Jaqueline Sagahón
24 de septiembre de 2025
La consigna de que “es tiempo de mujeres” se estrella contra la realidad cuando se revisan documentos oficiales que muestran cómo desde Bucareli se turnaron ascensos navales que hoy están bajo sospecha. El 10 de noviembre de 2023, la Secretaría de Marina remitió a la entonces titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, un oficio “por orden del presidente” acompañado de 182 extractos de antecedentes de oficiales de la Armada de México propuestos para ascenso. La Segob, como marca el procedimiento, lo envió al Senado para su ratificación. Lo grave es que en esos paquetes aparecieron los nombres de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del propio secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y hoy investigados como operadores de una red de huachicol fiscal.
Los Farías Laguna no eran simples marinos de carrera. Diversas investigaciones periodísticas y reportes de la Fiscalía los ubican como cabecillas de un esquema de contrabando que disfrazaba combustible de “aditivos” para evadir el IEPS, operando en puertos y aduanas estratégicas. En septiembre de este año, uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto, fue detenido en Tamaulipas en el marco de un operativo contra la red que desvió millones de pesos al fisco. La estructura operaba desde 2023 y contaba con complicidades tanto en el sector privado como en mandos navales.
El procedimiento formal de ascensos es claro: el Ejecutivo propone, el Senado ratifica y la Secretaría de Gobernación funciona como conducto. Pero cuando ese canal incluye a familiares directos del titular de Marina, y esos familiares terminan bajo investigación penal por huachicol, el trámite administrativo se transforma en un caso político. Porque en los hechos, Bucareli permitió que ascendieran los sobrinos de Ojeda sin cuestionamientos, con el respaldo automático de la mayoría de Morena en el Congreso.
Morena ha respondido que se trata de calumnias fabricadas por la oposición, pero los oficios con sellos, firmas y fechas son públicos y reposan en la Gaceta del Senado. No es una narrativa inventada: es un documento de la propia administración que ahora vincula a Luisa Alcalde con un proceso donde confluyeron nepotismo, opacidad y la sombra de un negocio multimillonario de combustible.
La conclusión es incómoda: en el sexenio de la 4T, la paridad de género se ha usado como bandera política, pero no ha impedido que mujeres en el poder participen de los mismos vicios que se atribuían al viejo régimen. Alcalde fue la encargada de girar el trámite legislativo que permitió ascender a los sobrinos huachicoleros de Ojeda. Y por más que se intente maquillar el episodio como una rutina administrativa, la realidad es que la corrupción no distingue género: se viste de legalidad, se tramita en oficios con membrete y se aprueba sin debate en el Senado.
Los Farías Laguna no eran simples marinos de carrera. Diversas investigaciones periodísticas y reportes de la Fiscalía los ubican como cabecillas de un esquema de contrabando que disfrazaba combustible de “aditivos” para evadir el IEPS, operando en puertos y aduanas estratégicas. En septiembre de este año, uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto, fue detenido en Tamaulipas en el marco de un operativo contra la red que desvió millones de pesos al fisco. La estructura operaba desde 2023 y contaba con complicidades tanto en el sector privado como en mandos navales.
El procedimiento formal de ascensos es claro: el Ejecutivo propone, el Senado ratifica y la Secretaría de Gobernación funciona como conducto. Pero cuando ese canal incluye a familiares directos del titular de Marina, y esos familiares terminan bajo investigación penal por huachicol, el trámite administrativo se transforma en un caso político. Porque en los hechos, Bucareli permitió que ascendieran los sobrinos de Ojeda sin cuestionamientos, con el respaldo automático de la mayoría de Morena en el Congreso.
Morena ha respondido que se trata de calumnias fabricadas por la oposición, pero los oficios con sellos, firmas y fechas son públicos y reposan en la Gaceta del Senado. No es una narrativa inventada: es un documento de la propia administración que ahora vincula a Luisa Alcalde con un proceso donde confluyeron nepotismo, opacidad y la sombra de un negocio multimillonario de combustible.
La conclusión es incómoda: en el sexenio de la 4T, la paridad de género se ha usado como bandera política, pero no ha impedido que mujeres en el poder participen de los mismos vicios que se atribuían al viejo régimen. Alcalde fue la encargada de girar el trámite legislativo que permitió ascender a los sobrinos huachicoleros de Ojeda. Y por más que se intente maquillar el episodio como una rutina administrativa, la realidad es que la corrupción no distingue género: se viste de legalidad, se tramita en oficios con membrete y se aprueba sin debate en el Senado.
