
Jorge Montejo
En Hidalgo, como en muchas regiones de México, los medios de comunicación han sido piezas clave en la perpetuación de un sistema de “capitalismo de amigos”. Este mecanismo ha permitido que un grupo selecto de políticos y empresarios, muchas veces vinculados por lazos familiares o de amistad, controle el gobierno para acumular riqueza a expensas del erario público. Lo más preocupante es que este sistema trasciende partidos e ideologías, perpetuándose sin importar el color político en el poder.
El núcleo de este círculo de poder está formado por las mismas familias y grupos empresariales de siempre, quienes se han beneficiado durante décadas mediante contratos públicos asignados de manera opaca, utilizando prestanombres y manipulando recursos para su propio beneficio. Este sistema no podría mantenerse sin el control de la narrativa pública, donde entran en juego los llamados medios de comunicación “chayoteros”. Estos medios reciben pagos y privilegios a cambio de reproducir el discurso oficial y moldear la percepción de la población, creando una cortina de humo que oculta la corrupción y legitima los abusos del poder.
Giovanni Sartori, en su libro “Homo Videns”, describe cómo los medios visuales, incluyendo la televisión e internet, han transformado a la sociedad en un público pasivo, incapaz de reflexionar críticamente sobre la información que consume. Este concepto se refleja con nitidez en Hidalgo, donde los medios controlados por el gobierno han adoctrinado a la población para aceptar la corrupción y el desvío de recursos como algo normal. Este adoctrinamiento no es fortuito, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado para perpetuar el control político y económico.
Un caso reciente que ilustra esta realidad es el del consorcio Latinus, un medio que ha sido señalado por recibir contratos millonarios de gobiernos estatales, incluyendo Hidalgo, desde 2018. Durante la administración de Omar Fayad, Latinus recibió fondos destinados originalmente a servicios de salud, pero que terminaron desviados hacia el grupo empresarial y sus accionistas. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), más de dos mil 437 millones de pesos fueron transferidos al consorcio entre 2019 y 2021, dinero que debía ser usado para medicinas y hospitales. Este caso no solo muestra el impacto económico de la corrupción, sino también el costo humano, ya que afecta directamente servicios esenciales como la salud.
La manipulación mediática en Hidalgo no sería posible sin una ciudadanía desinformada, transformada en una audiencia pasiva, tal como lo describe Sartori en su análisis del “Homo Videns”. Este fenómeno refuerza un sistema donde los ciudadanos no solo son víctimas, sino también cómplices involuntarios de un modelo que sigue debilitando la democracia en el estado.
En este contexto, resulta crucial recordar cómo la verdadera izquierda de Hidalgo jugó un papel importante al respaldar a Julio Menchaca cuando fue rechazado por el sistema priista. Hace aproximadamente 15 años, Menchaca, entonces excluido por el PRI, encontró en la izquierda verdadera de Hidalgo una puerta abierta hacia una nueva alternativa política. Fueron ellos quienes, en su oficina, lo buscaron y le señalaron que la única oportunidad que tenía estaba en la izquierda, brindándole una oportunidad de encaminarse hacia un proyecto que finalmente lo llevaría a la gubernatura.
Sin embargo, la realidad actual plantea un reto: la verdadera izquierda de Hidalgo, aquella que ha sido marginada, perseguida, encarcelada e incluso asesinada, no ha sido reconocida como debería en este nuevo escenario político. Muchos de sus integrantes, que confiaron y apostaron por Menchaca, siguen esperando que esta transformación les haga justicia y rompa con el sistema de privilegios que durante décadas benefició al priismo.
Para contrarrestar esta situación, es esencial que los medios de comunicación sean transparentes sobre su relación con el gobierno. Por ejemplo, toda publicidad oficial debería incluir una leyenda clara que indique que se trata de contenido pagado. Esto permitiría a la ciudadanía identificar las narrativas financiadas por el gobierno y distinguirlas de la información imparcial. En una democracia auténtica, los ciudadanos tienen derecho a saber cuándo se les está intentando influir y manipular.
Con los contratos exhibidos por este medio de comunicación, Julio Menchaca tiene una oportunidad única para romper este ciclo. Puede dejar de pagarle a los medios que históricamente sirvieron al PRI y que ahora intentan adaptarse para beneficiarse del nuevo gobierno. Además, las investigaciones recientes sobre contratos millonarios y el rol de los medios controlados ofrecen una base para tomar acciones contundentes. Sin embargo, esto no solo implica atacar la corrupción actual, sino también reconocer y apoyar a los verdaderos líderes de la izquierda en Hidalgo, aquellos que durante años han sido marginados por el sistema.
Al gobernador Menchaca, le resta mucho tiempo, más de tres años para demostrar que la transformación en Hidalgo no es solo un cambio de nombres o partidos, sino una reforma profunda en la relación entre el poder político, los medios de comunicación y la ciudadanía. Las transformaciones no se dan de la noche a la mañana, pero este es el momento de reivindicar a quienes confiaron en la izquierda como una alternativa real al sistema de privilegios que ha imperado en el estado. Solo así, Hidalgo podrá avanzar hacia una democracia más auténtica, donde el voto y la libertad de expresión sean herramientas reales de cambio y no piezas en un juego controlado por los intereses de unos pocos.
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