María Gil.

En este contexto es que López Obrador, ante la reciente declaración que 30 intelectuales de derecha publicaron en el periódico Reforma, puso el caso Lozoya como ejemplo del cambio que supone la Cuarta Transformación.

Encabezados por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, connotados conservadores ilustrados, y con la lamentable participación de un personaje como Javier Sicilia, acusaron al gobierno de autoritario y llamaron a conformar una amplia “alianza ciudadana”, para fortalecer un bloque opositor hacia el 2021, cuyo objetivo sea conquistar una mayoría legislativa. La intelectualidad conservadora buscó golpear sobre el gobierno, denunciando la concentración de poder en torno a la figura presidencial. Su argumento en pos del “balance de poderes” y la “democracia”, fue respondido por el gobierno, quien los acusó de complicidad con los fraudes electorales, y justificó a la Cuarta Transformación, en particular en torno a la lucha por desterrar al neoliberalismo.

En otros artículos, realizamos una interpretación marxista del gobierno de AMLO y sus rasgos bonapartistas, distanciándonos tanto de los argumentos interesados de la derecha y sus intelectuales —los mismos que en décadas previas defendieron al represivo viejo régimen y su “alternancia democrática” favorecida por el imperialismo y la clase dominante— como de los intelectuales de la Cuarta Transformación. Estos últimos presentan al “nuevo régimen” como la superación de la vieja institucionalidad neoliberal. Pero las detenciones de funcionarios de las administraciones anteriores no significan, por sí solas, una ruptura con ese legado, más allá de que despierten justas simpatías en la población.

Como es sabido, tanto el priato como los gobiernos de la llamada “transición democrática” garantizaron los intereses de los grandes empresarios y las trasnacionales imperialistas. Sobre esos cimientos se erigió su política autoritaria y la militarización.

Frente a ese pasado, la retórica “progresista” que acompaña la lucha anticorrupción, y sus planes sociales, aunque implican cambios en la superficie respecto a los gobiernos anteriores, no pueden ocultar que hoy se mantiene un régimen político que administra los intereses de los grandes empresarios de México. Y que el gobierno actual, como se expresó en su reciente visita a Washington, sostiene el marco neoliberal que benefició a las trasnacionales estadounidenses durante décadas, mientras que da continuidad a la militarización del país.