19/04/2025
Desde hace muchísimos años, la corrupción ha sido un tema recurrente en el país. Sus implicaciones han sido tan graves, que socavaron ya las bases de la confianza institucional y el desarrollo social.
Consciente de que ese fenómeno ha dejado una marca imborrable en la vida cotidiana de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador tomó su combate como principal bandera de su fallido régimen.
A pesar de los nulos resultados en la materia, gobernantes emanados de la Cuarta Transformación (4T) han utilizado el mismo discurso populista del expresidente de la República. Al igual que a nivel federal, en estados y municipios los casos de corrupción no sólo continúan, sino que incluso se han agravado.
En Hidalgo por desgracia las cosas no ha sido diferentes, pues no obstante un inicio muy prometedor de la administración que encabeza Julio Menchaca Salazar, al destapar la cloaca de los que se denominó “la estafa siniestra”, que involucró a funcionarios estatales y de al menos 13 ayuntamientos, al final se privilegió el regreso del dinero desviado a través de este esquema diseñado para malversar cuantiosos recursos públicos.
Es así que la corrupción no solo se ha manifestado en escándalos mediáticos y denuncias documentadas, sino que también se infiltró en la administración pública para afectarla calidad de los servicios y la transparencia presupuestaria.
Desde esa óptica, los ciudadanos, cansados de promesas incumplidas, se enfrentan a una triste realidad: ver cómo los fondos destinados a obras públicas, salud y educación son desviados o mal administrados, situación no solo favorece a unos cuantos, sino que condena a la población a vivir en condiciones precarias, alejadas del progreso y el bienestar.
Y precisamente esas graves consecuencias producto de la mala administración de los recursos y falta de estrategias viables de desarrollo, cobran mayores dimensiones en una entidad que, como Hidalgo, por años ha sido condenada a vivir en alarmantes niveles de pobreza y rezago social.
De acuerdo con información reciente de la Secretaría de Bienestar federal, se identificaron 41 zonas rurales de atención prioritaria, lo que representa el avance del deterioro social en la mitad de los municipios del estado, lo que implica que más del 40 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza: un millón 80 mil 399 personas en pobreza moderada y 214 mil 18 en pobreza extrema.
Lo anterior, afirman especialistas, ha generado a su vez que el crimen organizado en el estado se fortalezca con el reclutamiento de jóvenes para grupos delictivos locales como “Los Hades” o “Palmillas”, “Los Pepes”, “Cártel de Hidalgo”, “Los Solas”, “Los Cotorros”, “Los 300”, “Los Marinos” y “Los Hijos del Diablo”. Asimismo, han identificado células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ante ello, a pesar de que Julio Menchaca prometió erradicar el rezago histórico de Hidalgo, los datos duros demuestran que las políticas públicas impulsadas desde su administración han sido, en el mejor de los casos, insuficientes, y en el peor, erráticas e ineficaces.
Por tanto, a casi tres años de estar al frente del Poder Ejecutivo estatal, los resultados en materia social del gobernador morenista exhiben un saldo negativo: la pobreza no se ha contenido; sólo ha cambiado de rostro y extendido a nuevos rincones del estado.
Lo anterior implica que miles de hidalguenses, desilusionados, confirman que su voz no tiene eco en las instancias gubernamentales correspondientes y, por tanto, deberán seguir a la espera de la más básica de las justicias: una vida digna.
Consciente de que ese fenómeno ha dejado una marca imborrable en la vida cotidiana de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador tomó su combate como principal bandera de su fallido régimen.
A pesar de los nulos resultados en la materia, gobernantes emanados de la Cuarta Transformación (4T) han utilizado el mismo discurso populista del expresidente de la República. Al igual que a nivel federal, en estados y municipios los casos de corrupción no sólo continúan, sino que incluso se han agravado.
En Hidalgo por desgracia las cosas no ha sido diferentes, pues no obstante un inicio muy prometedor de la administración que encabeza Julio Menchaca Salazar, al destapar la cloaca de los que se denominó “la estafa siniestra”, que involucró a funcionarios estatales y de al menos 13 ayuntamientos, al final se privilegió el regreso del dinero desviado a través de este esquema diseñado para malversar cuantiosos recursos públicos.
Es así que la corrupción no solo se ha manifestado en escándalos mediáticos y denuncias documentadas, sino que también se infiltró en la administración pública para afectarla calidad de los servicios y la transparencia presupuestaria.
Desde esa óptica, los ciudadanos, cansados de promesas incumplidas, se enfrentan a una triste realidad: ver cómo los fondos destinados a obras públicas, salud y educación son desviados o mal administrados, situación no solo favorece a unos cuantos, sino que condena a la población a vivir en condiciones precarias, alejadas del progreso y el bienestar.
Y precisamente esas graves consecuencias producto de la mala administración de los recursos y falta de estrategias viables de desarrollo, cobran mayores dimensiones en una entidad que, como Hidalgo, por años ha sido condenada a vivir en alarmantes niveles de pobreza y rezago social.
De acuerdo con información reciente de la Secretaría de Bienestar federal, se identificaron 41 zonas rurales de atención prioritaria, lo que representa el avance del deterioro social en la mitad de los municipios del estado, lo que implica que más del 40 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza: un millón 80 mil 399 personas en pobreza moderada y 214 mil 18 en pobreza extrema.
Lo anterior, afirman especialistas, ha generado a su vez que el crimen organizado en el estado se fortalezca con el reclutamiento de jóvenes para grupos delictivos locales como “Los Hades” o “Palmillas”, “Los Pepes”, “Cártel de Hidalgo”, “Los Solas”, “Los Cotorros”, “Los 300”, “Los Marinos” y “Los Hijos del Diablo”. Asimismo, han identificado células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ante ello, a pesar de que Julio Menchaca prometió erradicar el rezago histórico de Hidalgo, los datos duros demuestran que las políticas públicas impulsadas desde su administración han sido, en el mejor de los casos, insuficientes, y en el peor, erráticas e ineficaces.
Por tanto, a casi tres años de estar al frente del Poder Ejecutivo estatal, los resultados en materia social del gobernador morenista exhiben un saldo negativo: la pobreza no se ha contenido; sólo ha cambiado de rostro y extendido a nuevos rincones del estado.
Lo anterior implica que miles de hidalguenses, desilusionados, confirman que su voz no tiene eco en las instancias gubernamentales correspondientes y, por tanto, deberán seguir a la espera de la más básica de las justicias: una vida digna.
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