31/05/2025
México se encuentra ante un momento histórico sin precedentes: por primera vez en su historia moderna, el pueblo podrá elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, como parte de una ambiciosa reforma impulsada por el actual gobierno. Se trata de una propuesta que, modificara de raíz el sistema de justicia nacional y representa un parteaguas en la relación entre ciudadanía y el poder judicial. Sin embargo, el debate está polarizado entre quienes lo ven como un avance democrático y quienes advierten riesgos de populismo, politización e inestabilidad institucional.
Impulsada por el expresidente López Obrador y ahora respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma busca que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito y los jueces de distrito sean electos por voto popular, mediante elecciones organizadas por el INE como las que se vivirán el próximo domingo. También contempla la renovación total de la Corte y una depuración del sistema judicial para erradicar la corrupción, la impunidad y el clasismo que —según los promotores— han sido características del modelo judicial actual.
Entre los principales argumentos a favor, destaca que la elección directa fortalecería la legitimidad popular del Poder Judicial. No puede hablarse de democracia real, argumentan sus defensores, si uno de los tres poderes permanece totalmente ajeno a la voluntad ciudadana. Actualmente, los ministros de la Corte son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, lo que perpetúa, según esta visión, una élite cerrada, conservadora y lejana a las mayorías. Además, se plantea que la reforma acabaría con una estructura que históricamente ha protegido a los poderosos, a empresas corruptas y a partidos hegemónicos. Encuestas recientes, como la de Enkoll para El País, muestran que alrededor del 72% de los ciudadanos respaldan la idea de elegir jueces y ministros por voto popular, lo cual revela una clara desconfianza en el sistema judicial vigente. Los promotores también señalan que en países como Bolivia y algunos estados de EE.UU. los jueces ya son electos, demostrando que existen modelos híbridos donde la democracia no está reñida con la profesionalización judicial.
Pero del otro lado, no faltan las advertencias. Numerosos juristas, académicos e instituciones independientes han expresado preocupación por los posibles efectos de esta reforma. Uno de los principales riesgos es la politización del Poder Judicial, pues someter a jueces y magistrados a campañas electorales podría convertir los tribunales en espacios de competencia partidista, donde no gane el más capacitado sino el más popular o el mejor financiado. La independencia judicial también estaría en entredicho, ya que los jueces podrían terminar respondiendo más a sus electores, partidos o financiadores de campaña que a la Constitución. Otro peligro es la infiltración del crimen organizado en las elecciones judiciales, especialmente en regiones donde el narco tiene poder territorial. Además, hasta el momento no hay un plan técnico claro sobre cómo se garantizarían criterios de mérito, experiencia y ética para los aspirantes.
Lo que es innegable es que esta elección representa un hecho sin precedentes en México. Por primera vez, la ciudadanía tendrá soberanía directa sobre un poder históricamente cerrado y lejano. El simbolismo democrático de este paso es poderoso, pero también lo es el riesgo de que, sin controles adecuados, el sistema derive en una justicia popular manipulada por intereses políticos o criminales. Como en todo cambio profundo, es natural que esta primera elección tenga deficiencias y una participación más baja que otras, como ocurrió en su momento con el primer voto de las mujeres. Los cambios sociales no se reflejan de inmediato: se sedimentan poco a poco en la cultura política y jurídica del país.
Es cierto que ya en las propuestas han aparecido perfiles cuestionables, oportunistas e improvisados, pero también han surgido candidaturas con verdadero compromiso social, trayectoria jurídica y legitimidad en su comunidad. No todos los aspirantes son producto del clientelismo o el dedazo; hay jueces honestos que ven en esta reforma la oportunidad de romper con las redes de poder que durante décadas los marginaron. La responsabilidad recaerá, en última instancia, en una ciudadanía informada que ejerza su derecho con sentido crítico.
En este contexto, se vuelve indispensable pensar en el fortalecimiento estructural del nuevo sistema judicial. Para ello, una propuesta que cobra relevancia es la creación de una Escuela de Especialización Judicial, como la que existió en tiempos del maestro Arturo Serrano Robles. Esta institución no solo serviría para profesionalizar a quienes aspiren a cargos jurisdiccionales, sino que también consolidaría una cultura de independencia judicial desde dentro. Con una formación gradual que inicie desde los niveles más bajos —oficiales judiciales, actuarios— y que permita, a través del mérito y la formación continua, que esos cuadros asciendan a jueces, magistrados o incluso ministros, el Poder Judicial comenzaría a construir su autonomía con cimientos propios. Esa escuela tendría como misión no solo la enseñanza técnica, sino también la transmisión y protección de los valores judiciales: imparcialidad, integridad, autonomía y compromiso con la justicia. Porque una vez que ingresen los nuevos perfiles, la responsabilidad será suya: deberán robustecer su propio poder, fortalecerlo y defenderlo frente a presiones externas. La verdadera independencia del nuevo Poder Judicial no nacerá de los discursos, sino de la capacidad de formar, evaluar y consolidar a sus integrantes con base en la excelencia y la ética.
Fuentes oficiales han indicado que estas votaciones serán solo el inicio, y que en los próximos meses se presentarán ajustes, correcciones y reformas complementarias para afinar el nuevo modelo. Se habla ya de un segundo paquete de reformas que establecerá los candados necesarios para que la transición no comprometa la calidad técnica y la independencia del poder judicial.
