María Gil
18/07/25
El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un expediente para investigar la presunta entrega de “acordeones” utilizados para inducir el voto durante la reciente consulta para la elección judicial. Pero la investigación no apunta a los operadores del fraude, sino al medio que lo reportó: La Silla Rota. En una notificación oficial, el INE exigió al portal periodístico que entregue, en un plazo de 48 horas, todos los datos que sustenten su denuncia, bajo la advertencia de una multa de hasta 100 mil días de salario mínimo vigente en la CDMX —es decir, más de 11 millones de pesos.
La solicitud del INE no implica censura directa: no pidió que se bajara el reportaje ni que se ofreciera una rectificación. El expediente forma parte de una investigación por posibles delitos electorales. Sin embargo, la exigencia incluye la entrega de información que podría poner en riesgo la identidad de fuentes confidenciales, lo cual ha encendido las alarmas dentro del gremio periodístico.
La Silla Rota respondió recordando lo elemental: los artículos 6° y 7° de la Constitución garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información. A nivel local, el artículo 4 de la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México protege explícitamente a periodistas contra la obligación de revelar sus fuentes, incluso ante autoridades judiciales o administrativas. Y lo más importante: esa protección no solo ampara a los medios, sino también a cualquier persona que pudiera verse afectada por la divulgación.
El conflicto, sin embargo, no es tan sencillo como una historia de “buenos contra malos”. Lo que está en juego es una colisión delicada entre dos derechos fundamentales: por un lado, la obligación del INE de fiscalizar y garantizar elecciones limpias; por otro, el derecho de la prensa a investigar sin miedo ni presión, y el deber ético de proteger a sus fuentes.
¿Dónde se complica la historia? En que si La Silla Rota se niega a entregar la información —como le permite la ley— el INE puede interpretar esto como una obstrucción. La consecuencia: la multa millonaria. Así, sin tocar el contenido de la nota, se sanciona el silencio. No es censura jurídica, pero sí podría tener un efecto inhibidor, disuasivo, en futuras investigaciones periodísticas. El mensaje implícito es inquietante: “publica si quieres, pero prepárate para pagar”.
Más que una pelea coyuntural entre el INE y un medio, este caso plantea una pregunta de fondo:
¿Cómo equilibramos el deber institucional de rendición de cuentas con la necesidad de preservar un periodismo libre, incómodo y confidencial?
En tiempos donde la desinformación y la manipulación electoral son moneda corriente, la prensa independiente debería ser un aliado del Estado democrático, no un blanco de represalias indirectas. Porque si los periodistas no pueden proteger a quienes se atreven a hablar, entonces nadie hablará. Y sin voces, no hay democracia que valga.
La solicitud del INE no implica censura directa: no pidió que se bajara el reportaje ni que se ofreciera una rectificación. El expediente forma parte de una investigación por posibles delitos electorales. Sin embargo, la exigencia incluye la entrega de información que podría poner en riesgo la identidad de fuentes confidenciales, lo cual ha encendido las alarmas dentro del gremio periodístico.
La Silla Rota respondió recordando lo elemental: los artículos 6° y 7° de la Constitución garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información. A nivel local, el artículo 4 de la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México protege explícitamente a periodistas contra la obligación de revelar sus fuentes, incluso ante autoridades judiciales o administrativas. Y lo más importante: esa protección no solo ampara a los medios, sino también a cualquier persona que pudiera verse afectada por la divulgación.
El conflicto, sin embargo, no es tan sencillo como una historia de “buenos contra malos”. Lo que está en juego es una colisión delicada entre dos derechos fundamentales: por un lado, la obligación del INE de fiscalizar y garantizar elecciones limpias; por otro, el derecho de la prensa a investigar sin miedo ni presión, y el deber ético de proteger a sus fuentes.
¿Dónde se complica la historia? En que si La Silla Rota se niega a entregar la información —como le permite la ley— el INE puede interpretar esto como una obstrucción. La consecuencia: la multa millonaria. Así, sin tocar el contenido de la nota, se sanciona el silencio. No es censura jurídica, pero sí podría tener un efecto inhibidor, disuasivo, en futuras investigaciones periodísticas. El mensaje implícito es inquietante: “publica si quieres, pero prepárate para pagar”.
Más que una pelea coyuntural entre el INE y un medio, este caso plantea una pregunta de fondo:
¿Cómo equilibramos el deber institucional de rendición de cuentas con la necesidad de preservar un periodismo libre, incómodo y confidencial?
En tiempos donde la desinformación y la manipulación electoral son moneda corriente, la prensa independiente debería ser un aliado del Estado democrático, no un blanco de represalias indirectas. Porque si los periodistas no pueden proteger a quienes se atreven a hablar, entonces nadie hablará. Y sin voces, no hay democracia que valga.
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