María Gil
8 de septiembre de 2025
El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue encontrado sin vida en su oficina tras presuntamente suicidarse. La Secretaría de Marina confirmó su fallecimiento en un breve comunicado donde expresó sus condolencias, aunque evitó dar mayores detalles sobre las circunstancias.
Pérez Ramírez había sido mencionado en investigaciones federales y en declaraciones del exdirector de Aduanas de Tampico como uno de los mandos navales que habrían recibido sobornos de hasta 100 mil pesos para permitir la entrada de buques con cargamentos de huachicol fiscal. Dichos señalamientos lo colocaban en el centro de una trama de corrupción vinculada al contrabando de combustible en los puertos de Tamaulipas, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado y la colusión institucional.
El hallazgo del cuerpo ocurre en un contexto donde la Marina ha sido cuestionada por su papel en el control de aduanas y puertos, estrategia impulsada en el sexenio pasado bajo el argumento de combatir el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, el caso del capitán Pérez Ramírez exhibe cómo la sombra de los sobornos y el tráfico de combustibles ilegales alcanzó a altos mandos.
Fuentes federales confirmaron que la muerte ocurrió en las instalaciones portuarias de Altamira. La SEMAR limitó su postura a expresar solidaridad con la familia y reiterar que se brindará apoyo institucional, sin pronunciarse sobre los señalamientos previos de corrupción.
La muerte del capitán, lejos de cerrar el capítulo, deja más preguntas que respuestas: ¿qué tanto sabía sobre las redes de huachicol fiscal en los puertos del Golfo? ¿Fue un acto de desesperación personal o un desenlace marcado por presiones internas? En Tamaulipas, donde la línea entre crimen organizado y autoridad suele ser difusa, su muerte reaviva las sospechas de que la corrupción portuaria sigue intacta, incluso bajo el uniforme naval.
