Alonso Quijano
8 de noviembre de 2025 | Ciudad de México
El bloque legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó esta semana una iniciativa de reforma constitucional que plantea modificar las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según dicho texto, la consulta de revocación de mandato para la presidenta Claudia Sheinbaum se llevaría a cabo el 1 de junio de 2027, coincidiendo con la jornada de elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados.
Oficialmente, los argumentos desplegados por Morena señalan que esta modificación busca dos objetivos: “optimizar los recursos públicos” al unificar procesos electorales y “elevar la participación ciudadana”. No obstante, analistas y legisladores de oposición advierten que la maniobra encierra un propósito político claro: convertir el ejercicio de revocación —que debería funcionar como mecanismo de control ciudadano sobre la mandataria— en una especie de ratificación institucionalizada al coincidir con una elección en la que su partido aspira a conservar mayorías.
La revocación de mandato presidencial en México —hasta ahora aplicada al periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2022— seguía la lógica de realizarse en fecha distinta a cualquier otra elección, para evitar confusión entre los procesos de ratificación o promoción política. La propuesta de Morena, sin embargo, rompería ese precedente: al empatar la revocación con la elección de diputados, se abre la puerta a que la mandataria aparezca como un “ancla electoral” de facto para su partido, lo que podría vulnerar la neutralidad del proceso.
Desde la bancada morenista se sostiene que no se trata de blindar a Sheinbaum, sino de “crear un nuevo sistema de rendición de cuentas” y eliminar la necesidad de convocar un proceso adicional en 2028, que implicaría “despilfarro” de recursos. En cambio, la oposición lo considera una “puerta trasera” para que la mandataria aparezca en la boleta electoral, influya en los comicios y consolide la hegemonía del partido gobernante. El diputado Rubén Moreira Valdez del Partido Revolucionario Institucional afirmó que el plan representa “una reforma constitucional que va a volver constitucional todas las violaciones que se quieran hacer” en materia de uso del Ejecutivo como fuerza electoral.
En términos jurídicos, el cambio propuesto plantea desafíos importantes:
La norma actual exige que la revocación de mandato se realice antes de concluir el tercer año del mandato presidencial y en fecha diferente a las elecciones ordinarias.
Al coincidir la consulta con elecciones generales, se abre la discusión sobre la vulneración del principio de imparcialidad electoral y del apartado que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción del proceso.
Si la intención tácita es transformar el ejercicio en una ratificación más que una revocación, se estaría alterando de facto la naturaleza de la figura constitucional, que tiene como fin permitir que la ciudadanía determine si un mandatario debe continuar o separarse del cargo, no certificar su continuidad.
Para el periodismo crítico y el análisis político en México, esta propuesta reviste gran relevancia. No se trata únicamente de una modificación técnica de calendario electoral, sino de una movida que puede alterar el equilibrio institucional y la percepción de legitimidad del proceso democrático. El riesgo es que, bajo la justificación del ahorro o la participación, se inmovilice el valor real de la revocación como herramienta ciudadana de control.
La discusión en la Cámara de Diputados avanzará en la Comisión de Puntos Constitucionales — presidida por otro legislador de Morena, Leonel Godoy Rangel — lo que sugiere que la mayoría oficialista tiene la ruta despejada para tramitar la reforma. En el horizonte, la pregunta clave es si se preservará el auténtico carácter de la revocación como mecanismo legítimo de rendición de cuentas o si será convertida en un instrumento electoral más para dar continuidad institucional al oficialismo.
En conclusión, la iniciativa de Morena hacia la revocación de mandato de Sheinbaum representa un cruce entre reformas legales, estrategia electoral y control político. Más allá del ahorro de recursos y el llamado a la participación, el análisis debe examinar qué tan compatible es este diseño con los principios democráticos que deberían regir el poder público en México.
