
Alonso Quijano
La relación entre el narcotráfico y el gobierno mexicano ha sido objeto de múltiples acusaciones a lo largo de los años, pero pocas veces una figura de alto nivel dentro de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha sido tan directa en su señalamiento como Terry Cole. En 2020, recién nombrado por Donald Trump como jefe de la agencia, Cole declaró sin rodeos que “los cárteles de la droga mexicanos trabajan de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los altos niveles”. Su afirmación no sólo provocó reacciones en ambos lados de la frontera, sino que también reforzó la narrativa del expresidente estadounidense sobre la supuesta complicidad del gobierno de México con las organizaciones criminales.
Cole, un veterano con 21 años de experiencia en la DEA, había tenido misiones en Colombia, Afganistán y la Ciudad de México, y su paso por México entre 2018 y 2019 le dejó una visión pesimista sobre la lucha contra el narcotráfico. Durante una entrevista con Breitbart en abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia, describió cómo en algunas regiones del país era difícil distinguir entre los cárteles y las autoridades. “Si el contribuyente promedio tuviera un entendimiento básico de cómo estos dos grupos trabajan juntos, estaría asqueado. A veces es difícil saber quién es quién cuando se trata con cárteles, la policía federal, las fuerzas militares y el gobierno federal”, sentenció Cole.
Sus palabras coincidían con la postura de Trump, quien en aquel momento justificaba la imposición de aranceles a México bajo el argumento de que el gobierno del país no combatía el narcotráfico con la debida seriedad. Cole argumentaba que la corrupción permitía que los precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo llegaran sin obstáculos desde China a los principales puertos mexicanos, como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Ensenada. Según su testimonio, los cárteles no sólo recibían estos productos con documentos fraudulentos, sino que además tenían el control de los puertos, facilitando su paso seguro y su distribución hacia laboratorios clandestinos.
La denuncia de Cole sobre el papel del Cártel de Sinaloa en la crisis del fentanilo en Estados Unidos tampoco fue menor. Según su relato, la organización criminal había identificado desde 2014 el potencial de esta droga sintética para sustituir la heroína en el mercado negro. La rapidez con la que el cártel se adaptó, aseguró Cole, demostró su sofisticación y su entendimiento del tráfico de drogas a nivel global. “Sinaloa entiende mejor que nadie el mercado de narcóticos ilícitos y se adapta muy rápidamente”, afirmó en la entrevista.
Pero más allá del análisis sobre el tráfico de drogas, Cole expresó su frustración por la falta de resultados tras años de colaboración entre Washington y la Ciudad de México. “El pueblo estadounidense ha gastado miles de millones de dólares en México para detener el flujo de narcóticos y fortalecer la capacidad del gobierno para combatir a los cárteles. Miles de millones gastados, ¿y qué tienen para mostrar a cambio? Muy poco, si me preguntas”, dijo con evidente enojo.
El exagente de la DEA también lamentó que unidades de élite como la Secretaría de Marina (Semar) estuvieran marginadas y que la administración en turno no les permitiera actuar contra los líderes de los cárteles. Según su testimonio, cuando dejó la agencia, había al menos 65 laboratorios clandestinos de metanfetaminas identificados por Estados Unidos, pero sin que existiera una acción por parte de México para desmantelarlos.
Las declaraciones de Cole reflejaron la postura de un sector del gobierno estadounidense que veía con escepticismo cualquier intento de cooperación con México en materia de narcotráfico. Sin embargo, su cercanía con medios de ultraderecha como Breitbart, una plataforma clave en la estrategia política de Trump, también dejó entrever que su discurso formaba parte de una narrativa más amplia sobre la supuesta incapacidad o complicidad del gobierno mexicano en la crisis de las drogas en Estados Unidos.
Si bien las acusaciones de corrupción dentro del gobierno mexicano no son nuevas, y han sido documentadas en diversas ocasiones, la afirmación de que hay una alianza sistemática entre el Estado y los cárteles sigue siendo un tema de debate. La frontera entre la realidad y la propaganda política es delgada, y en medio de ella quedan los intereses de dos países con una relación cada vez más compleja en la lucha contra el crimen organizado.
Cole, un veterano con 21 años de experiencia en la DEA, había tenido misiones en Colombia, Afganistán y la Ciudad de México, y su paso por México entre 2018 y 2019 le dejó una visión pesimista sobre la lucha contra el narcotráfico. Durante una entrevista con Breitbart en abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia, describió cómo en algunas regiones del país era difícil distinguir entre los cárteles y las autoridades. “Si el contribuyente promedio tuviera un entendimiento básico de cómo estos dos grupos trabajan juntos, estaría asqueado. A veces es difícil saber quién es quién cuando se trata con cárteles, la policía federal, las fuerzas militares y el gobierno federal”, sentenció Cole.
Sus palabras coincidían con la postura de Trump, quien en aquel momento justificaba la imposición de aranceles a México bajo el argumento de que el gobierno del país no combatía el narcotráfico con la debida seriedad. Cole argumentaba que la corrupción permitía que los precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo llegaran sin obstáculos desde China a los principales puertos mexicanos, como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Ensenada. Según su testimonio, los cárteles no sólo recibían estos productos con documentos fraudulentos, sino que además tenían el control de los puertos, facilitando su paso seguro y su distribución hacia laboratorios clandestinos.
La denuncia de Cole sobre el papel del Cártel de Sinaloa en la crisis del fentanilo en Estados Unidos tampoco fue menor. Según su relato, la organización criminal había identificado desde 2014 el potencial de esta droga sintética para sustituir la heroína en el mercado negro. La rapidez con la que el cártel se adaptó, aseguró Cole, demostró su sofisticación y su entendimiento del tráfico de drogas a nivel global. “Sinaloa entiende mejor que nadie el mercado de narcóticos ilícitos y se adapta muy rápidamente”, afirmó en la entrevista.
Pero más allá del análisis sobre el tráfico de drogas, Cole expresó su frustración por la falta de resultados tras años de colaboración entre Washington y la Ciudad de México. “El pueblo estadounidense ha gastado miles de millones de dólares en México para detener el flujo de narcóticos y fortalecer la capacidad del gobierno para combatir a los cárteles. Miles de millones gastados, ¿y qué tienen para mostrar a cambio? Muy poco, si me preguntas”, dijo con evidente enojo.
El exagente de la DEA también lamentó que unidades de élite como la Secretaría de Marina (Semar) estuvieran marginadas y que la administración en turno no les permitiera actuar contra los líderes de los cárteles. Según su testimonio, cuando dejó la agencia, había al menos 65 laboratorios clandestinos de metanfetaminas identificados por Estados Unidos, pero sin que existiera una acción por parte de México para desmantelarlos.
Las declaraciones de Cole reflejaron la postura de un sector del gobierno estadounidense que veía con escepticismo cualquier intento de cooperación con México en materia de narcotráfico. Sin embargo, su cercanía con medios de ultraderecha como Breitbart, una plataforma clave en la estrategia política de Trump, también dejó entrever que su discurso formaba parte de una narrativa más amplia sobre la supuesta incapacidad o complicidad del gobierno mexicano en la crisis de las drogas en Estados Unidos.
Si bien las acusaciones de corrupción dentro del gobierno mexicano no son nuevas, y han sido documentadas en diversas ocasiones, la afirmación de que hay una alianza sistemática entre el Estado y los cárteles sigue siendo un tema de debate. La frontera entre la realidad y la propaganda política es delgada, y en medio de ella quedan los intereses de dos países con una relación cada vez más compleja en la lucha contra el crimen organizado.