Jorge Montejo
13/01/21

El Presidente Andrés Manuel López Obrador; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron a conocer hoy los contratos por prisiones privadas por miles de millones que entregaron Felipe Calderón y Genaro García Luna. En resumen: se les pagarán enormes cifras, pero ni los edificios de las prisiones le pertenecen al Gobierno.

Entre 2013 y 2018, dependencias de seguridad como la Secretaría de Gobernación, encabezada por el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong; el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), encabezado por Eugenio Ímaz Gispert; y la Procuraduría General de la República, además de otros órganos donde destaca la participación de Damián Canales Mena, Jorge Márquez Montes, Cuauhtémoc Ochoa, Nuvia Mayorga, Paula Hernández, Frida Martínez y Alberto Rodríguez Calderón, erogaron recursos para "misiones y objetivos confidenciales" en las diferentes secretarías a su cargo. 

El dinero destinado a estos rubros provino de la partida presupuestal 33701, clasificada como "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", la cual se convirtió en la principal fuente de ingresos del gabinete de seguridad, entonces encabezado por el secretario de Gobernación Osorio Chong.

Asimismo, de acuerdo con documentación en poder de Nuevo Gráfico, el Ex Gobernador de Hidalgo, Osorio Chong, dejó una Secretaria de Gobernación completamente endeudada, al grado que los inversionistas institucionales más grandes del país tuvieron que ejercer la presión suficiente para que a partir de enero de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecutara una reforma al presupuesto de egresos en la que implementó un “objeto clasificador del gasto” para prohibirle a dicha dependencia utilizar los recursos clasificados para servicios integrales, en materia de seguridad pública y nacional, en otros rubros o ‘jineteos’. Lo anterior debido a que en 2016 y 2017 no llegaban los pagos por parte de la Secretaría de Gobernación a los diversos Centros Federales de Readaptación Social en el país, los cuales se debían efectuar a través del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (PYRS), que dependía directamente de Osorio Chong.

Con la denuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que ciertos penales privados tuvieron nexos con Genaro García Luna, se desestima la legalidad de los contratos y se destaca el “alto” costo que representan para el Gobierno Federal, de cerca de $3,000 pesos diarios por reo, lo que representa hasta 7 veces más que las cárceles operadas por el Gobierno Federal. Al respecto, el presidente López Obrador propone denunciar en materia civil dichos contratos en caso de que las empresas no pretendan llegar a un arreglo. Los 8 penales señalados son: uno en Sonora y otro en Guanajuato (de Exi Quantium S.A. de C.V.) uno en Chiapas y otro en Morelos (de Capital Inbursa), uno en Oaxaca (GIA), otro en Durango (DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria), otro en Michoacán (Concesionaria de infraestructura penitenciaria de Michoacán) y uno en Coahuila (Black Rock).