María Gil
29 de junio de 2025
Las recientes reformas en materia de telecomunicaciones en México han encendido alertas en amplios sectores de la sociedad, principalmente por el riesgo de que el Estado concentre el control de los medios y las telecomunicaciones, un fenómeno que en América Latina tiene un referente inmediato: Venezuela. ¿Qué tan parecidos son los caminos que ambos países están siguiendo? ¿Es real el riesgo de una “venezolanización” de la comunicación en México?
El modelo venezolano: censura y control absoluto
Desde la llegada del chavismo, Venezuela ha construido un sistema de control mediático y censura a partir de varias estrategias legislativas y regulatorias. El Estado venezolano utiliza la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la Ley Contra el Odio, instrumentos que permiten suspender transmisiones, retirar concesiones, e imponer sanciones a medios y periodistas bajo criterios ambiguos relacionados con el “interés nacional” y la “seguridad pública”.
En la práctica, el gobierno controla el órgano regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que depende directamente del Ejecutivo y tiene facultades para monitorear, sancionar y clausurar medios, además de exigir la transmisión de cadenas oficiales obligatorias. Esta centralización de la regulación ha llevado al cierre de cientos de radios, canales de TV y medios impresos independientes, así como a la criminalización de periodistas críticos. La censura se refuerza con el bloqueo de portales web y la vigilancia masiva de usuarios de internet y telefonía, amparados en leyes de seguridad.
¿Qué propone ahora México? Las señales de alerta
La reforma mexicana recién aprobada muestra paralelismos preocupantes:
Desaparición del órgano autónomo: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), creado para evitar la concentración de poder y garantizar la pluralidad, desaparece para ser sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una secretaría de Estado bajo control del Ejecutivo. En Venezuela, el órgano regulador (CONATEL) también depende del gobierno central.
Comisión Reguladora dependiente: Aunque se anuncia como “independiente”, la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estará subordinada a la ATDT, similar a la estructura venezolana donde CONATEL actúa como ejecutor de las directrices del poder político.
Facultades de censura y vigilancia: El nuevo marco legal mexicano permite la geolocalización de usuarios sin orden judicial y amplía los motivos para suspender transmisiones, abriendo la puerta a bloqueos arbitrarios y a la persecución de voces críticas. En Venezuela, estas prácticas se han institucionalizado, y el acceso a datos personales y la suspensión de medios se ejecutan sin controles judiciales efectivos.
Creación de padrones de usuarios: La posibilidad de integrar un padrón de usuarios de telefonía, anteriormente declarado inconstitucional en México, recuerda a la base de datos utilizada en Venezuela para vigilar y presionar a comunicadores, activistas y ciudadanos.
Promoción de medios afines y simulación de competencia: En ambos sistemas se fomenta la creación de medios comunitarios o públicos, pero bajo supervisión estatal. En Venezuela, los medios “alternativos” funcionan en muchos casos como voceros del gobierno. En México, aunque se promueve la diversidad, el control sobre la asignación de concesiones y el contenido editorial genera sospechas sobre la real pluralidad y autonomía.
Diferencias y matices
No obstante, hay diferencias relevantes: México mantiene, por ahora, un mayor pluralismo mediático, un sector privado relevante y un marco constitucional que protege la libertad de expresión. La sociedad civil y el Poder Judicial conservan herramientas para impugnar actos arbitrarios, aunque estas pueden debilitarse si la nueva arquitectura institucional avanza sin contrapesos.
En Venezuela, el cerco es casi total: la represión y la autocensura dominan el espacio público, y las rutas legales para oponerse a los abusos han sido prácticamente cerradas.
Opiniones finales
La reforma mexicana, aunque se presenta bajo el discurso de la inclusión y la modernización, coloca las piezas para un control estatal que puede degenerar en censura, como ha sucedido en Venezuela. La tentación de concentrar el poder sobre los medios nunca es inocua: una arquitectura legal y política que permite al Ejecutivo decidir quién habla, quién calla y quién escucha, siempre es un riesgo para la democracia.
La vigilancia digital, la subordinación del regulador, el acceso a datos sin control judicial y la posibilidad de silenciar voces incómodas son las marcas de los sistemas autoritarios. México está a tiempo de no repetir la historia venezolana. Pero la reforma recién aprobada es, al menos, una advertencia en el retrovisor.
