09/09/25
El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó a través del secretario de Hacienda, Edgar Amador, su primer Paquete Económico, con un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.9 por ciento respecto al año pasado. El documento, entregado a la Cámara de Diputados, proyecta un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8 por ciento para 2026, bajo el argumento de que la demanda interna y la posición de México en las cadenas globales de valor permitirán resistir un entorno internacional complejo. Sin embargo, detrás de estas cifras optimistas se encuentra un presupuesto con márgenes estrechos, altamente comprometido y sostenido, una vez más, con más deuda.
Según Hacienda, la inflación cerrará en 3 por ciento, el tipo de cambio promedio en 18.9 pesos por dólar y la tasa de interés en 6 por ciento. Aunque sobre el papel las variables suenan razonables, la propia dependencia reconoce que el entorno será complicado y que en 2025 la economía crecerá apenas entre 0.1 y 1.5 por ciento, lejos de las metas previas. Esto significa que el nuevo paquete arranca en un contexto de desaceleración, pero apuesta a que en un año se recuperará la confianza y la inversión. Especialistas, como Gabriela Siller, consideran que la estimación oficial es optimista y que los riesgos asociados a la revisión del T-MEC y la falta de reformas estructurales hacen poco probable que se alcance el 2.8 por ciento de crecimiento.
Los ingresos presupuestarios se calculan en 8.7 billones de pesos, de los cuales 5.8 provendrán de impuestos y 1.2 billones de los petroleros. Hacienda presume que la recaudación tributaria alcanzará un máximo histórico de 15.1 por ciento del PIB gracias a un aumento real de 5.7 por ciento respecto a 2025. No obstante, el incremento no surge de una mayor actividad productiva, sino de nuevos impuestos y ajustes extrafiscales que tocan directamente el bolsillo de los consumidores. Refrescos con una cuota de IEPS de 3.08 pesos por litro, tabaco con una tasa ad valorem que pasa del 160 al 200 por ciento y un nuevo gravamen a las bolsas de nicotina; puros hechos a mano que subirán de 30 a 32 por ciento; apuestas con un impuesto que se dispara del 30 al 50 por ciento sobre el monto jugado; y un nuevo y polémico impuesto de 8 por ciento a los videojuegos violentos, cuyo criterio de clasificación es incierto y abre la puerta a debates legales y culturales.
El problema es que todos esos ingresos adicionales apenas compensan la rigidez del gasto. De cada 100 pesos del presupuesto, 81 ya están comprometidos en obligaciones ineludibles. Pensiones y jubilaciones absorben un billón 704 mil millones de pesos, el pago de deuda un billón 642 mil millones, los sueldos de la burocracia un billón 267 mil millones y las transferencias a estados y municipios 2 billones 583 mil millones. En ese marco, el margen real para invertir en infraestructura, innovación o proyectos productivos es mínimo. El gobierno destinará además 3 por ciento del PIB a programas sociales prioritarios que, según Hacienda, beneficiarán a más del 80 por ciento de los hogares, consolidando la estrategia de continuidad que privilegia el gasto asistencial electorero sobre la inversión productiva.
El déficit ampliado se ubicará en 4.1 por ciento del PIB, mayor al aprobado este año, y el costo financiero de la deuda alcanzará un billón 572 mil millones de pesos. La deuda pública se mantendrá en 52.3 por ciento del PIB, un nivel que Hacienda presume como estable frente a otras economías emergentes, pero que en la práctica refleja una dependencia cada vez mayor del endeudamiento para sostener al Estado. En los hechos, Sheinbaum repite la fórmula de su antecesor: más deuda para pagar gasto corriente y programas sociales, mientras se posterga el verdadero debate sobre cómo hacer crecer al país.
El diseño del Paquete Económico 2026 muestra que las finanzas públicas descansan sobre cinco pilares que consumen casi todos los recursos: Pemex, CFE, deuda, pensiones y programas sociales. Esa combinación deja fuera rubros estratégicos como infraestructura hídrica en el norte industrial, transición energética, ciencia y tecnología o compromisos internacionales como el combate al cambio climático y la equidad de género. Analistas como Stefania Tapia Marchina subrayan que la propuesta carece de un plan integral de desarrollo inclusivo y sostenible, pues los programas sociales, aunque importantes para reducir la pobreza, no pueden ser la única estrategia económica de un país que aspira a crecer y competir en un entorno global.
En suma, el Paquete Económico 2026 garantiza la continuidad política y da certezas a los beneficiarios de programas sociales, pero no plantea una verdadera estrategia de crecimiento. México enfrentará otro año de expansión económica limitada, con más deuda, más impuestos y un gasto público atrapado en compromisos ineludibles. La estabilidad de corto plazo está asegurada, pero la pregunta sigue abierta: ¿hasta cuándo podrá sostenerse este modelo de gasto rígido sin una reforma fiscal integral ni una política que impulse la inversión productiva?
