
14/03/25
Este espacio se abre de manera extraordinaria para denunciar y repudiar una de las maniobras más bajas y vergonzosas del aparato de justicia en Hidalgo: la fabricación de culpables por parte del procurador Francisco Fernández Hasbun y la subsecretaria de desarrollo político Bertha Miranda.
La reciente detención arbitraria de Mauricio y Jonathan, dos jóvenes acusados falsamente de participar en los disturbios del 8M, expone cómo en Hidalgo se fabrican culpables a conveniencia del poder. La evidencia es contundente: los videos de seguridad demuestran que en el momento de los hechos los jóvenes estaban cortándose el cabello en una barbería y que, tras salir a buscar comida, fueron detenidos sin justificación alguna.
El mensaje de Bertha Miranda es la prueba de la farsa. En un intento desesperado de justificar la represión, envió un mensaje a la colectiva Guerreras Moradas asegurando que ya tenían en su poder a “dos infiltrados”, refiriéndose a estos jóvenes. ¿Cómo puede afirmarlo si ni siquiera se había esclarecido su situación? La respuesta es obvia: ya estaban condenados desde antes de ser escuchados.
Por si fuera poco, el testimonio de una joven que los acompañaba confirma la brutalidad del operativo. No solo vio cómo fueron cazados y detenidos sin razón, sino que ella misma fue agredida cuando intentó documentar los hechos. La verdad es simple y atroz: la policía necesitaba a dos culpables y los tomaron al azar.
La farsa no termina ahí. Cuando la joven intentó denunciar la detención ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), su queja desapareció misteriosamente bajo la gestión de Ana Karen Parra, dejando claro que las instituciones trabajan para encubrir, no para proteger.
La indignación ha sido tal que la colectiva Guerreras Moradas se negó rotundamente a dialogar con Bertha Miranda y la colocó en su tendedero de agresores de mujeres, exponiéndola como parte de este aparato represor. En su comunicado lo dijeron sin titubeos:
"Queridas compas, iniciamos este #TENDEDERO de forma honorífica en respuesta al mensaje que días anteriores nos hizo llegar la subsecretaria de desarrollo político y en su momento directora del Instituto de la Mujer Hidalguense, Bertha Miranda Rodríguez".
Hidalgo: el Estado que criminaliza a sus ciudadanos
Los acontecimientos recientes refuerzan una verdad innegable: Hidalgo es un estado donde la seguridad y los derechos ciudadanos no están garantizados. Aquí no solo se permite la impunidad, sino que se castiga a quienes buscan ejercer sus derechos básicos. En un lugar donde las autoridades fabrican culpables, manipulan expedientes y hacen desaparecer denuncias, el mensaje es claro: no hay regreso posible para quienes valoran la seguridad y la justicia.
Mauricio y Jonathan son solo las víctimas más recientes de un sistema podrido que necesita chivos expiatorios para ocultar su propia incompetencia y autoritarismo. Si Hidalgo no puede garantizar el respeto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos, ¿cómo puede pretender llamarse un estado de derecho?