Quien suscribe este artículo ha sido, desde siempre, un crítico abierto de la manipulación mediática ejercida por las grandes televisoras y del impacto que sus narrativas han tenido sobre la formación de la opinión pública en México. Sin embargo, en una democracia auténtica, la libertad de expresión no puede ser selectiva ni condicional. Debe resguardar incluso esas opiniones que incomodan al poder, esas publicaciones que cuestionan, denuncian o provocan, porque son precisamente ellas las que alimentan el debate plural y evitan que la verdad quede en manos de una sola voz. La libertad de expresión se defiende, sobre todo, cuando el discurso no nos gusta.
Lo anterior, en virtud de que con la excusa de un spot estadounidense transmitido durante los partidos de futbol, (situación con la que no estuvimos de acuerdo), el gobierno desempolvó una iniciativa de más de 226 páginas que llevaba guardada en el cajón: una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, bajo el discurso nacionalista, podría abrir la puerta a una censura institucionalizada contra todos los medios de comunicación que no estén de acuerdo con la narrativa de su gobierno o que la critiquen, no nada más contra las televisoras.
Aprovechando la indignación por el spot —más bien oportunismo político— el gobierno anunció una iniciativa para “prohibir que gobiernos extranjeros contraten espacios en medios mexicanos”. Hasta ahí, todo parecía razonable. El problema es que, en lugar de enviar una pequeña modificación legal, se presentó una nueva ley completa, con tintes de control comunicacional que preocupan a más de un legislador.
La ley no fue redactada en tres días. Ya estaba lista. El spot estadounidense solo sirvió como cortina de humo para lanzarla. Legisladores de oposición, incluso algunos de Morena, reconocen que se trata de un documento que exige análisis profundo y no puede aprobarse en fast-track. Sin embargo, el plan original del oficialismo era justamente ese: empujar la iniciativa sin debate, en automático, con la aplanadora legislativa que tanto han criticado en el pasado.
La nueva ley podría centralizar facultades regulatorias en el Ejecutivo y, según primeras observaciones de especialistas, ampliaría las condiciones para suspender transmisiones, negar concesiones y condicionar contenidos. Esto, bajo la justificación de “preservar el interés nacional”. Una fórmula peligrosamente ambigua.
Y lo más preocupante es que esto no es un fenómeno aislado ni un caso extraordinario en el centro del país. Es una práctica que ya se ensaya en los estados, como en Hidalgo, donde el Congreso promueve una ley de protección a periodistas que, paradójicamente, amenaza con excluir a quienes no se sometan al control institucional. En otro artículo ya advertimos sobre esa aberración: “el Estado no puede decidir quién es o no es periodista, porque al hacerlo se erige en juez de la verdad y custodio del discurso.”
La iniciativa hidalguense propone una definición restrictiva de periodista, dejando fuera a comunicadores independientes, activistas y ciudadanos que, desde redes o medios alternativos, ejercen su derecho a expresarse. Esta maniobra —lejos de proteger— facilita el silenciamiento y la persecución de voces críticas. Como lo explicamos en su momento, una ley de protección que parte de la exclusión, no protege: margina, etiqueta y censura.
Lo que hoy sucede en la esfera federal con la Ley de Telecomunicaciones, y lo que ya se promueve en los congresos estatales como el de Hidalgo, forma parte de la misma lógica autoritaria. La del Estado que quiere administrar la verdad, la del gobierno que se reserva el derecho de admisión al debate público.
Como dice el jurista alemán Jürgen Habermas, la democracia requiere de una esfera pública libre, donde los ciudadanos puedan deliberar sin coerción estatal. Cuando esa esfera se reduce por medio de leyes que condicionan quién puede hablar o qué puede decirse, la democracia se convierte en espectáculo… o en simulacro.
México está cruzando una línea muy peligrosa. Las leyes que deberían proteger la libertad están siendo usadas para delimitarla. Y cuando el poder define lo que se puede ver, escuchar o decir, lo que sigue no es gobernabilidad: es represión legalizada. Porque la censura, cuando se disfraza de ley, se vuelve más peligrosa que el autoritarismo abierto. Se vuelve normal. Se vuelve cotidiana. Y entonces, ya no hay libertad que rescatar.
