Julio Gálvez
24 de febrero de 2026
México celebra, pero no puede mostrar el trofeo. La Fiscalía General de la República asegura que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes reposa bajo máxima seguridad en las instalaciones de la FEMDO, identificado mediante pruebas de ADN y huellas dactilares, mientras el gobierno prohíbe cualquier imagen argumentando protocolos forenses y respeto al debido proceso. Es una explicación técnicamente válida que, en un país con el historial institucional de México, resulta políticamente insostenible. El Estado mexicano lleva décadas perfeccionando el arte de presentar victorias que no pueden verificarse.
El expediente es largo y conocido. En 1997, Amado Carrillo Fuentes supuestamente murió en una clínica de la Ciudad de México durante una cirugía para cambiar su rostro; el gobierno mostró un cadáver desfigurado que la opinión pública nunca terminó de creer. En 2012, la Marina abatió a Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, en Coahuila, pero horas después un comando armado robó el cuerpo de la funeraria y el Estado quedó con huellas dactilares y fotografías preliminares como única evidencia. Juan José Esparragoza Moreno murió de un infarto en 2014 y fue cremado por su familia antes de que autoridad alguna pudiera confirmarlo científicamente. Joaquín Guzmán Loera escapó dos veces de penales de máxima seguridad. Cada uno de estos episodios no es una anécdota aislada; es un eslabón en una cadena de credibilidad institucional rota que hoy pesa sobre cualquier declaración oficial respecto a “El Mencho”.
El politólogo Samuel Huntington advirtió que la legitimidad de un Estado no descansa únicamente en su capacidad coercitiva, sino en la confianza que genera en sus ciudadanos mediante la consistencia entre sus actos y sus declaraciones. Un Estado que ha normalizado la opacidad como instrumento de gestión política no puede exigir fe pública en el momento en que más la necesita. México enfrenta hoy ese déficit con una nitidez brutal: el gobierno pide que se confíe en su victoria más importante en materia de seguridad en décadas, pero se niega a ofrecer la evidencia mínima que haría esa confianza racional.
En ese vacío de información, las hipótesis proliferan con la velocidad que solo las redes sociales permiten. La primera sostiene que “El Mencho” no murió de manera incidental en el traslado, sino que fue eliminado deliberadamente para evitar que, capturado vivo, abriera el inmenso archivo de corrupción que acumuló durante años: nombres de políticos, alcaldes, gobernadores y militares que hicieron posible la expansión del CJNG hasta convertirlo en el cártel con mayor presencia territorial en el país. Un testigo muerto, bajo esta lógica, es infinitamente más manejable para el sistema que un testigo vivo con memoria perfecta y razones para hablar.
La segunda hipótesis es más perturbadora: el cuerpo en la FEMDO es una ficción y Oseguera Cervantes fue extraído secretamente por Estados Unidos a cambio de la inteligencia que aportó para el operativo, iniciando una nueva vida bajo el programa federal de testigos protegidos mientras entrega el “libro mayor” de la narcopolítica mexicana. Ambas hipótesis son indemostables hoy, pero ninguna es irracional dado el contexto histórico, y eso es precisamente el problema que el gobierno creó al negarse a mostrar el cuerpo.
Pero la crisis de credibilidad interna es solo una dimensión del problema. La otra, quizás más profunda y menos discutida, es geopolítica. Hans Morgenthau, padre del realismo político, estableció que en las relaciones internacionales los Estados actúan siempre en función de sus intereses nacionales, y que la cooperación entre potencias desiguales raramente beneficia de manera simétrica a ambas partes. Bajo esa lente, la pregunta que el gobierno mexicano no ha querido responder con claridad es cuánto de este operativo fue una decisión soberana y cuánto fue una concesión estratégica a Washington en un momento de presión máxima.
