EE. UU. sanciona a bancos y casa de bolsa mexicana vinculada a Alfonso Romo por presunto lavado ligado al fentanilo. Hacienda responde que no hay pruebas y exige respeto a la soberanía. El riesgo: pánico financiero y mayor tensión bilateral
Alonso Quijano
26 de junio de 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 25 de junio sanciones a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco, aplicando nuevas facultades bajo el Fentanyl Sanctions Act y el FEND Off Fentanyl Act. Según el organismo estadounidense, estas instituciones mexicanas habrían facilitado el lavado de dinero para cárteles y realizaron transferencias vinculadas a precursores químicos provenientes de China, clave en la producción ilegal de fentanilo. FinCEN acusó que Vector, con cerca de 11 mil millones de dólares en activos y controlada por el empresario y exjefe de gabinete de AMLO, Alfonso Romo, habría ayudado a lavar dos millones de dólares entre 2013 y 2021, e incluso habría servido para el pago de sobornos al exfuncionario Genaro García Luna por parte del Cártel de Sinaloa. CIBanco, por su parte, habría procesado pagos por más de 2.1 millones de dólares durante los últimos tres años a empresas chinas distribuidoras de precursores químicos, además de que un empleado de la institución habría abierto cuentas para lavar hasta 10 millones de dólares a favor del Cártel del Golfo. En el caso de Intercam, el Departamento del Tesoro sostiene que procesó 1.5 millones de dólares y que ejecutivos de ese banco se reunieron con integrantes del CJNG para discutir esquemas de lavado.
La narrativa oficial estadounidense es dura. El secretario adjunto del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que estas firmas “permiten el envenenamiento de incontables estadounidenses”, y las calificó como “componentes vitales en la cadena de suministro del fentanilo”. Las sanciones, si bien no bloquean todas las operaciones, prohíben transacciones con bancos estadounidenses y afectan gravemente la relación de estas instituciones con el sistema financiero global. No obstante, hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han hecho públicas las evidencias específicas que sustenten la totalidad de sus señalamientos.
Por el lado mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Édgar Amador, reaccionó de inmediato señalando que no han recibido pruebas verificables por parte del Tesoro estadounidense. Mediante un comunicado, Hacienda informó que solicitó a las autoridades estadounidenses la información que acredite la colusión de las instituciones financieras mexicanas con organizaciones criminales, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta. La única información entregada, según la dependencia mexicana, corresponde a datos sobre transferencias electrónicas rutinarias con empresas chinas legalmente constituidas, lo cual es consistente con un intercambio comercial anual de 139 mil millones de dólares entre México y China. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmaron que, tras sus propias investigaciones, sólo han detectado irregularidades administrativas sancionadas con multas por un total de 134 millones de pesos, sin que exista algún vínculo criminal comprobado.
Vector Casa de Bolsa, fundada y controlada por Alfonso Romo, rechazó categóricamente las acusaciones y defendió sus prácticas de cumplimiento y supervisión. Aunque en Estados Unidos se ha resaltado el nombre de Romo por su relevancia política y económica, las investigaciones hasta ahora lo señalan únicamente por su vínculo institucional y no de manera personal. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Édgar Amador insistieron en que, de presentarse pruebas sólidas, se actuará con todo el peso de la ley. De lo contrario, afirmaron, la postura será firme en defensa del Estado de derecho, la transparencia y la no subordinación ante presiones extranjeras.
Este episodio no es aislado. Las sanciones llegan en un contexto de creciente presión política del gobierno estadounidense, particularmente bajo la administración de Donald Trump, que en los últimos años ha impuesto aranceles al acero y automóviles mexicanos, designado a los cárteles como organizaciones terroristas, cerrado la frontera para la exportación de ganado y ejecutado redadas masivas contra migrantes. Más aún, la fiscal general Pam Bondi incluyó a México en la lista de países adversarios de Estados Unidos junto con Irán, Rusia y China, alimentando una narrativa de confrontación y desconfianza.
El impacto de las acusaciones estadounidenses no se limita al ámbito diplomático. El riesgo para el sistema financiero mexicano es considerable: en un entorno de incertidumbre y pánico, los clientes de Vector, Intercam y CIBanco podrían retirar masivamente sus recursos, provocando una desestabilización que se contagie a otras instituciones. Mientras la Casa Blanca exige mayor vigilancia y sanciones ejemplares, el gobierno mexicano se mantiene firme en su exigencia de pruebas y en la defensa de la institucionalidad.
