Alonso Quijano
El hallazgo de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido a México y al mundo. Tres hornos clandestinos con restos humanos calcinados, cientos de prendas de vestir, mochilas, identificaciones y libretas con nombres y apodos revelan una maquinaria de desaparición, reclutamiento forzado y exterminio operada por el crimen organizado. Lo más escalofriante no es solo el hallazgo en sí, sino la sistemática indiferencia del Estado ante una tragedia que no puede explicarse sin complicidad.
El 5 de marzo de 2025, los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco hicieron pública la existencia de este campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela. No es el primero ni será el último, pero su dimensión lo convierte en una prueba irrefutable de que en México la desaparición es una práctica sistemática. En el sitio, se encontraron al menos cinco lotes de restos óseos fragmentados y más de 400 prendas, incluyendo 200 pares de zapatos, maletas y libretas con nombres y apodos, lo que sugiere que las víctimas pasaron por un proceso de selección antes de ser asesinadas e incineradas.
Este hallazgo no es un hecho aislado. Los colectivos han denunciado por años que jóvenes desaparecen de la Central Camionera de Guadalajara tras ser engañados con falsas ofertas de trabajo. Se estima que solo en ese punto han desaparecido al menos 70 personas desde septiembre de 2024. La maquinaria del horror está bien aceitada: reclutamiento forzado, tortura, asesinato y eliminación de los cuerpos en hornos clandestinos. Todo esto ocurre en un estado que encabeza la lista de desapariciones en México desde 2019, con más de 15,000 personas sin localizar.
El contexto de violencia en Jalisco es alarmante. En 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda informó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que cuatro municipios del estado estaban entre los diez con mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas: Tlajomulco de Zúñiga (296 cuerpos), El Salto (212), Zapopan (206) y San Pedro Tlaquepaque (99). Uno de cada cuatro cuerpos encontrados en fosas en todo el país pertenece a Jalisco.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha señalado que la desaparición en México es un “crimen perfecto”. No solo porque la impunidad es la norma, sino porque los perpetradores —muchas veces con la complicidad de agentes del Estado— han perfeccionado sus métodos. La existencia de un campo de exterminio como el de Teuchitlán no puede entenderse sin la aquiescencia de las autoridades.
Las organizaciones de derechos humanos y colectivos exigen una respuesta contundente del Estado:
1. Atracción federal del caso, con una investigación seria e independiente sobre desapariciones forzadas, reclutamiento y exterminio.
2. Identificación de las víctimas, con la participación de sus familias y medidas de reparación integral.
3. Protección inmediata a las buscadoras y familias de las víctimas, incluyendo acceso a mecanismos de seguridad y la no revictimización.
4. Enjuiciamiento de los responsables, incluyendo a funcionarios que hayan actuado con omisión, encubrimiento o complicidad.
5. Tipificación del reclutamiento forzado como delito grave y la implementación de una estrategia nacional para erradicarlo.
6. Desmilitarización de la seguridad pública, como parte de las garantías de no repetición.
7. Intervención de organismos internacionales, incluyendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la ONU, para investigar crímenes de lesa humanidad en México.
La omisión sistemática del Estado no solo ha permitido la existencia de estos centros de exterminio, sino que ha facilitado su operación. Si el gobierno no toma medidas inmediatas, este será solo otro capítulo en la historia de impunidad que ha convertido a México en una fosa sin fondo.
Los colectivos y organizaciones llaman a la sociedad civil y a la prensa a mantener el caso en la agenda pública. El horror de Teuchitlán no puede ser olvidado.
