28/09/25
El amparo ha sido, hasta hoy, la herramienta más poderosa que tienen las personas para frenar los abusos de autoridad cuando ven afectados sus derechos, ya sea la vida, la integridad o la propiedad. A partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, se amplió esta protección a derechos colectivos como los ambientales y culturales.
Sin embargo, la reforma del oficialismo es restrictiva, poniendo limitaciones a esta figura en sus tres etapas: admisión, suspensión y sentencia.
La reforma endurece los requisitos del interés legítimo, estableciendo que la persona quejosa deberá acreditar una lesión jurídica real, actual y diferenciada, y que la suspensión del acto produzca un efecto cierto y directo. Esto es un grave retroceso a los derechos humanos, afectando sobre todo a las comunidades.
Para dimensionarlo, veamos un ejemplo: si una comunidad está respirando aire contaminado de una refinería, el quejoso tendría que demostrar que ya tiene daños directos en su salud. Así, el amparo pierde todo su sentido preventivo, que es el corazón del mismo.
La reforma agrega un requisito adicional: el juez deberá valorar si dicha suspensión afecta al interés social, al orden público o al interés público. Si considera que provoca un daño significativo a la colectividad o priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden, puede negarla. Estos conceptos jurídicos son indeterminados y dejan un amplio margen de interpretación. Es claro que esto busca defender al gobierno en proyectos que incluso ejecuta sin estudios de impacto ambiental.
Uno de los cambios más preocupantes es que las multas por incumplir sentencias ya no las pagará el funcionario responsable; ahora serán con dinero público. Esto incentiva que las autoridades desobedezcan los fallos sin mayor consecuencia. Además, dichas autoridades no estarán obligadas a cumplir las sentencias, pues según la reforma podrán argumentar imposibilidad jurídica o material. Por ejemplo, en un hospital podrían decir: “no tengo los recursos para aplicarte un tratamiento contra el cáncer” o realizar alguna cirugía.
Una de las cosas positivas de la reforma es acortar plazos. En teoría, estas son buenas medidas, pues buscan agilizar los juicios. Sin embargo, imponer plazos sin mejorar el presupuesto ni aumentar el personal no servirá de nada. El propio Poder Judicial ha señalado que este es el mayor problema. La OCDE dice que el estándar internacional recomienda 65 jueces por cada 100 000 habitantes; en México tenemos solo 4.
En 2025 se presentaron más de 624 000 amparos, un aumento del 18 % respecto a 2018. Esto demuestra la necesidad de esta figura para defender los derechos de las personas.
Muchos nos preguntamos: si ya tienen juzgadores militantes del partido en el poder, ¿por qué hacer una reforma pro autoridades?
El amparo es la última línea de defensa, sobre todo ante la enorme concentración de poder actual.
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En la imagen observamos a Manuel Crecensio Rejón, padre del amparo de México, rompiendo las cadenas del autoritarismo.