El contexto lo dice todo. La administración de Donald Trump había escalado su retórica sobre los cárteles mexicanos hasta el punto de designarlos organizaciones terroristas, amenazar con intervención unilateral en territorio mexicano y presionar públicamente a Sheinbaum para que demostrara capacidad y voluntad de actuar. En ese escenario, el Comando Norte de Estados Unidos compartió inteligencia que el propio secretario Trevilla calificó como “extremadamente importante para el éxito de la operación”. La Casa Blanca emitió un comunicado felicitando a México y confirmando abiertamente que brindó “apoyo de inteligencia”. Washington obtuvo exactamente lo que buscaba: la demostración de que cuando comparte información con México, México actúa. Una pieza perfecta para justificar su narrativa de tutela sobre la política de seguridad mexicana.
El teórico de las relaciones internacionales Joseph Nye acuñó el concepto de poder blando para describir la capacidad de un Estado de influir en el comportamiento de otro sin recurrir a la coerción directa, sino mediante la creación de incentivos, dependencias y marcos narrativos que hacen que el segundo Estado actúe en línea con los intereses del primero creyendo que actúa por voluntad propia. Lo que ocurrió en Tapalpa el 22 de febrero tiene todos los elementos de ese mecanismo. México ejecutó el operativo, México puso los soldados, México derramó sangre, pero la inteligencia que hizo posible ubicar a Oseguera Cervantes vino de Washington, y el resultado inmediato benefició narrativamente a Trump en su pulso con México más de lo que benefició a Sheinbaum en el suyo con la opinión pública interna.
Porque el efecto del operativo no fue la paz. Fue exactamente lo contrario. En menos de 24 horas, el crimen organizado desplegó 252 narcobloqueos en 20 estados, canceló vuelos internacionales en Guadalajara y Puerto Vallarta, suspendió clases en universidades de al menos 14 entidades y paralizó carreteras estratégicas del país. La respuesta del cártel demostró algo que los analistas de seguridad llevan años advirtiendo y que el gobierno prefirió ignorar: decapitar a una organización criminal de esa escala sin haber desarticulado previamente su estructura logística, financiera y territorial no produce estabilidad, produce caos. El Estado golpeó la cabeza del avispero sin haber sellado el panal.
El sociólogo Charles Tilly describió al Estado moderno como el actor que logra monopolizar el uso legítimo de la violencia en un territorio determinado. Cuando un cártel puede responder a una acción gubernamental con 252 bloqueos simultáneos en veinte estados, lo que queda expuesto no es la fortaleza del Estado sino la fragilidad de ese monopolio. México celebró la caída de “El Mencho” mientras el CJNG demostraba, en tiempo real, que su capacidad de disrupción territorial sigue intacta con o sin su líder histórico.
Lo que viene no es más sencillo. La estructura del cártel apunta a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de Oseguera y fundador del Grupo Élite, como el heredero natural con mayor legitimidad de sangre y mayor poder de fuego. Pero su consolidación depende de su capacidad para alinear a figuras como Gonzalo Mendoza Gaytán, quien controla la logística portuaria y el flujo de precursores químicos desde Asia, y Ricardo Ruiz Velasco, comandante territorial del occidente del país. Si ese pacto no se concreta, el CJNG entrará en una guerra de sucesión interna cuyas consecuencias para la población civil serán devastadoras. El Estado mexicano, que acaba de gastar su mayor capital político en un operativo cuya narrativa no controla del todo, tendrá que gestionar ese escenario con una credibilidad institucional más frágil que antes y con Washington observando cada movimiento.
El filósofo político Maquiavelo escribió en El Príncipe que el gobernante debe evitar, por encima de todo, ser despreciado o considerado inconstante, frívolo o pusilánime. Sheinbaum intentó proyectar fortaleza soberana el lunes 23 de febrero desde la mañanera. Lo consiguió a medias. Su propio secretario de Defensa, en el mismo estrado, le recordó al mundo que la fortaleza tuvo un arquitecto externo. El cuerpo que no se muestra y el avispero que nadie quiso ver son los dos legados inmediatos de la operación Tapalpa. El primero alimenta la desconfianza histórica de una sociedad acostumbrada a que el Estado le mienta. El segundo recuerda que en geopolítica, como en la naturaleza, quien patea el avispero no siempre es quien decide adónde vuelan las avispas.
