19/03/2025
En Hidalgo, la fabricación de culpables parece haberse institucionalizado. El caso de Mauricio y Jonathan, dos jóvenes arrestados arbitrariamente tras la marcha del 8M, expone no solo la brutalidad policial y la manipulación de la justicia, sino también la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), encabezada por Ana Karen Parra Bonilla, que, lejos de cumplir su función de defensa de los derechos fundamentales, se ha convertido en un brazo protector del gobierno para justificar la represión.
La detención de estos jóvenes fue ilegal desde el inicio: policías vestidos de civil los interceptaron en la vía pública, sin orden de aprehensión y con violencia desproporcionada. En su audiencia, el juez de control Luis Raúl González Becerrilignoró pruebas clave, como videos que demuestran que en el momento de los hechos se encontraban en una barbería, lejos de la manifestación. Sin embargo, fueron vinculados a proceso con base en testimonios de policías, sin pruebas contundentes.
El abuso no terminó ahí. Cuando los presentaron en audiencia, Mauricio y Jonathan aparecieron rapados y con visibles signos de tortura. ¿Cómo es posible que, sin haber sido sentenciados, ya hayan sido sometidos a este trato degradante? La respuesta es clara: el objetivo no es la justicia, sino el castigo ejemplar.
La CDHEH debería haber actuado de inmediato ante estas violaciones. No lo hizo. En su lugar, ocultó denuncias, negó acompañamiento a las víctimas y difundió la versión absurda de que los jóvenes “rechazaron” su apoyo. Es decir, en lugar de proteger a los ciudadanos, protege al gobierno.
No es la primera vez que la CDHEH se comporta como un organismo servil al poder. Bajo la dirección de Ana Karen Parra Bonilla, la Comisión ha sido cómplice del encubrimiento de violaciones graves a los derechos humanos. En un estado donde el 99.6% de los delitos quedan impunes, donde feminicidios y corrupción quedan sin castigo, se elige encarcelar a dos jóvenes inocentes para enviar un mensaje de miedo.
Esto no es justicia, es represión. Es criminalizar la protesta, es usar la fuerza del Estado para silenciar a la sociedad. El caso de Mauricio y Jonathan demuestra que en Hidalgo, la ley se aplica con rigor solo a quienes exigen sus derechos, mientras los verdaderos criminales siguen en libertad.
La permanencia de Ana Karen Parra Bonilla en la CDHEH es insostenible. Ha demostrado ser una figura al servicio del gobierno, incapaz de garantizar la autonomía de la Comisión y de velar por los derechos humanos en el estado. Su renuncia es urgente. Si el gobierno de Hidalgo quiere recuperar credibilidad, debe empezar por liberar a estos jóvenes, sancionar a los responsables de su tortura y garantizar que la CDHEH cumpla con su función real, y no como un instrumento de encubrimiento estatal.
En Hidalgo, la justicia no castiga a los delincuentes, castiga a los ciudadanos que exigen justicia. Y mientras la Comisión de Derechos Humanos siga al servicio del poder, las víctimas seguirán siendo las mismas: el pueblo.
Reflexión final: ¿y si fueran nuestros hijos?
Cuando hablamos de Mauricio y Jonathan, no hablamos solo de dos jóvenes detenidos. Hablamos de hermanos, hijos, amigos, compañeros de vida. De dos muchachos que, como cualquier otro, salieron de casa un día sin imaginar que jamás volverían de la misma forma. Hablamos de dos familias que desde su arresto no han dormido tranquilas, que han tenido que luchar contra un sistema que, en lugar de protegerlas, las castiga por alzar la voz.
Este caso no es solo una injusticia legal. Es un recordatorio brutal de lo frágil que es nuestra libertad en un país donde la autoridad no responde ante nadie. Hoy es Mauricio y Jonathan. Mañana podría ser cualquiera.
Si las pruebas que los exculpan son tan contundentes, su liberación debería ser inminente. Pero el tiempo sigue corriendo y cada día que pasan en prisión es un día más en que se permite la impunidad y el abuso de poder. Cada minuto que Mauricio y Jonathan siguen encerrados es un mensaje claro del Estado: en Hidalgo, cualquiera puede ser culpable si el gobierno así lo decide.
Por eso, no basta con exigir justicia para ellos. Este caso debe ser un parteaguas. Debemos exigir que nunca más se criminalice la protesta, que nunca más se manipule el sistema de justicia para fabricar culpables, que nunca más se someta a nadie a la tortura y al miedo como forma de control político.
Es momento de exigir:
• Un juicio justo: Que los jueces valoren las pruebas de descargo (videos de la barbería, testimonios) y no solo las declaraciones de los policías. La presunción de inocencia debe prevalecer.
• Sanción a los policías responsables: No podemos normalizar que agentes del Estado golpeen, torturen y detengan sin pruebas. Si la ley no se aplica para ellos, no hay justicia para nadie.
• Una CDHEH que sirva a la gente, no al gobierno: Ana Karen Parra Bonilla debe renunciar. Su complicidad con este caso la hace responsable de encubrimiento. Hidalgo merece una Comisión de Derechos Humanos autónoma y comprometida con la verdad.
• Eliminar leyes represivas: Ultrajes a la autoridad y sedición son herramientas del pasado, usadas para silenciar la protesta. No pueden seguir existiendo en un país que se dice democrático.
• Cero impunidad: El verdadero problema en Hidalgo no son los jóvenes que protestan. Son los funcionarios corruptos, los políticos que desvían recursos, los policías que abusan de su poder. Esos son los que deberían estar en prisión, no dos inocentes.
En México decimos que la justicia nos da más miedo que la delincuencia, porque mientras los verdaderos criminales siguen libres, es la propia autoridad la que encarcela y persigue a quienes exigen un cambio.
La historia de Mauricio y Jonathan es una prueba de fuego para el Estado de derecho en Hidalgo. ¿Seremos testigos de su liberación y de la rendición de cuentas de quienes los encarcelaron injustamente, o veremos nuevamente cómo la impunidad se impone sobre la verdad?
Esta no es solo su lucha. Es la lucha de todos.