Así, el desenlace de esta disputa dependerá de si el gobierno de Estados Unidos revela o no la evidencia específica que respalde sus acusaciones y de la capacidad de las autoridades mexicanas para validar o refutar esa información. Por lo pronto, el golpe a la reputación de estas instituciones y la tensión en la relación bilateral ya son una realidad.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 25 de junio sanciones a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco, aplicando nuevas facultades bajo el Fentanyl Sanctions Act y el FEND Off Fentanyl Act. Según el organismo estadounidense, estas instituciones mexicanas habrían facilitado el lavado de dinero para cárteles y realizaron transferencias vinculadas a precursores químicos provenientes de China, clave en la producción ilegal de fentanilo. FinCEN acusó que Vector, con cerca de 11 mil millones de dólares en activos y controlada por el empresario y exjefe de gabinete de AMLO, Alfonso Romo, habría ayudado a lavar dos millones de dólares entre 2013 y 2021, e incluso habría servido para el pago de sobornos al exfuncionario Genaro García Luna por parte del Cártel de Sinaloa. CIBanco, por su parte, habría procesado pagos por más de 2.1 millones de dólares durante los últimos tres años a empresas chinas distribuidoras de precursores químicos, además de que un empleado de la institución habría abierto cuentas para lavar hasta 10 millones de dólares a favor del Cártel del Golfo. En el caso de Intercam, el Departamento del Tesoro sostiene que procesó 1.5 millones de dólares y que ejecutivos de ese banco se reunieron con integrantes del CJNG para discutir esquemas de lavado.
La narrativa oficial estadounidense es dura. El secretario adjunto del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que estas firmas “permiten el envenenamiento de incontables estadounidenses”, y las calificó como “componentes vitales en la cadena de suministro del fentanilo”. Las sanciones, si bien no bloquean todas las operaciones, prohíben transacciones con bancos estadounidenses y afectan gravemente la relación de estas instituciones con el sistema financiero global. No obstante, hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han hecho públicas las evidencias específicas que sustenten la totalidad de sus señalamientos.
Por el lado mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Édgar Amador, reaccionó de inmediato señalando que no han recibido pruebas verificables por parte del Tesoro estadounidense. Mediante un comunicado, Hacienda informó que solicitó a las autoridades estadounidenses la información que acredite la colusión de las instituciones financieras mexicanas con organizaciones criminales, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta. La única información entregada, según la dependencia mexicana, corresponde a datos sobre transferencias electrónicas rutinarias con empresas chinas legalmente constituidas, lo cual es consistente con un intercambio comercial anual de 139 mil millones de dólares entre México y China. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmaron que, tras sus propias investigaciones, sólo han detectado irregularidades administrativas sancionadas con multas por un total de 134 millones de pesos, sin que exista algún vínculo criminal comprobado.
Vector Casa de Bolsa, fundada y controlada por Alfonso Romo, rechazó categóricamente las acusaciones y defendió sus prácticas de cumplimiento y supervisión. Aunque en Estados Unidos se ha resaltado el nombre de Romo por su relevancia política y económica, las investigaciones hasta ahora lo señalan únicamente por su vínculo institucional y no de manera personal. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Édgar Amador insistieron en que, de presentarse pruebas sólidas, se actuará con todo el peso de la ley. De lo contrario, afirmaron, la postura será firme en defensa del Estado de derecho, la transparencia y la no subordinación ante presiones extranjeras.
Este episodio no es aislado. Las sanciones llegan en un contexto de creciente presión política del gobierno estadounidense, particularmente bajo la administración de Donald Trump, que en los últimos años ha impuesto aranceles al acero y automóviles mexicanos, designado a los cárteles como organizaciones terroristas, cerrado la frontera para la exportación de ganado y ejecutado redadas masivas contra migrantes. Más aún, la fiscal general Pam Bondi incluyó a México en la lista de países adversarios de Estados Unidos junto con Irán, Rusia y China, alimentando una narrativa de confrontación y desconfianza.
El impacto de las acusaciones estadounidenses no se limita al ámbito diplomático. El riesgo para el sistema financiero mexicano es considerable: en un entorno de incertidumbre y pánico, los clientes de Vector, Intercam y CIBanco podrían retirar masivamente sus recursos, provocando una desestabilización que se contagie a otras instituciones. Mientras la Casa Blanca exige mayor vigilancia y sanciones ejemplares, el gobierno mexicano se mantiene firme en su exigencia de pruebas y en la defensa de la institucionalidad.
Así, el desenlace de esta disputa dependerá de si el gobierno de Estados Unidos revela o no la evidencia específica que respalde sus acusaciones y de la capacidad de las autoridades mexicanas para validar o refutar esa información. Por lo pronto, el golpe a la reputación de estas instituciones y la tensión en la relación bilateral ya son una realidad.
