Alonso Quijano
La figura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha estado marcada por un escándalo judicial sin precedentes, en el que se han tejido presuntas redes de tráfico de influencias, resoluciones a modo y maniobras jurídicas que han permitido su impunidad. Legisladores de Morena tanto a nivel federal como estatal han denunciado una supuesta red dentro del Poder Judicial Federal (PJF) que ha protegido al exmandatario desde su desafuero en 2021.
El desafuero que nunca llegó
El 30 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de García Cabeza de Vaca a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señalaba por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada. La FGR identificó irregularidades en la compra de un departamento en la Ciudad de México a un precio desproporcionadamente alto, utilizando presuntamente empresas fachada.
No obstante, en un giro sorprendente, el Congreso de Tamaulipas, dominado por el PAN, se negó a adherirse al desafuero horas después, lo que derivó en una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Juan Luis González Alcántara avaló que el Congreso local no ratificara el desafuero, otorgando así un blindaje legal que permitió a Cabeza de Vaca concluir su mandato en 2022.
Amparos y jueces a modo
Tres días antes de dejar el cargo, García Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos. La FGR consiguió una orden de aprehensión en su contra un mes después, pero el juez Octavo de Distrito en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, le otorgó una suspensión que impedía su captura. Posteriormente, el mismo juez resolvió el amparo a su favor, impidiendo que fuera vinculado a proceso. Este actuar fue impugnado por la FGR ante el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa.
Gutiérrez Pérez fue reasignado al Juzgado Penal de Matamoros debido a denuncias de colusión con el exgobernador y solicitó su jubilación conforme a la reforma judicial. Según los legisladores de Morena, tras retirarse, el juez se convirtió en abogado defensor de Cabeza de Vaca, lo que intensificó las acusaciones de tráfico de influencias.
La trama se complejizó cuando el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa quedó presidido por el magistrado Mauricio Fernández De la Mora, junto a dos secretarias en funciones de magistradas: Piedad Carmen Hernández, esposa de Gutiérrez Pérez, y Graciela Robledo Vergara, lo que incrementó las sospechas de parcialidad judicial.
Reformas a su favor y escoltas asegurados
Durante su mandato, Cabeza de Vaca reformó la constitución estatal para garantizarse un grupo de escoltas, compuesto por el GOPES, señalados como generadores de violencia durante su gestión. Posteriormente, promovió un amparo para que sus escoltas no fueran reubicados, lo cual fue concedido también por el juez Gutiérrez Pérez.
El Congreso local de Tamaulipas ya solicitó el retiro de estos escoltas, mientras que la senadora Olga Sosa Ruiz acusó al exgobernador de utilizar recursos públicos para su protección personal, a pesar de su condición de prófugo.
Intentos de regreso político
A pesar de su huida, Cabeza de Vaca intentó obtener fuero nuevamente postulándose como diputado plurinominal por el PAN, alegando residencia en Reynosa cuando ya estaba en Estados Unidos. El INE negó su registro, pero el juez Juan Fernando Alvarado López le concedió un amparo para obtener una carta de residencia falsa. Esta acción fue revertida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que finalmente negó su candidatura.
El juez Alvarado López, cuestionado por sus fallos favorables al exgobernador, acumuló 30 quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y fue suspendido temporalmente. Los legisladores morenistas denunciaron que la secretaria ejecutiva del Consejo de Vigilancia, Amalia del Carmen Fernández Barquín, está frenando el proceso penal en contra del juez.
La sombra de la corrupción judicial
El caso de García Cabeza de Vaca pone en el centro del debate el uso del aparato judicial como herramienta de protección política. Las denuncias de tráfico de influencias, corrupción y manipulación de resoluciones judiciales evidencian un problema estructural dentro del Poder Judicial Federal, donde la independencia y la imparcialidad parecen estar comprometidas por intereses políticos.
El poder político y judicial en Tamaulipas sigue siendo objeto de escrutinio. Mientras tanto, el exgobernador permanece fuera del alcance de la justicia, protegido por una red de decisiones judiciales que desafían el principio de igualdad ante la ley.
