Alonso Quijano
La Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, encabezada por Omar García Harfuch, intensificó la búsqueda de Alhely Medina Hernández, diputada local de Hidalgo, tras la emisión de órdenes de aprehensión en su contra y de otros cuatro implicados, señalados por presuntas agresiones sexuales contra dos niñas en Zimapán en 2022.
Medina Hernández, quien hasta hace unos días acumulaba ausencias en el Congreso local, solicitó licencia temporal justo cuando trascendió públicamente que existía una orden de captura en su contra, girada por un juez federal a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
Agentes federales, en coordinación con el Ejército Mexicano y bajo las instrucciones de García Harfuch, han desplegado operativos para localizar a los prófugos, entre ellos la legisladora, su cuñado Willy Trejo Leal y otros tres presuntos responsables. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido detenido.
El caso pone de nuevo bajo la lupa la grave crisis de justicia en Hidalgo, donde las víctimas suelen enfrentar peores consecuencias por pedir justicia que los propios agresores. En esta entidad, la politización de los procesos judiciales es una práctica recurrente, y el aparato de justicia históricamente ha protegido a políticos, personas influyentes y grupos de poder económico, dejando a las víctimas en el abandono y la revictimización.
La búsqueda de los implicados continúa mientras crecen los cuestionamientos hacia el Congreso de Hidalgo, que mantuvo oculta durante semanas la solicitud de licencia presentada por Medina, en medio de un escándalo que sigue escalando a nivel nacional.
