Jorge Montejo
La corrupción en Hidalgo no es un rumor ni una percepción, es un hecho documentado. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado un quebranto de 407 millones de pesos en la administración de Morena en Hidalgo, recursos que hasta el momento no han sido comprobados y que, según la propia auditoría, podrían representar un daño directo a la Hacienda Pública Federal.
El desfalco no es menor. Aunque la cantidad parezca pequeña dentro del total de 60 mil millones de pesos ejercidos en la Cuenta Pública 2023, lo preocupante no es solo el monto, sino dónde se encontraba destinado el dinero: los programas de salud pública a cargo de la Secretaria Vanessa Escalante. Esto significa que no estamos hablando de simples errores administrativos o problemas contables, sino de una afectación directa a los ciudadanos más vulnerables.
Los programas que presentan anomalías y que deberían estar garantizando el acceso a la salud en Hidalgo son:
• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
• Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos.
• Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social.
Es decir, los fondos destinados a hospitales, medicinas y atención a quienes no tienen seguridad social han sido mal administrados o, en el peor de los casos, saqueados.
Pero la ASF no es la única que ha encendido las alarmas. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) también ha detectado irregularidades por 7 millones de pesos en la misma cuenta pública. Y si a eso sumamos las observaciones en el ámbito municipal, las anomalías alcanzan 107 millones de pesos adicionales.
Lo más grave es que este desvío millonario contrasta con la alarmante carencia de medicamentos en los centros de salud de Hidalgo. No es casualidad que, mientras las auditorías encuentran fondos desaparecidos, los hospitales del estado enfrenten desabasto de medicinas esenciales, falta de insumos y personal insuficiente. Los pacientes llegan con la esperanza de recibir tratamiento y se encuentran con estantes vacíos y médicos que no pueden hacer más que disculparse.
El mensaje es claro: mientras los recursos destinados a la salud desaparecen en las cuentas públicas, los ciudadanos pagan el precio con su bienestar y su vida. La crisis en el sector salud de Hidalgo no es solo producto de la negligencia, sino de la corrupción. Y lo peor de todo, nadie está siendo castigado por ello.
Si la justicia realmente funcionara en Hidalgo, hoy estaríamos viendo investigaciones, sanciones y funcionarios rindiendo cuentas. Pero, como ha ocurrido tantas veces en el estado, los responsables siguen en sus cargos, protegidos por un sistema que castiga a los ciudadanos, pero premia a los corruptos.
