
Alonso Quijano
En un intento por hacer valer sus derechos y denunciar la corrupción que ha rodeado la construcción de la carretera Pachuca-Huejutla, el señor Pascual López, representante de la sociedad Real Zumate, entregó en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum una carta en la que expone la problemática que enfrentan los comuneros de Pueblo Nuevo. En el documento, se aclara que la comunidad no se opone al desarrollo ni a la construcción de la carretera, pero exige que se respeten sus derechos, amparados por un decreto presidencial de 1924, que protege la propiedad comunal de aproximadamente 900 hectáreas, en donde tienen la obligación conforme al decreto de cuidar el bosque.
El conflicto se intensificó cuando el gobierno del exgobernador Omar Fayad solicitó dos veces recursos federales para indemnizar a los afectados por la obra vial. Sin embargo, el dinero terminó en manos de personas que acreditaron la propiedad de las tierras mediante títulos supletorios, es decir, escrituras obtenidas a través de jurisdicciones voluntarias que carecen de validez frente al régimen comunal. Como resultado, la comunidad de Pueblo Nuevo interpuso un amparo, denunciando la falta de indemnización legítima y el despojo sistemático de sus tierras.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones respecto a la ejecución de la obra, señalando irregularidades en los pagos, incluyendo la falta de indemnización a los afectados y la realización de dobles pagos en la construcción del tramo Real del Monte-Huasca. Estas anomalías refuerzan las denuncias de los comuneros sobre la corrupción y el manejo discrecional de los recursos destinados a la obra.
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia mañanera que la inauguración de la carretera se aplazará hasta que todo esté en regla y conforme a derecho. Sheinbaum enfatizó la importancia de que la obra se realice con total transparencia y en apego a la legalidad, subrayando que no permitirá irregularidades en el proceso. Esta decisión representa un paso significativo en el caso, ya que reconoce las denuncias de los comuneros y abre la puerta a una posible revisión del proceso de indemnización y del manejo de los recursos públicos.
Más allá de la carretera, los comuneros de Real Zumate también han denunciado cómo, a lo largo de décadas, diversas figuras políticas han invadido y apropiado terrenos comunales para su beneficio personal.
Estos casos, según los afectados, evidencian una red de corrupción que ha permitido el despojo de tierras comunales para la construcción de lujosas residencias, mientras los comuneros siguen en la incertidumbre legal.
La entrega de la carta a Claudia Sheinbaum representa una esperanza para los habitantes de Pueblo Nuevo, quienes exigen justicia y la intervención del gobierno federal para frenar la corrupción que protege a políticos y empresarios. La lucha de los comuneros continúa en los tribunales y en las calles, con la firme intención de preservar su patrimonio y exigir que se respeten sus derechos históricos sobre la tierra. Ahora, con la decisión de Sheinbaum de aplazar la inauguración, se espera que el tema tome mayor relevancia y se garantice un proceso justo para las comunidades afectadas, quienes no se oponen a que la Dra Claudia inaugure en favor del pueblo, pero que se paga la correspondiente indemnización a la comunidad afectada.