días dijo que estaba muy consciente de que todo el proceso del PIM se había hecho a base de la imposición y del agravio a los pueblos. Él sabía de la represión sistemática que estábamos viviendo, ¿y qué nos faltaba ante la tortura, las amenazas, el encarcelamiento? ¿Qué faltaba? La muerte de un compañero, y fue lo que pasó».
Ante «el desdén de los de arriba», dice el integrante del FPDTA, «abajo le estamos haciendo justicia a Samir. Su ejemplo y su lucha han llegado a más lugares. Cuando en diciembre se planteó toda la gran crisis que estamos viviendo en materia ambiental y de los pueblos indígenas frente al cúmulo de megaproyectos estratosféricos, nosotros propusimos que nos juntáramos el 20 de febrero para decir que ‘Samir somos todas y todos’, porque lo que pasó con él es lo que está pasando con muchas personas defensoras de derechos humanos, y lo que hizo Samir es lo que miles de personas en México y el mundo están haciendo y son los riesgos que están viviendo con los mismos descabellados megaproyectos que en nada benefician a los pueblos».
Hoy, dice, cuando los pueblos tienen un momento de victoria o coraje, gritan «Samir vive», y «ahí está la justicia. El día en que no haya justicia para Samir será porque estaremos muertos. Hay muchos Samires y Samiras en el Frente de Pueblos y en el país, y cada quien tendrá a su compañera o compañero al cual ama y al cual admira. Para nosotros es Samir», finaliza.
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