Alonso Quijano
08 de septiembre de 2025
La operación “Sentinel” ha comenzado a exhibir lo que durante años se rumoraba en pasillos judiciales y en el puerto de Altamira: la Fiscalía General de la República en Tamaulipas no solo conocía el contrabando de hidrocarburos, sino que varios de sus funcionarios eran piezas clave en la maquinaria del huachicol fiscal. Filtraciones de comunicaciones internas revelan un ambiente de traiciones, amenazas, sobornos y pugnas internas que derivaron incluso en la muerte del exdelegado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, identificado por sus propios colegas como víctima de una guerra intestina.
En el centro del esquema aparece el nombre de Arturo Garza González, subdelegado y actual encargado de despacho, señalado por fiscales como el verdadero operador de los sobornos, el hombre que decide quién entra y quién sale en los negocios de combustible robado. Diversas voces dentro de la corporación lo describen como el “cerebro” tanto de la red de corrupción como del silenciamiento de Vázquez Reyna.
La lista de funcionarios implicados en la red es extensa y comprometedora. Entre ellos destacan:
Rafael Uvalle Romero, adscrito a la Cuarta Agencia de Investigación, señalado como enlace directo con facciones del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste, además de empresas fachada dedicadas al contrabando de combustible.
Rubén Tinajero y Aldo Varela, jefes de unidad de investigación, señalados en las intervenciones por operar bajo las órdenes de Garza González y participar en acuerdos con grupos criminales.
Jorge Alberto Quintero y Dante Quiroga, agentes que habrían fungido como facilitadores de pactos con organizaciones delictivas, fungiendo de bisagras entre el crimen organizado y la fiscalía.
Israel Vázquez Enciso, jefe de suboficinas en Tampico–Altamira, ligado directamente con buques y tanques utilizados para mover el combustible de contrabando.
Las transcripciones atribuidas a las intervenciones telefónicas son crudas: fiscales quejosos de “cateos” realizados sin autorización del “jefe Neto”, reclamos por cuotas no repartidas, y amenazas provenientes de mandos criminales como represalia por incumplimientos. Incluso aparecen alusiones a la intervención de un senador apodado “JR”, lo que abre interrogantes sobre nexos políticos de más alto nivel.
El asesinato de Vázquez Reyna dejó en evidencia que la disputa no era meramente burocrática. Dentro de los audios filtrados, sus propios compañeros describen a Garza González como “el traicionero” y admiten que los acuerdos con grupos criminales estaban por encima de cualquier estructura formal.
La operación Sentinel coloca bajo la lupa a la FGR en Tamaulipas en un momento en que el gobierno federal insiste en que el combate al huachicol es prioridad. Sin embargo, los documentos revelan que el problema no radica solo en las bandas que ordeñan ductos, sino en la propia estructura del Estado que debería combatirlas y que, en cambio, negocia con ellas.
Lo que se asoma es un aparato institucional capturado por intereses criminales, donde la línea entre fiscal y delincuente se vuelve difusa, y donde un negocio millonario de combustible robado circula con complicidad oficial. La pregunta que queda en el aire es si habrá consecuencias o si, como tantas veces, la red de corrupción volverá a cubrirse bajo el silencio y la impunidad.
FILTRACIONES DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS:
