Alonso Quijano
Ciudad de México. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no se anduvo con rodeos: la alianza con el gobierno de Claudia Sheinbaum contra los cárteles será total y, si se interpreta entre líneas, potencialmente militar. “Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos”, sentenció, dejando abierta la puerta a operaciones conjuntas de alcance aún indefinido.
La declaración, respaldada por la Casa Blanca y citando palabras del presidente Donald Trump, enmarca a los cárteles mexicanos no solo como organizaciones criminales, sino como “terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras”. Según Johnson, este cambio de enfoque exige tratarlos “como organizaciones terroristas armadas” y no como simples narcotraficantes.
El discurso se vende como “cooperación soberana” y “frente conjunto”, pero implica un endurecimiento en la estrategia binacional. Johnson aseguró que “los cárteles son los que deberían de tener miedo” y subrayó que el trabajo en la frontera incluirá no solo el combate a drogas y su distribución, sino también la inmigración ilegal, sumando así varios frentes a una sola agenda de seguridad.
En la práctica, el énfasis en “todas las herramientas” no excluye recursos militares, inteligencia conjunta o acciones directas en territorio mexicano, un escenario que en otras épocas habría encendido alarmas diplomáticas. Hoy, en nombre de la seguridad compartida, se normaliza como parte de la narrativa oficial.
