María Gil.
El caso de Willy T., acusado de violación contra dos niñas de 5 y 7 años en Zimapán, Hidalgo, plantea cuestionamientos graves sobre el sistema de justicia y la protección de los derechos de las víctimas. Las declaraciones directas de las menores ante la procuraduría general de justicia de Hidalgo son testimonios cruciales que deben ser considerados seriamente en cualquier investigación de este tipo.
La no vinculación del imputado por parte de la jueza Jannet Montiel, a pesar de las pruebas como la presencia del virus del papiloma humano en las menores, genera preocupación y desconcierto. Los estándares de los tratados internacionales de derechos humanos, así como las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayan la importancia de creer en el testimonio de los menores en casos de abuso sexual, dado que carecen de la comprensión completa de la educación sexual y la dinámica de estos delitos.
El hecho de que las niñas fueran ingresadas a un refugio bajo la protección de la FGR debido a la investigación de trata en Zimapán y que exista un amparo en el poder judicial de la Federación en estudio en favor de los derechos de las víctimas, muestra la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta integral para proteger a las menores.
El intento de suicidio de la menor de 5 años dentro del refugio es una señal alarmante de las profundas afectaciones psicológicas que estas experiencias traumáticas han causado en ellas, subrayando aún más la urgencia de tomar medidas adecuadas para su bienestar.
La madre de las víctimas y la tía, al buscar el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ministra Norma Lucia Piña, están buscando justicia en un contexto donde existe una preocupación legítima sobre la politización de la justicia en Hidalgo.
La no vinculación del imputado por parte de la jueza Jannet Montiel, a pesar de las pruebas como la presencia del virus del papiloma humano en las menores, genera preocupación y desconcierto. Los estándares de los tratados internacionales de derechos humanos, así como las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayan la importancia de creer en el testimonio de los menores en casos de abuso sexual, dado que carecen de la comprensión completa de la educación sexual y la dinámica de estos delitos.
El hecho de que las niñas fueran ingresadas a un refugio bajo la protección de la FGR debido a la investigación de trata en Zimapán y que exista un amparo en el poder judicial de la Federación en estudio en favor de los derechos de las víctimas, muestra la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta integral para proteger a las menores.
El intento de suicidio de la menor de 5 años dentro del refugio es una señal alarmante de las profundas afectaciones psicológicas que estas experiencias traumáticas han causado en ellas, subrayando aún más la urgencia de tomar medidas adecuadas para su bienestar.
La madre de las víctimas y la tía, al buscar el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ministra Norma Lucia Piña, están buscando justicia en un contexto donde existe una preocupación legítima sobre la politización de la justicia en Hidalgo.
Es fundamental que se garantice un proceso legal justo y que se respeten los derechos de las víctimas, sin importar su afiliación política o cualquier influencia externa. La sociedad espera una respuesta adecuada y transparente en este caso tan delicado.
