#Opinión | Jorge Montejo
07/06/2025
En Hidalgo, levantar la voz para exigir justicia es sinónimo de convertirse en sospechoso. En esta tierra de simulaciones y discursos huecos, a las víctimas se les trata como estorbos; y cuando tienen el valor de exigir acciones reales contra la impunidad, el sistema político-judicial, en lugar de responder con sensibilidad y legalidad, responde con desprecio, criminalización y desdén.
El caso más reciente —y escandalosamente representativo— es el de Abril Farías Hernández, una menor de 12 años reportada como desaparecida en Pachuca, cuya búsqueda fue impulsada por familiares desesperados que, al ver la indolencia de las autoridades, decidieron bloquear la carretera México–Pachuca el pasado 5 de junio. El objetivo era uno: que el aparato gubernamental hiciera su trabajo. La respuesta, sin embargo, no fue la solidaridad institucional ni la acción urgente. Fue la represión.
El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, minimizó públicamente la desaparición al afirmar que la menor “salió por voluntad propia” y que los familiares “deberían enfocar sus esfuerzos en buscarla, en lugar de afectar a terceros”. Aún más grave: acusó que la manifestación tenía “otros intereses”. Es decir, insinúa una manipulación política en el dolor de una familia que busca desesperadamente a una niña de 12 años. ¿Acaso no es su deber, como encargado de la política interna del estado, proteger a los más vulnerables? ¿En qué momento se volvió aceptable que un funcionario del más alto nivel reduzca el sufrimiento de una familia a una estrategia oportunista?
El mensaje que se lanza desde Palacio de Gobierno es tan alarmante como claro: si alguien osa reclamar justicia en Hidalgo, será señalado, desacreditado o perseguido. El aparato del Estado no protege a las víctimas; las desacredita.
El caso de Abril no es aislado. En Hidalgo, prácticamente ninguna denuncia por agresión sexual o desaparición de menores llega a puerto. Las estadísticas lo confirman, pero más aún lo grita el silencio institucional, la prepotencia y la burocracia que revictimiza. La Procuraduría estatal (que no es fiscalía), en manos de operadores políticos antes que de expertos en derechos humanos, convierte el proceso judicial en un campo minado donde las víctimas siempre pierden ante la falta de independencia de un sistema judicial sometido a la política.
A esto se suma la figura cada vez más cuestionada de Guillermo Olivares Reyna, quien ha ganado fama por su tono altanero y su trato insensible hacia familiares de víctimas. Con sus declaraciones, lejos de fortalecer la imagen del gobernador Julio Menchaca (quien tiene buenas intenciones y es una buena persona), la desgasta. Su comportamiento no solo es políticamente incorrecto, sino que representa una afrenta a los principios básicos de un gobierno democrático.
¿En qué clase de Estado vivimos cuando se le exige más prudencia a una madre que a un funcionario? ¿Qué clase de gobierno permite que una menor desaparecida sea tratada como una fugitiva voluntaria y no como una niña en situación de riesgo?
La narrativa que intenta imponer Olivares Reyna —la de que todo está bajo control y que quienes se manifiestan lo hacen con “otros fines”— no solo es peligrosa: es profundamente deshonesta. En un país donde miles de menores desaparecen y donde la trata, los feminicidios y la violencia sexual acechan a diario, asumir sin más que una niña de 12 años se “fue con su pareja” y desestimar el contexto es inaceptable y negligente.
El gobierno de Hidalgo tiene que decidir de qué lado está: del lado de las víctimas, o del lado de quienes ven en cada reclamo ciudadano una amenaza política. Por ahora, todo indica que ha optado por lo segundo. Y esa decisión no se olvida. Se documenta, se denuncia y se confronta. Porque en Hidalgo, exigir justicia no debería ser un delito. Y perder a una hija no debería venir acompañado del desprecio institucional.
___________
P.D. En el progresista y empático estado de Hidalgo, si te desaparecen a una hija, asegúrate de no bloquear una carretera ni alzar demasiado la voz, no sea que termines siendo tú el investigado… o acusado de conspirar contra la imagen impecable de nuestros funcionarios. Porque aquí, en vez de buscar a los desaparecidos, prefieren buscar “otros intereses” entre los que reclaman. Y claro, no vayas a estropear el calendario político del gabinete con tus tragedias personales. ¡Qué falta de sensibilidad la tuya!
