El ministro traidor.



Alonso Quijano.

Durante la reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó al descubierto una trama que ha desatado controversia y preocupación en torno a la independencia del Poder Judicial. Sus declaraciones sugieren una injerencia directa en decisiones judiciales a través del entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, revelando una sombra de manipulación que podría tener consecuencias jurídico-penales.

Según las revelaciones del mandatario, cuando Zaldívar lideraba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente podía entablar conversaciones para influir en la liberación de presuntos delincuentes y homicidas. López Obrador justificó estas intervenciones, mencionando la necesidad de abordar no solo la libertad domiciliaria de políticos, sino también la delincuencia organizada.

José María Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, no tardó en expresar su preocupación, calificando las declaraciones como una "inobjetable" injerencia del Presidente en el Poder Judicial. Afirmó que esto no solo viola la independencia judicial y el estado constitucional de derecho, sino también los controles éticos que se esperan del presidente de la SCJN.

Olea Peláez sugirió que las afirmaciones del presidente podrían tener consecuencias jurídicas y penales, señalando el posible tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia. En sus propias palabras, el presidente confesó "públicamente que le daba instrucciones, sugerencias, o como le quieras llamar" al titular del Poder Judicial, lo cual considera claramente delictivo.

En el marco del Código Penal de la Federación, Olea Peláez destacó que, aunque hay consecuencias establecidas, se requerirían denuncias formales por parte de afectados para iniciar investigaciones penales. Subrayó la importancia de que aquellos que se hayan identificado con este tráfico de influencias presenten denuncias, permitiendo así una investigación profunda.

La revelación de estas intervenciones presidenciales plantea interrogantes cruciales sobre la autonomía del Poder Judicial y la integridad del sistema judicial mexicano. La independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia, y estas revelaciones ponen a prueba la fortaleza de dicha independencia frente a influencias externas. A medida que la polémica crece, el escenario legal se vuelve cada vez más complejo, dejando en el aire la pregunta de hasta dónde llega la sombra del poder presidencial en el ámbito judicial.