Maria Gil
23 de septiembre de 2025
El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y de firmas como TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, enfrenta un nuevo golpe judicial en Estados Unidos. La jueza Andrea Masley, de la Corte Suprema de Nueva York, emitió una orden de detención en su contra por incumplir con pagos derivados de un litigio con AT&T, compañía que en 2014 adquirió Iusacell y Nextel México al propio magnate. La resolución fijó un plazo de dos semanas para liquidar 20 millones de dólares o, de lo contrario, ingresar a Rikers Island, uno de los penales más duros de la Unión Americana. Para ganar tiempo, Salinas depositó una fianza de 25 millones de dólares e interpuso un recurso de apelación, aunque las sanciones continúan vigentes.
El caso se originó en los pasivos fiscales y compromisos contractuales que AT&T asegura no fueron saldados al momento de la compraventa de Iusacell. Según documentos judiciales, el tribunal neoyorquino ha encontrado a Salinas y a sus empresas en desacato por negarse a entregar información financiera y por incumplir con órdenes previas. Las sanciones van más allá del pago: se estableció una multa de 15 mil dólares diarios por cada día de retraso, que a partir de noviembre de 2024 comenzó a duplicarse hasta alcanzar el monto total de la sentencia. Además, la corte determinó que Banco Azteca, Elektra y el propio Salinas podían considerarse “alter egos” de Grupo Salinas, con lo que la responsabilidad por las deudas podría extenderse de manera personal y directa.
Este no es un hecho aislado. Salinas Pliego enfrenta múltiples frentes legales que dibujan un patrón: 565 millones de dólares reclamados por tenedores de bonos en Estados Unidos, alrededor de 74 mil millones de pesos en adeudos fiscales con el SAT en México y acusaciones de la SEC estadounidense por operaciones financieras con beneficio personal oculto, estimadas en más de 100 millones de dólares. En todos los casos, el magnate ha negado las deudas y ha insistido en que se trata de persecución o malentendidos legales, aunque las cortes extranjeras han mostrado disposición a sancionarlo severamente.
La historia se enmarca en la operación fallida de AT&T en México. La multinacional invirtió más de 4 mil millones de dólares para competir con América Móvil de Carlos Slim, pero hoy busca vender su filial mexicana en unos 2 mil millones, mientras exige que Salinas pague obligaciones que, a su juicio, debieron resolverse antes de la venta. En paralelo, la jueza Masley también declaró en desacato a Francisco Borrego, asesor del grupo, y ordenó su comparecencia personal en Nueva York.
El deterioro de la situación legal del empresario ha trascendido al ámbito político y simbólico. Salinas, que se presenta como crítico del poder y defensor del libre mercado, se ha convertido en ejemplo de cómo los litigios fiscales y financieros pueden acorralar incluso a los hombres más ricos de México. Mientras presume en redes sociales un estilo de vida excéntrico y discursos contra la autoridad, sus mayores batallas no las libra en el país, sino en tribunales extranjeros que lo acusan no de ideología, sino de dinero.
El desenlace es incierto. La apelación podría darle oxígeno, pero la presión judicial se intensifica y ya no se limita a multas millonarias: la amenaza de la cárcel, aun en Rikers Island, marca un parteaguas en la relación entre un empresario mexicano y la justicia estadounidense. Lo que parecía una disputa comercial se ha transformado en una advertencia para otros magnates: los contratos firmados en Nueva York se cumplen en Nueva York, sin importar el tamaño de la fortuna ni la influencia política que se presuma en casa.
