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Gaby Pérez
Hermosillo, Sonora – 23 de agosto de 2025. Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón del boxeo mexicano, fue vinculado a proceso por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, el juez federal Enrique Hernández Miranda decidió que enfrentará el proceso en libertad condicional, a pesar de que la Fiscalía General de la República presentó más de 20 datos de prueba en su contra, de los cuales la defensa tachó al menos nueve como infundados.
El caso del hijo del “Gran Campeón Mexicano” ha sido seguido de cerca desde su arresto en Los Ángeles el pasado 2 de julio, cuando fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos debido a irregularidades en su residencia y declaraciones falsas en trámites migratorios. Esa detención activó de inmediato una orden de aprehensión vigente en México desde 2023, derivada de una investigación que se abrió en 2019 y que lo vinculaba con presuntas operaciones de tráfico de armas. Tras ser deportado el 18 de agosto, fue entregado a autoridades mexicanas en Nogales, Sonora, y trasladado al Cefereso número 11 en Hermosillo, donde permaneció hasta la audiencia clave de este sábado.
En la diligencia, que se realizó bajo fuertes medidas de seguridad, el juez determinó que Chávez Jr. deberá permanecer bajo libertad condicional y con medidas restrictivas: no podrá salir del país salvo para actividades deportivas previamente autorizadas y tiene prohibido acercarse a los agentes de la Policía Federal Ministerial que participaron en la investigación. La audiencia fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con una nueva cita en los tribunales para el 24 de noviembre de 2025.
La resolución no tardó en generar controversia. Por un lado, la FGR sostiene que existen elementos que muestran vínculos entre el expugilista y operadores del Cártel de Sinaloa, aunque su defensa insiste en que las pruebas son débiles y carentes de sustento. Por el otro, la opinión pública cuestiona cómo un caso de tal gravedad se resuelve con medidas cautelares que permiten al acusado continuar con su vida prácticamente en libertad.
A la salida de la audiencia, el propio Chávez Jr. aseguró que confía en que “no van a encontrar nada” en su contra. Su padre, Julio César Chávez, defendió la inocencia de su hijo recordando que, si bien ha tenido problemas de adicciones y episodios de descontrol, “no es un delincuente”. Incluso su hermano Omar se pronunció en redes sociales pidiendo respeto a la presunción de inocencia y asegurando que, aun cuando “todo Culiacán estuviera en la cárcel, él sería el menos culpable”.
El caso de Chávez Jr. se ha convertido en un fenómeno mediático que trasciende lo judicial. No solo porque implica al hijo de una figura nacional, sino porque exhibe las contradicciones del sistema judicial mexicano: mientras la Fiscalía asegura tener pruebas de delitos de alto impacto, un juez le otorga libertad inmediata bajo condiciones mínimas. La próxima audiencia será determinante para saber si las acusaciones logran sostenerse o si el proceso se diluye entre los reflectores del espectáculo y la fragilidad de las pruebas.
El caso del hijo del “Gran Campeón Mexicano” ha sido seguido de cerca desde su arresto en Los Ángeles el pasado 2 de julio, cuando fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos debido a irregularidades en su residencia y declaraciones falsas en trámites migratorios. Esa detención activó de inmediato una orden de aprehensión vigente en México desde 2023, derivada de una investigación que se abrió en 2019 y que lo vinculaba con presuntas operaciones de tráfico de armas. Tras ser deportado el 18 de agosto, fue entregado a autoridades mexicanas en Nogales, Sonora, y trasladado al Cefereso número 11 en Hermosillo, donde permaneció hasta la audiencia clave de este sábado.
En la diligencia, que se realizó bajo fuertes medidas de seguridad, el juez determinó que Chávez Jr. deberá permanecer bajo libertad condicional y con medidas restrictivas: no podrá salir del país salvo para actividades deportivas previamente autorizadas y tiene prohibido acercarse a los agentes de la Policía Federal Ministerial que participaron en la investigación. La audiencia fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con una nueva cita en los tribunales para el 24 de noviembre de 2025.
La resolución no tardó en generar controversia. Por un lado, la FGR sostiene que existen elementos que muestran vínculos entre el expugilista y operadores del Cártel de Sinaloa, aunque su defensa insiste en que las pruebas son débiles y carentes de sustento. Por el otro, la opinión pública cuestiona cómo un caso de tal gravedad se resuelve con medidas cautelares que permiten al acusado continuar con su vida prácticamente en libertad.
A la salida de la audiencia, el propio Chávez Jr. aseguró que confía en que “no van a encontrar nada” en su contra. Su padre, Julio César Chávez, defendió la inocencia de su hijo recordando que, si bien ha tenido problemas de adicciones y episodios de descontrol, “no es un delincuente”. Incluso su hermano Omar se pronunció en redes sociales pidiendo respeto a la presunción de inocencia y asegurando que, aun cuando “todo Culiacán estuviera en la cárcel, él sería el menos culpable”.
El caso de Chávez Jr. se ha convertido en un fenómeno mediático que trasciende lo judicial. No solo porque implica al hijo de una figura nacional, sino porque exhibe las contradicciones del sistema judicial mexicano: mientras la Fiscalía asegura tener pruebas de delitos de alto impacto, un juez le otorga libertad inmediata bajo condiciones mínimas. La próxima audiencia será determinante para saber si las acusaciones logran sostenerse o si el proceso se diluye entre los reflectores del espectáculo y la fragilidad de las pruebas.
