Alonso Quijano
El asesinato de la influencer Valeria Márquez, transmitido en vivo y frente a todos, exhibe otra vez la miseria del sistema judicial mexicano: incapaz de proteger, lento para investigar y diligente solo en hostigar a las propias víctimas y sus familias. Ahora, el círculo cercano de Valeria—amigas, familiares, colaboradores—es objeto de “entrevistas” y sospechas, mientras el verdadero asesino sigue libre. Salvador González, fiscal de Jalisco, reconoce abiertamente que ni siquiera han podido ubicar a la expareja de Valeria, a quien ella misma señaló como posible responsable si algo le ocurría. Pero para las autoridades, “todas las líneas de investigación están abiertas”… y todas parecen llevar a ninguna parte.
Mientras la Fiscalía entretiene a los medios con su letanía de protocolos y promesas, el crimen permanece impune. Las cámaras del C5, a las que se presume como el gran avance tecnológico, no captaron nada relevante. Las privadas, inaccesibles. La revisión de videos se empantana en trámites y pretextos, igual que miles de casos donde la justicia se convierte en un trámite más. Prometen licitar más cámaras, renovar sistemas, gastar presupuestos, pero la seguridad real sigue tan lejana como siempre.
Mientras tanto, la familia de Valeria—como tantas otras—solo recibe el consuelo de la misa y la resignación. “Se defiende más a un perro que a una persona… a una persona la matan y queda impune”, lamenta María, la tía de Valeria. La justicia, para los de abajo, nunca llega. Los verdaderos perseguidos terminan siendo las propias víctimas y sus seres queridos, revictimizados por un aparato judicial que actúa con la celeridad de una losa y la empatía de una máquina oxidada. Aquí, la justicia nunca actúa. Solo observa, mientras la impunidad escribe la historia.
El asesinato de la influencer Valeria Márquez, transmitido en vivo y frente a todos, exhibe otra vez la miseria del sistema judicial mexicano: incapaz de proteger, lento para investigar y diligente solo en hostigar a las propias víctimas y sus familias. Ahora, el círculo cercano de Valeria—amigas, familiares, colaboradores—es objeto de “entrevistas” y sospechas, mientras el verdadero asesino sigue libre. Salvador González, fiscal de Jalisco, reconoce abiertamente que ni siquiera han podido ubicar a la expareja de Valeria, a quien ella misma señaló como posible responsable si algo le ocurría. Pero para las autoridades, “todas las líneas de investigación están abiertas”… y todas parecen llevar a ninguna parte.
Mientras la Fiscalía entretiene a los medios con su letanía de protocolos y promesas, el crimen permanece impune. Las cámaras del C5, a las que se presume como el gran avance tecnológico, no captaron nada relevante. Las privadas, inaccesibles. La revisión de videos se empantana en trámites y pretextos, igual que miles de casos donde la justicia se convierte en un trámite más. Prometen licitar más cámaras, renovar sistemas, gastar presupuestos, pero la seguridad real sigue tan lejana como siempre.
Mientras tanto, la familia de Valeria—como tantas otras—solo recibe el consuelo de la misa y la resignación. “Se defiende más a un perro que a una persona… a una persona la matan y queda impune”, lamenta María, la tía de Valeria. La justicia, para los de abajo, nunca llega. Los verdaderos perseguidos terminan siendo las propias víctimas y sus seres queridos, revictimizados por un aparato judicial que actúa con la celeridad de una losa y la empatía de una máquina oxidada. Aquí, la justicia nunca actúa. Solo observa, mientras la impunidad escribe la historia.