Impulsada por el expresidente López Obrador y ahora respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma busca que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito y los jueces de distrito sean electos por voto popular, mediante elecciones organizadas por el INE como las que se vivirán el próximo domingo. También contempla la renovación total de la Corte y una depuración del sistema judicial para erradicar la corrupción, la impunidad y el clasismo que —según los promotores— han sido características del modelo judicial actual.
Entre los principales argumentos a favor, destaca que la elección directa fortalecería la legitimidad popular del Poder Judicial. No puede hablarse de democracia real, argumentan sus defensores, si uno de los tres poderes permanece totalmente ajeno a la voluntad ciudadana. Actualmente, los ministros de la Corte son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, lo que perpetúa, según esta visión, una élite cerrada, conservadora y lejana a las mayorías. Además, se plantea que la reforma acabaría con una estructura que históricamente ha protegido a los poderosos, a empresas corruptas y a partidos hegemónicos. Encuestas recientes, como la de Enkoll para El País, muestran que alrededor del 72% de los ciudadanos respaldan la idea de elegir jueces y ministros por voto popular, lo cual revela una clara desconfianza en el sistema judicial vigente. Los promotores también señalan que en países como Bolivia y algunos estados de EE.UU. los jueces ya son electos, demostrando que existen modelos híbridos donde la democracia no está reñida con la profesionalización judicial.
Pero del otro lado, no faltan las advertencias. Numerosos juristas, académicos e instituciones independientes han expresado preocupación por los posibles efectos de esta reforma. Uno de los principales riesgos es la politización del Poder Judicial, pues someter a jueces y magistrados a campañas electorales podría convertir los tribunales en espacios de competencia partidista, donde no gane el más capacitado sino el más popular o el mejor financiado. La independencia judicial también estaría en entredicho, ya que los jueces podrían terminar respondiendo más a sus electores, partidos o financiadores de campaña que a la Constitución. Otro peligro es la infiltración del crimen organizado en las elecciones judiciales, especialmente en regiones donde el narco tiene poder territorial. Además, hasta el momento no hay un plan técnico claro sobre cómo se garantizarían criterios de mérito, experiencia y ética para los aspirantes.
Lo que es innegable es que esta elección representa un hecho sin precedentes en México. Por primera vez, la ciudadanía tendrá soberanía directa sobre un poder históricamente cerrado y lejano. El simbolismo democrático de este paso es poderoso, pero también lo es el riesgo de que, sin controles adecuados, el sistema derive en una justicia popular manipulada por intereses políticos o criminales. Como en todo cambio profundo, es natural que esta primera elección tenga deficiencias y una participación más baja que otras, como ocurrió en su momento con el primer voto de las mujeres. Los cambios sociales no se reflejan de inmediato: se sedimentan poco a poco en la cultura política y jurídica del país.
Es cierto que ya en las propuestas han aparecido perfiles cuestionables, oportunistas e improvisados, pero también han surgido candidaturas con verdadero compromiso social, trayectoria jurídica y legitimidad en su comunidad. No todos los aspirantes son producto del clientelismo o el dedazo; hay jueces honestos que ven en esta reforma la oportunidad de romper con las redes de poder que durante décadas los marginaron. La responsabilidad recaerá, en última instancia, en una ciudadanía informada que ejerza su derecho con sentido crítico.
En este contexto, se vuelve indispensable pensar en el fortalecimiento estructural del nuevo sistema judicial. Para ello, una propuesta que cobra relevancia es la creación de una Escuela de Especialización Judicial, como la que existió en tiempos del maestro Arturo Serrano Robles. Esta institución no solo serviría para profesionalizar a quienes aspiren a cargos jurisdiccionales, sino que también consolidaría una cultura de independencia judicial desde dentro. Con una formación gradual que inicie desde los niveles más bajos —oficiales judiciales, actuarios— y que permita, a través del mérito y la formación continua, que esos cuadros asciendan a jueces, magistrados o incluso ministros, el Poder Judicial comenzaría a construir su autonomía con cimientos propios. Esa escuela tendría como misión no solo la enseñanza técnica, sino también la transmisión y protección de los valores judiciales: imparcialidad, integridad, autonomía y compromiso con la justicia. Porque una vez que ingresen los nuevos perfiles, la responsabilidad será suya: deberán robustecer su propio poder, fortalecerlo y defenderlo frente a presiones externas. La verdadera independencia del nuevo Poder Judicial no nacerá de los discursos, sino de la capacidad de formar, evaluar y consolidar a sus integrantes con base en la excelencia y la ética.
Fuentes oficiales han indicado que estas votaciones serán solo el inicio, y que en los próximos meses se presentarán ajustes, correcciones y reformas complementarias para afinar el nuevo modelo. Se habla ya de un segundo paquete de reformas que establecerá los candados necesarios para que la transición no comprometa la calidad técnica y la independencia del poder judicial.
México enfrenta una encrucijada: reformar el sistema judicial es urgente y legítimo, pero el cómo es crucial. La elección directa puede representar una oportunidad para renovar el vínculo entre justicia y ciudadanía, siempre que no se sacrifique la independencia y la calidad jurídica en el altar del populismo electoral. La historia no se está escribiendo sola: la está decidiendo un país que exige justicia, pero que también debe aprender a defenderla más allá del voto.
