El almirante Frank Mitchell Bradley, figura destacada de las Operaciones Especiales de Estados Unidos, enfrenta cuestionamientos legales tras ordenar un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe, donde murieron dos sobrevivientes del primer impacto. La acción ocurrió el 2 de septiembre, en una misión antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump.
Aunque Bradley es conocido por operaciones precisas en zonas de guerra como Afganistán y Yemen, esta misión ha generado dudas sobre la legalidad de sus decisiones, especialmente porque sus superiores aseguran que no recibió instrucción alguna para realizar un segundo ataque.
La situación se complicó cuando Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitieron declaraciones contradictorias: el presidente afirmó que no aprobaba un segundo ataque, mientras Hegseth negó haberlo ordenado pese a haber dicho antes que seguía la operación en tiempo real. La Casa Blanca, por su parte, señaló que Bradley actuó dentro de su autoridad.
Analistas advierten que estas versiones enfrentadas dejan al almirante expuesto y sin respaldo claro. Legisladores de ambos partidos han pedido revisar la operación, y Bradley deberá presentarse en el Capitolio para explicar su actuación en sesiones privadas.
