9 de agosto de 2025
La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos para revocar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en el país de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal ha encendido un conflicto jurídico de dimensiones históricas. La medida, bloqueada de inmediato por tribunales federales en distintos estados, se enfrenta a un obstáculo mayúsculo: la interpretación centenaria de la Enmienda 14 de la Constitución, piedra angular del principio de ius soli que ha definido la nacionalidad estadounidense desde 1868.
El texto constitucional es claro en su redacción: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen.” Desde su adopción, esta cláusula ha sido entendida como una garantía de ciudadanía automática para cualquiera que nazca en territorio estadounidense, con contadas excepciones como hijos de diplomáticos extranjeros. Sin embargo, la actual administración sostiene que la frase “sujetas a su jurisdicción” debe interpretarse de forma restrictiva, excluyendo a quienes nacen de padres sin residencia legal permanente.
El debate jurídico no es nuevo, pero nunca había llegado con tanta fuerza ni con una estrategia tan frontal. Los defensores de la orden ejecutiva argumentan que el Congreso y el Ejecutivo tienen atribuciones para definir el alcance de la ciudadanía bajo criterios de soberanía y control migratorio, y que el ius soli absoluto incentiva la inmigración irregular. Sus opositores, que incluyen organizaciones de derechos civiles, académicos constitucionalistas y gobiernos estatales, sostienen que reinterpretar la Enmienda 14 por vía administrativa constituye un exceso de poder y viola tanto la letra como el espíritu de la Constitución.
En la arena judicial, el caso ya está perfilado para un desenlace en la Corte Suprema. El tribunal constitucional con una mayoría conservadora, podría tener en sus manos una decisión capaz de reescribir uno de los principios identitarios más arraigados de Estados Unidos. Una resolución que valide la restricción sería un precedente sin parangón: millones de personas nacidas en el país verían su ciudadanía cuestionada, y se abriría la puerta a revisar retroactivamente su estatus. Por el contrario, un fallo que reafirme el ius soli consolidaría la doctrina vigente y cerraría la vía a intentos ejecutivos de modificarla.
Más allá de la pugna jurídica, el impacto político y social sería profundo. La ciudadanía por nacimiento no solo determina derechos individuales, sino que estructura la cohesión nacional y define la inclusión o exclusión de generaciones enteras. Un cambio abrupto podría multiplicar los casos de apatridia, aumentar la tensión racial y étnica, y alimentar divisiones políticas en un país ya polarizado.
Mientras el litigio avanza, el mensaje es claro: el futuro del ius soli en Estados Unidos se decidirá no en las urnas ni en el Congreso, sino en el máximo tribunal, donde nueve magistrados tendrán que elegir entre mantener una tradición constitucional de más de 150 años o abrir un capítulo completamente nuevo en la definición de quién es —y quién no— estadounidense.
La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos para revocar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en el país de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal ha encendido un conflicto jurídico de dimensiones históricas. La medida, bloqueada de inmediato por tribunales federales en distintos estados, se enfrenta a un obstáculo mayúsculo: la interpretación centenaria de la Enmienda 14 de la Constitución, piedra angular del principio de ius soli que ha definido la nacionalidad estadounidense desde 1868.
El texto constitucional es claro en su redacción: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen.” Desde su adopción, esta cláusula ha sido entendida como una garantía de ciudadanía automática para cualquiera que nazca en territorio estadounidense, con contadas excepciones como hijos de diplomáticos extranjeros. Sin embargo, la actual administración sostiene que la frase “sujetas a su jurisdicción” debe interpretarse de forma restrictiva, excluyendo a quienes nacen de padres sin residencia legal permanente.
El debate jurídico no es nuevo, pero nunca había llegado con tanta fuerza ni con una estrategia tan frontal. Los defensores de la orden ejecutiva argumentan que el Congreso y el Ejecutivo tienen atribuciones para definir el alcance de la ciudadanía bajo criterios de soberanía y control migratorio, y que el ius soli absoluto incentiva la inmigración irregular. Sus opositores, que incluyen organizaciones de derechos civiles, académicos constitucionalistas y gobiernos estatales, sostienen que reinterpretar la Enmienda 14 por vía administrativa constituye un exceso de poder y viola tanto la letra como el espíritu de la Constitución.
En la arena judicial, el caso ya está perfilado para un desenlace en la Corte Suprema. El tribunal constitucional con una mayoría conservadora, podría tener en sus manos una decisión capaz de reescribir uno de los principios identitarios más arraigados de Estados Unidos. Una resolución que valide la restricción sería un precedente sin parangón: millones de personas nacidas en el país verían su ciudadanía cuestionada, y se abriría la puerta a revisar retroactivamente su estatus. Por el contrario, un fallo que reafirme el ius soli consolidaría la doctrina vigente y cerraría la vía a intentos ejecutivos de modificarla.
Más allá de la pugna jurídica, el impacto político y social sería profundo. La ciudadanía por nacimiento no solo determina derechos individuales, sino que estructura la cohesión nacional y define la inclusión o exclusión de generaciones enteras. Un cambio abrupto podría multiplicar los casos de apatridia, aumentar la tensión racial y étnica, y alimentar divisiones políticas en un país ya polarizado.
Mientras el litigio avanza, el mensaje es claro: el futuro del ius soli en Estados Unidos se decidirá no en las urnas ni en el Congreso, sino en el máximo tribunal, donde nueve magistrados tendrán que elegir entre mantener una tradición constitucional de más de 150 años o abrir un capítulo completamente nuevo en la definición de quién es —y quién no— estadounidense.
