23 de noviembre de 2025
El brillo internacional de Miss Universo quedó opacado por una controversia que conecta pasarelas, contratos petroleros y vínculos familiares al más alto nivel de la administración federal. La historia comienza en 2023, cuando Pemex Exploración y Producción adjudicó un contrato por aproximadamente 745 millones de pesos al consorcio integrado por Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., esta última propiedad del empresario Raúl Rocha Cantú, quien también es dueño de la organización Miss Universo. La adjudicación, registrada en documentos oficiales de Pemex y disponible en su plataforma de contrataciones, ha detonado un escándalo porque se produjo mientras Bernardo Bosch Hernández, padre de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, ocupaba un cargo directivo en la paraestatal.
La coincidencia temporal entre el millonario contrato y la presencia del padre de la reina de belleza en la estructura de Pemex abre un espacio inevitable para cuestionamientos públicos, especialmente cuando se trata de recursos públicos, empresas recién creadas y consorcios que no figuraban entre los operadores tradicionales del sector energético. La empresa Soluciones Gasíferas del Sur fue constituida a finales de 2020 y, pese a su reciente creación, obtuvo parte de uno de los contratos más grandes de ese año para la “construcción de ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos”, un proyecto estratégico para la región sur en los activos de producción de PEP. Aunque Pemex ha insistido en que el proceso fue legal, que la licitación fue abierta y que el área en la que trabajaba Bernardo Bosch no intervino de forma alguna en la adjudicación, el escrutinio crece a medida que se revelan más detalles.
A la polémica se suma el historial del propio Bernardo Bosch, quien en 2019 había sido inhabilitado por presunto enriquecimiento ilícito, aunque posteriormente un tribunal le devolvió sus derechos alegando irregularidades en la sanción. La existencia de este antecedente, aun cuando quedó sin efectos, alimenta la percepción pública de un entorno donde las fronteras entre interés privado y responsabilidad pública se difuminan con facilidad. A ello se agrega que partes del contrato fueron clasificadas por “seguridad nacional” o “secreto comercial”, lo que impide conocer completamente las condiciones de adjudicación y ejecución, reforzando la suspicacia de que algunos elementos podrían favorecer a los participantes ganadores.
El otro socio del contrato, el empresario Higinio Reséndiz Cantú, dueño de Servicios PJP4, aparece en diversas investigaciones periodísticas como parte de un círculo empresarial que, según medios internacionales, mantiene cercanía con la familia Bosch. Si bien la amistad no implica ilegalidad, en el contexto de una licitación pública millonaria sí constituye un factor relevante para evaluar posibles conflictos de interés o ventajas competitivas derivadas de relaciones personales. La situación escaló a niveles globales cuando portales internacionales, al analizar el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, comenzaron a plantear la posibilidad de que “alguien más decidió” su coronación, insinuaciones que se han viralizado sin que exista prueba concluyente, pero que han contribuido a encender la discusión sobre el caso Pemex-Miss Universo en la arena internacional.
La coincidencia entre poder económico, vínculos familiares y la obtención de un título de relevancia global ha provocado que la narrativa pública se centre en la pregunta que el gobierno no ha sabido disipar: ¿por qué una empresa recién creada, vinculada al dueño de Miss Universo y asociada con empresarios cercanos a la familia de la ganadora, recibió un contrato millonario durante la gestión en Pemex del padre de la propia reina? La respuesta oficial ha sido limitada, basada principalmente en la legalidad formal del concurso. Sin embargo, para una ciudadanía acostumbrada a escuchar promesas de transparencia y combate frontal a la corrupción, la mera apariencia de conflicto de interés es ya un problema político por sí mismo.
El escándalo continúa creciendo porque afecta dos frentes simultáneos: la credibilidad de Pemex y la credibilidad de la propia organización Miss Universo. Por un lado, la administración federal se enfrenta al cuestionamiento de si permite o no redes de cercanía y favoritismo en el reparto de contratos estratégicos; por otro, la coronación de Fátima Bosch queda atrapada en un torbellino mediático que trasciende por completo el ámbito del certamen y coloca la disputa en el terreno de la integridad institucional. La principal afectada es, paradójicamente, la propia reina, cuya victoria queda bajo sospecha no por su desempeño, sino por la estructura política que rodea a su familia.
La historia, que comenzó como una revelación mediática sobre un contrato petrolero, ha evolucionado hasta convertirse en un caso emblemático de cómo las decisiones de una administración pública pueden afectar la reputación de figuras globales y cómo la opacidad en contratos estatales puede, incluso sin prueba de delito, manchar la legitimidad de procesos que deberían ser incuestionables. Mientras no se esclarezcan todas las relaciones, documentos y decisiones que llevaron a la adjudicación de este contrato, el caso seguirá alimentando titulares y será recordado como uno de los episodios más embarazosos de la llamada Cuarta Transformación en materia de combate a la corrupción. La corona, al final, no pesa por el oro, sino por el petróleo que ahora la salpica.
