Ricardo Montoya.
En octubre de 2023, durante su última comparecencia ante el Congreso de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, entonces encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJH), fue cuestionado por Carmen Lozano, entonces diputada local de Zimapán, por el caso de las dos niñas presuntamente violadas por alias Willy “N” y su esposa Eva “N”. En esa ocasión, Nieto aseguró que la acusación formulada por el agente del Ministerio Público contra ambos estaba plenamente sustentada.
Nieto Castillo expresó que no estaba de acuerdo con que los jueces locales Janette Montiel y el magistrado Víctor Juárez González no hubieran vinculado a proceso penal a Willy “N” y a su cónyuge, a pesar —dijo— de todas las pruebas existentes en su contra.
También adelantó que se había promovido un juicio de amparo ante la justicia federal, en el que se solicitaba la vinculación a proceso penal de los señalados, reiterando que la acusación estaba plenamente probada.
Cabe señalar que el 13 de diciembre de 2023, la jueza federal Marlen Ángeles Tovar, titular del Juzgado Segundo de Distrito de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, otorgó la protección de la justicia federal a favor de las niñas identificadas con las iniciales Y.M.E.T. y E.D.E.T., de ocho y diez años de edad, originarias de Zimapán, Hidalgo. Ambas señalaron a su tío, el político y empresario Willy “N”, y a Eva “N”, como responsables de agresiones sexuales. En consecuencia, la jueza revocó los autos de no vinculación a proceso penal emitidos por jueces del estado de Hidalgo y ordenó al Tribunal Superior de Justicia emitir una nueva resolución, tomando en cuenta los testimonios de las menores y demás pruebas aportadas contra los imputados.
“Se deja insubsistente la resolución del 14 de diciembre de 2023, emitida en el toca penal 182/2023, que confirmó el auto de no vinculación a proceso de 16 de marzo de ese año, emitido en la causa penal 761/2022… y, en su lugar, emita otra resolución en la que atienda las consideraciones expuestas en la presente sentencia de amparo”, señala la resolución del juicio de amparo indirecto 96/2024.
La jueza consideró ilegales tanto el auto emitido el 16 de marzo de 2023 por la jueza de control de Pachuca, Janette Montiel Mendoza, como la ratificación hecha por el magistrado Víctor Juárez González, al no vincular a proceso a Willy “N” y Eva “N” por el delito de violación en agravio de las menores.
“Se observa que, si bien el titular de la Sala responsable acertadamente advirtió que del auto de no vinculación a proceso se desprenden hechos que la ley señala como delitos de violación equiparada y abuso sexual; también lo es que, contrariamente a lo sustentado en la resolución reclamada, en la formulación de imputación hecha por el Ministerio Público sí se advierten datos de prueba suficientes para establecer, de manera indiciaria, la probable participación de los imputados en los hechos ilícitos en cuestión”, se lee en la sentencia.
Entre los argumentos que la jueza federal consideró para otorgar el amparo indirecto, se encuentra que las pruebas presentadas eran suficientes para que ambos fueran sometidos a proceso penal por el delito de violación, y que dichos indicios no fueron valorados adecuadamente ni por la jueza de control ni por el magistrado local.
“En efecto, este Juzgado de Amparo advierte que, contrario a lo determinado por el titular de la Sala responsable, la imputación de la fiscalía sí se encuentra sustentada con datos de prueba suficientes para desprender, de manera indiciaria, la probable intervención de Willy N y Eva N en los hechos que la ley señala como delitos”, concluye la resolución.
Cabe recordar que la exdiputada Carmen Lozano, del Partido Verde Ecologista de México, fue una de las principales defensoras de las niñas y sostuvo de manera pública los señalamientos.
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