03/03/21
Desde la óptica geopolítica, Tamaulipas es un estado estratégico para fines de narcotráfico, contrabando de armas y trasiego de migrantes.
La ubicación geográfica de este estado, que es estratégica desde el punto de vista económico para el intercambio de mercancías y persones entre los Estados Unidos y México, que además controla la ruta del golfo de México, es de suma importancia logística.
Tradicionalmente estas tres actividades han dominado el intercambio comercial en ese estado y como consecuencia, en una zona amplia de su territorio, el control de las actividades económicas se encuentra en manos del crimen organizado.
Para darnos una idea de la situación que prevalece en ese estado, dos de los tres gobernadores tamaulipecos anteriores al actual, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández están actualmente en la cárcel; un candidato a la gubernatura fue ejecutado y el gobernador actual es imputado por la Fiscalía General de la República por asociación delictuosa, entre otras conductas delincuenciales.
Cierto es que el actual mandatario, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó al poder postulado por el PAN y que todos los antecesores fueron priistas. Pero las cosas no parecen haber cambiado mucho. La Fiscalía General de la República presentó evidencia el martes pasado a la Cámara de Diputados para que le inicie proceso de desafuero y si es el caso, poder juzgarlo por los delitos que se le imputan: delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
La carpeta de investigación resumida en el documento de 90 páginas que le fue entregado a los diputados, relaciona a García Cabeza de Vaca con el Cártel del Golfo, organización criminal que habría financiado sus campañas a la presidencia municipal de Reynosa en 2004, y a la gubernatura en 2015, según el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, hoy preso en Houston y confeso por lavado de dinero en el gobierno del exgobernador Yarrington.
Este le habría pedido que consiguiera recursos por medio millón de dólares del Cártel del Golfo para la campaña de García Cabeza de Vaca, porque tenía especial interés en que él fuera el alcalde de la ciudad fronteriza.
Aunque en esas fechas el capo de la organización criminal Osiel Cárdenas Guillén ya había sido detenido en Matamoros por el Ejército, el control de Reynosa por la organización criminal era total. De hecho, Los Zetas, entonces brazo armado del Golfo, se ocupaban de la vigilancia y seguridad de la ciudad.
Ahora ya nada resulta increíble, pero es la primera vez que vemos a un gobernador en funciones, ser denunciado contundentemente por las autoridades federales, en un hecho que sorprende a cualquiera que conozca algo de historia relacionada con la política y el narcotráfico en México.
Parece que en efecto, la impunidad derivada de la colusión entre el poder público estatal en Tamaulipas y el crimen organizado, llegó a su fin con la acusación en contra del primer gobernador en funciones imputado por parte de la Fiscalía, de quien tengamos memoria.
Es buena noticia que, por lo menos en trastocar el liderazgo del crimen organizado, representado en la persona de los políticos corruptos, sea hoy una esperanza de justicia para el pueblo. Para esto votamos en 2018. ¿No creen?
Como dijo el filósofo francés Voltaire: “Los pueblos a quienes no se les hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.
Desde la óptica geopolítica, Tamaulipas es un estado estratégico para fines de narcotráfico, contrabando de armas y trasiego de migrantes.
La ubicación geográfica de este estado, que es estratégica desde el punto de vista económico para el intercambio de mercancías y persones entre los Estados Unidos y México, que además controla la ruta del golfo de México, es de suma importancia logística.
Tradicionalmente estas tres actividades han dominado el intercambio comercial en ese estado y como consecuencia, en una zona amplia de su territorio, el control de las actividades económicas se encuentra en manos del crimen organizado.
Para darnos una idea de la situación que prevalece en ese estado, dos de los tres gobernadores tamaulipecos anteriores al actual, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández están actualmente en la cárcel; un candidato a la gubernatura fue ejecutado y el gobernador actual es imputado por la Fiscalía General de la República por asociación delictuosa, entre otras conductas delincuenciales.
Cierto es que el actual mandatario, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó al poder postulado por el PAN y que todos los antecesores fueron priistas. Pero las cosas no parecen haber cambiado mucho. La Fiscalía General de la República presentó evidencia el martes pasado a la Cámara de Diputados para que le inicie proceso de desafuero y si es el caso, poder juzgarlo por los delitos que se le imputan: delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
La carpeta de investigación resumida en el documento de 90 páginas que le fue entregado a los diputados, relaciona a García Cabeza de Vaca con el Cártel del Golfo, organización criminal que habría financiado sus campañas a la presidencia municipal de Reynosa en 2004, y a la gubernatura en 2015, según el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, hoy preso en Houston y confeso por lavado de dinero en el gobierno del exgobernador Yarrington.
Este le habría pedido que consiguiera recursos por medio millón de dólares del Cártel del Golfo para la campaña de García Cabeza de Vaca, porque tenía especial interés en que él fuera el alcalde de la ciudad fronteriza.
Aunque en esas fechas el capo de la organización criminal Osiel Cárdenas Guillén ya había sido detenido en Matamoros por el Ejército, el control de Reynosa por la organización criminal era total. De hecho, Los Zetas, entonces brazo armado del Golfo, se ocupaban de la vigilancia y seguridad de la ciudad.
Ahora ya nada resulta increíble, pero es la primera vez que vemos a un gobernador en funciones, ser denunciado contundentemente por las autoridades federales, en un hecho que sorprende a cualquiera que conozca algo de historia relacionada con la política y el narcotráfico en México.
Parece que en efecto, la impunidad derivada de la colusión entre el poder público estatal en Tamaulipas y el crimen organizado, llegó a su fin con la acusación en contra del primer gobernador en funciones imputado por parte de la Fiscalía, de quien tengamos memoria.
Es buena noticia que, por lo menos en trastocar el liderazgo del crimen organizado, representado en la persona de los políticos corruptos, sea hoy una esperanza de justicia para el pueblo. Para esto votamos en 2018. ¿No creen?
Como dijo el filósofo francés Voltaire: “Los pueblos a quienes no se les hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.
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