El expediente es largo y conocido. En 1997, Amado Carrillo Fuentes supuestamente murió en una clínica de la Ciudad de México durante una cirugía para cambiar su rostro; el gobierno mostró un cadáver desfigurado que la opinión pública nunca terminó de creer. En 2012, la Marina abatió a Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, en Coahuila, pero horas después un comando armado robó el cuerpo de la funeraria y el Estado quedó con huellas dactilares y fotografías preliminares como única evidencia. Juan José Esparragoza Moreno murió de un infarto en 2014 y fue cremado por su familia antes de que autoridad alguna pudiera confirmarlo científicamente. Joaquín Guzmán Loera escapó dos veces de penales de máxima seguridad. Cada uno de estos episodios no es una anécdota aislada; es un eslabón en una cadena de credibilidad institucional rota que hoy pesa sobre cualquier declaración oficial respecto a “El Mencho”.
El politólogo Samuel Huntington advirtió que la legitimidad de un Estado no descansa únicamente en su capacidad coercitiva, sino en la confianza que genera en sus ciudadanos mediante la consistencia entre sus actos y sus declaraciones. Un Estado que ha normalizado la opacidad como instrumento de gestión política no puede exigir fe pública en el momento en que más la necesita. México enfrenta hoy ese déficit con una nitidez brutal: el gobierno pide que se confíe en su victoria más importante en materia de seguridad en décadas, pero se niega a ofrecer la evidencia mínima que haría esa confianza racional.
En ese vacío de información, las hipótesis proliferan con la velocidad que solo las redes sociales permiten. La primera sostiene que “El Mencho” no murió de manera incidental en el traslado, sino que fue eliminado deliberadamente para evitar que, capturado vivo, abriera el inmenso archivo de corrupción que acumuló durante años: nombres de políticos, alcaldes, gobernadores y militares que hicieron posible la expansión del CJNG hasta convertirlo en el cártel con mayor presencia territorial en el país. Un testigo muerto, bajo esta lógica, es infinitamente más manejable para el sistema que un testigo vivo con memoria perfecta y razones para hablar.
La segunda hipótesis es más perturbadora: el cuerpo en la FEMDO es una ficción y Oseguera Cervantes fue extraído secretamente por Estados Unidos a cambio de la inteligencia que aportó para el operativo, iniciando una nueva vida bajo el programa federal de testigos protegidos mientras entrega el “libro mayor” de la narcopolítica mexicana. Ambas hipótesis son indemostables hoy, pero ninguna es irracional dado el contexto histórico, y eso es precisamente el problema que el gobierno creó al negarse a mostrar el cuerpo.
Pero la crisis de credibilidad interna es solo una dimensión del problema. La otra, quizás más profunda y menos discutida, es geopolítica. Hans Morgenthau, padre del realismo político, estableció que en las relaciones internacionales los Estados actúan siempre en función de sus intereses nacionales, y que la cooperación entre potencias desiguales raramente beneficia de manera simétrica a ambas partes. Bajo esa lente, la pregunta que el gobierno mexicano no ha querido responder con claridad es cuánto de este operativo fue una decisión soberana y cuánto fue una concesión estratégica a Washington en un momento de presión máxima.
El contexto lo dice todo. La administración de Donald Trump había escalado su retórica sobre los cárteles mexicanos hasta el punto de designarlos organizaciones terroristas, amenazar con intervención unilateral en territorio mexicano y presionar públicamente a Sheinbaum para que demostrara capacidad y voluntad de actuar. En ese escenario, el Comando Norte de Estados Unidos compartió inteligencia que el propio secretario Trevilla calificó como “extremadamente importante para el éxito de la operación”. La Casa Blanca emitió un comunicado felicitando a México y confirmando abiertamente que brindó “apoyo de inteligencia”. Washington obtuvo exactamente lo que buscaba: la demostración de que cuando comparte información con México, México actúa. Una pieza perfecta para justificar su narrativa de tutela sobre la política de seguridad mexicana.
