Alonso Quijano
26/12/23
Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se encuentra bajo intensa investigación y enfrenta procesos judiciales por una amplia gama de delitos que van desde tortura y desaparición forzada hasta malversación de fondos públicos. El diario español El País ha revelado que no solo se trata de Murillo Karam, sino que nueve de sus excolaboradores también enfrentan acusaciones por malos manejos de recursos públicos, sumando la asombrosa cifra de 3,290 millones de pesos.
El periodista Zedrik Raziel, de El País, destaca que aunque las acusaciones no apuntan directamente a Murillo Karam por corrupción, la Fiscalía ha acorralado a su círculo más cercano. Judit Aracely Gómez Molano, quien fuera oficial mayor de la PGR, encabeza la lista de exfuncionarios denunciados.
Doce exfuncionarios en total han sido señalados por posibles desvíos de recursos, compras a sobreprecio, robo de dinero en efectivo y contrataciones manipuladas para favorecer a empresas afines. La mayoría de ellos han sido vinculados a proceso, esperando sentencias judiciales.
Entre los acusados de corrupción se encuentra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actualmente prófugo en Israel y acusado de tortura y desaparición en el caso Ayotzinapa.
Nombres en la Lista de Denunciados por Corrupción:
- Vidal Diazleal Ochoa, exdirector de la Policía Federal Ministerial
- César Gustavo Ramírez Torralba, exdirector adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones
- José Antonio Ramos Arévalo, exdirector de Servicios Aéreos
- Humberto Ántimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional
- Débora Schlam Epelstein, exdirectora de Programación y Presupuesto
- Gustavo Armando Kanaan Brito, exdirector de Recursos Materiales
- Rigoberto Gabino García Ocampo, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas
- José Luis Gutiérrez Ayala, exdirector de la Oficina del Procurador
- Zacarías Conzuelo Reza, exdirector de la Oficina del Procurador
- Daniel Piña Romo, exdirector en la Oficialía Mayor
Según Raziel, las investigaciones que siguen el rastro del dinero están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos. Uno de los expedientes más destacados indaga el desvío de 620 millones de pesos relacionados con la Operación Escudo, un programa de combate al crimen organizado. La Fiscalía sostiene que no hay evidencia de que estas salidas de recursos estuvieran vinculadas a alguna investigación criminal.
El caso conocido como "sobres rojos" involucra el desvío de 620 millones de pesos, que se realizaba mediante salidas de dinero camufladas como pagos de viáticos a testigos protegidos y agentes encubiertos. Estas transacciones se realizaban a través de la partida de Gastos de Seguridad Pública Nacional, caracterizada por su manejo en efectivo y falta de controles, justificada por la confidencialidad de las investigaciones criminales.
Además, el expediente incluye investigaciones sobre pagos a sobreprecio, compras de equipo no entregado, adquisiciones sin autorización y falsificación de documentación en la gestión de Murillo Karam, incluyendo la compra de dos aeronaves de lujo utilizadas con fines personales. El Pegasus, un software de espionaje, también está en el centro de las pesquisas, con un pago de 460 millones de pesos. Las acusaciones reiteran la presencia de Aracely Gómez Molano en la mayoría de los casos, destacando su papel como oficial mayor de Murillo Karam.
Este escándalo de corrupción plantea preguntas sobre la integridad de la administración de justicia y arroja luz sobre prácticas opacas y desviaciones significativas de fondos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El periodista Zedrik Raziel, de El País, destaca que aunque las acusaciones no apuntan directamente a Murillo Karam por corrupción, la Fiscalía ha acorralado a su círculo más cercano. Judit Aracely Gómez Molano, quien fuera oficial mayor de la PGR, encabeza la lista de exfuncionarios denunciados.
Doce exfuncionarios en total han sido señalados por posibles desvíos de recursos, compras a sobreprecio, robo de dinero en efectivo y contrataciones manipuladas para favorecer a empresas afines. La mayoría de ellos han sido vinculados a proceso, esperando sentencias judiciales.
Entre los acusados de corrupción se encuentra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actualmente prófugo en Israel y acusado de tortura y desaparición en el caso Ayotzinapa.
Nombres en la Lista de Denunciados por Corrupción:
- Vidal Diazleal Ochoa, exdirector de la Policía Federal Ministerial
- César Gustavo Ramírez Torralba, exdirector adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones
- José Antonio Ramos Arévalo, exdirector de Servicios Aéreos
- Humberto Ántimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional
- Débora Schlam Epelstein, exdirectora de Programación y Presupuesto
- Gustavo Armando Kanaan Brito, exdirector de Recursos Materiales
- Rigoberto Gabino García Ocampo, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas
- José Luis Gutiérrez Ayala, exdirector de la Oficina del Procurador
- Zacarías Conzuelo Reza, exdirector de la Oficina del Procurador
- Daniel Piña Romo, exdirector en la Oficialía Mayor
Según Raziel, las investigaciones que siguen el rastro del dinero están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos. Uno de los expedientes más destacados indaga el desvío de 620 millones de pesos relacionados con la Operación Escudo, un programa de combate al crimen organizado. La Fiscalía sostiene que no hay evidencia de que estas salidas de recursos estuvieran vinculadas a alguna investigación criminal.
El caso conocido como "sobres rojos" involucra el desvío de 620 millones de pesos, que se realizaba mediante salidas de dinero camufladas como pagos de viáticos a testigos protegidos y agentes encubiertos. Estas transacciones se realizaban a través de la partida de Gastos de Seguridad Pública Nacional, caracterizada por su manejo en efectivo y falta de controles, justificada por la confidencialidad de las investigaciones criminales.
Además, el expediente incluye investigaciones sobre pagos a sobreprecio, compras de equipo no entregado, adquisiciones sin autorización y falsificación de documentación en la gestión de Murillo Karam, incluyendo la compra de dos aeronaves de lujo utilizadas con fines personales. El Pegasus, un software de espionaje, también está en el centro de las pesquisas, con un pago de 460 millones de pesos. Las acusaciones reiteran la presencia de Aracely Gómez Molano en la mayoría de los casos, destacando su papel como oficial mayor de Murillo Karam.
Este escándalo de corrupción plantea preguntas sobre la integridad de la administración de justicia y arroja luz sobre prácticas opacas y desviaciones significativas de fondos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
