04/06/25
¿Quién hubiera imaginado que un partido nacional que se dice de izquierda crearía un régimen que militariza y espía a su pueblo?”
En 2018, López Obrador prometió “sacar a los militares de las calles y devolverlos a los cuarteles”, pero hizo lo contrario: los convirtió en su brazo ejecutivo. Les confió obras públicas con sobrecosto, el reparto de vacunas, el control de aduanas y aeropuertos, la persecución de migrantes por órdenes de Trump y la seguridad pública.
En 2019 creó la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad, es decir, una institución civil. Tras la elección de 2024, con el 54% de los votos pero con la sobrerrepresentación que les otorgó 75% de las curules, Morena reformó la Constitución para transferir la Guardia a la SEDENA, eliminando su naturaleza policial.
Este cambio tiene consecuencias graves: ya no se rige por controles civiles, ni puede ejercer funciones de policía. Cualquier persona detenida por la Guardia queda vulnerable ante un vacío legal.
El oficialismo acaba de aprobar una nueva Ley Orgánica que refuerza el carácter militar de la seguridad pública, otorgando a la Guardia más poder con menos controles. Ahora también es instrumento de vigilancia y control político del Ejecutivo.
Las nuevas leyes de Inteligencia y Seguridad Pública permiten a los militares acceder a información de cualquier persona: registros públicos, privados, bancarios y notariales, sin control judicial. La Guardia puede realizar operaciones encubiertas, sin supervisión previa, lo que representa un riesgo serio para las libertades individuales.
Además, podrá ejercer vigilancia masiva mediante plataformas tecnológicas, como los C5 o cámaras públicas y privadas. Esto se vincula con el expediente digital de trámites y la plataforma nacional de identidad, ahora interconectados. Así, el régimen podrá llevar registros de ciudadanos incómodos, incluso de quienes protesten en redes sociales, como ha quedado demostrado en días recientes.
También se le otorga permiso para usar “armas letales en situaciones de alto riesgo”, pero sin definir claramente qué constituye tal situación. Esto abre la puerta a abusos en manifestaciones o retenes. Aunque el Código de Justicia Militar señala que los militares deben ser juzgados por tribunales civiles si agreden a civiles, la ley recién aprobada mantiene ambigüedades que conservan el fuero militar.
¿Quién hubiera imaginado que un partido que se dice de izquierda crearía un régimen que militariza y espía a su pueblo? Hoy, la Guardia Nacional es el brazo represor del gobierno, con facultades casi absolutas de investigación y sin contrapesos, sobre todo ahora que el oficialismo controla el Poder Judicial.
Stalin creó un modelo similar de vigilancia, donde cualquier sospechoso era deportado a los campos de concentración. Alexander Solzhetsyn, relator de la barbarie, lo dijo muy bien; “la violencia solo puede ser disimulada por la mentira y la mentira sólo puede ser sostenida por la violencia”.
¿Quién hubiera imaginado que un partido nacional que se dice de izquierda crearía un régimen que militariza y espía a su pueblo?”
En 2018, López Obrador prometió “sacar a los militares de las calles y devolverlos a los cuarteles”, pero hizo lo contrario: los convirtió en su brazo ejecutivo. Les confió obras públicas con sobrecosto, el reparto de vacunas, el control de aduanas y aeropuertos, la persecución de migrantes por órdenes de Trump y la seguridad pública.
En 2019 creó la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad, es decir, una institución civil. Tras la elección de 2024, con el 54% de los votos pero con la sobrerrepresentación que les otorgó 75% de las curules, Morena reformó la Constitución para transferir la Guardia a la SEDENA, eliminando su naturaleza policial.
Este cambio tiene consecuencias graves: ya no se rige por controles civiles, ni puede ejercer funciones de policía. Cualquier persona detenida por la Guardia queda vulnerable ante un vacío legal.
El oficialismo acaba de aprobar una nueva Ley Orgánica que refuerza el carácter militar de la seguridad pública, otorgando a la Guardia más poder con menos controles. Ahora también es instrumento de vigilancia y control político del Ejecutivo.
Las nuevas leyes de Inteligencia y Seguridad Pública permiten a los militares acceder a información de cualquier persona: registros públicos, privados, bancarios y notariales, sin control judicial. La Guardia puede realizar operaciones encubiertas, sin supervisión previa, lo que representa un riesgo serio para las libertades individuales.
Además, podrá ejercer vigilancia masiva mediante plataformas tecnológicas, como los C5 o cámaras públicas y privadas. Esto se vincula con el expediente digital de trámites y la plataforma nacional de identidad, ahora interconectados. Así, el régimen podrá llevar registros de ciudadanos incómodos, incluso de quienes protesten en redes sociales, como ha quedado demostrado en días recientes.
También se le otorga permiso para usar “armas letales en situaciones de alto riesgo”, pero sin definir claramente qué constituye tal situación. Esto abre la puerta a abusos en manifestaciones o retenes. Aunque el Código de Justicia Militar señala que los militares deben ser juzgados por tribunales civiles si agreden a civiles, la ley recién aprobada mantiene ambigüedades que conservan el fuero militar.
¿Quién hubiera imaginado que un partido que se dice de izquierda crearía un régimen que militariza y espía a su pueblo? Hoy, la Guardia Nacional es el brazo represor del gobierno, con facultades casi absolutas de investigación y sin contrapesos, sobre todo ahora que el oficialismo controla el Poder Judicial.
Stalin creó un modelo similar de vigilancia, donde cualquier sospechoso era deportado a los campos de concentración. Alexander Solzhetsyn, relator de la barbarie, lo dijo muy bien; “la violencia solo puede ser disimulada por la mentira y la mentira sólo puede ser sostenida por la violencia”.
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