El teórico de las relaciones internacionales Joseph Nye acuñó el concepto de poder blando para describir la capacidad de un Estado de influir en el comportamiento de otro sin recurrir a la coerción directa, sino mediante la creación de incentivos, dependencias y marcos narrativos que hacen que el segundo Estado actúe en línea con los intereses del primero creyendo que actúa por voluntad propia. Lo que ocurrió en Tapalpa el 22 de febrero tiene todos los elementos de ese mecanismo. México ejecutó el operativo, México puso los soldados, México derramó sangre, pero la inteligencia que hizo posible ubicar a Oseguera Cervantes vino de Washington, y el resultado inmediato benefició narrativamente a Trump en su pulso con México más de lo que benefició a Sheinbaum en el suyo con la opinión pública interna.
Porque el efecto del operativo no fue la paz. Fue exactamente lo contrario. En menos de 24 horas, el crimen organizado desplegó 252 narcobloqueos en 20 estados, canceló vuelos internacionales en Guadalajara y Puerto Vallarta, suspendió clases en universidades de al menos 14 entidades y paralizó carreteras estratégicas del país. La respuesta del cártel demostró algo que los analistas de seguridad llevan años advirtiendo y que el gobierno prefirió ignorar: decapitar a una organización criminal de esa escala sin haber desarticulado previamente su estructura logística, financiera y territorial no produce estabilidad, produce caos. El Estado golpeó la cabeza del avispero sin haber sellado el panal.
El sociólogo Charles Tilly describió al Estado moderno como el actor que logra monopolizar el uso legítimo de la violencia en un territorio determinado. Cuando un cártel puede responder a una acción gubernamental con 252 bloqueos simultáneos en veinte estados, lo que queda expuesto no es la fortaleza del Estado sino la fragilidad de ese monopolio. México celebró la caída de “El Mencho” mientras el CJNG demostraba, en tiempo real, que su capacidad de disrupción territorial sigue intacta con o sin su líder histórico.
Lo que viene no es más sencillo. La estructura del cártel apunta a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de Oseguera y fundador del Grupo Élite, como el heredero natural con mayor legitimidad de sangre y mayor poder de fuego. Pero su consolidación depende de su capacidad para alinear a figuras como Gonzalo Mendoza Gaytán, quien controla la logística portuaria y el flujo de precursores químicos desde Asia, y Ricardo Ruiz Velasco, comandante territorial del occidente del país. Si ese pacto no se concreta, el CJNG entrará en una guerra de sucesión interna cuyas consecuencias para la población civil serán devastadoras. El Estado mexicano, que acaba de gastar su mayor capital político en un operativo cuya narrativa no controla del todo, tendrá que gestionar ese escenario con una credibilidad institucional más frágil que antes y con Washington observando cada movimiento.
El filósofo político Maquiavelo escribió en El Príncipe que el gobernante debe evitar, por encima de todo, ser despreciado o considerado inconstante, frívolo o pusilánime. Sheinbaum intentó proyectar fortaleza soberana el lunes 23 de febrero desde la mañanera. Lo consiguió a medias. Su propio secretario de Defensa, en el mismo estrado, le recordó al mundo que la fortaleza tuvo un arquitecto externo. El cuerpo que no se muestra y el avispero que nadie quiso ver son los dos legados inmediatos de la operación Tapalpa. El primero alimenta la desconfianza histórica de una sociedad acostumbrada a que el Estado le mienta. El segundo recuerda que en geopolítica, como en la naturaleza, quien patea el avispero no siempre es quien decide adónde vuelan las avispas.
