María Gil
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, ha señalado presuntas irregularidades en los actos de arranque de campaña de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes buscan mantenerse en el poder ahora por la vía del voto popular.
Ambos eventos se celebraron el 30 de marzo en espacios que, según el INE, no ofrecían condiciones equitativas ni de neutralidad institucional: una universidad pública en el caso de Esquivel, y un auditorio sindical en el de Ortiz. Estos escenarios fueron calificados por el órgano electoral como inadecuados para actos proselitistas, por comprometer principios de imparcialidad y acceso igualitario para el resto de los aspirantes.
Como medida inmediata, la Comisión ordenó a las ministras eliminar de sus redes sociales todo contenido relacionado con dichos eventos, y emitió medidas cautelares mientras el caso es analizado de fondo. Las ministras, sin embargo, no han emitido ninguna postura pública respecto a las observaciones del INE.
El foco está ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que deberá decidir si se imponen sanciones por el uso de instalaciones públicas y sindicales con fines proselitistas, o si, como en tantos otros episodios recientes, opta por voltear la mirada y dejar pasar la oportunidad de marcar límites claros.
Lo ocurrido pone sobre la mesa el dilema de la elección judicial promovida por la llamada Cuarta Transformación: ¿real apertura democrática o una simulación que normaliza el uso indebido de recursos públicos y redes de poder para perpetuar intereses ya establecidos? Mientras tanto, el proceso avanza con favoritismos disfrazados de equidad, y una ciudadanía cada vez más escéptica de los mecanismos que deberían garantizar justicia… también en las urnas.
