Hacienda entrega 50 MDP de estímulo fiscal a Minsa, empresa vinculada con Altagracia Gómez



13 de diciembre de 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó un estímulo fiscal por 50 millones de pesos a favor de Minsa Comercial, S.A. de C.V., empresa que forma parte del grupo empresarial de Altagracia Gómez Sierra, conocida por su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Este beneficio fue otorgado a través del Programa de Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT) 2025, cuyo objetivo oficial es impulsar actividades de investigación, desarrollo e innovación en el país, permitiendo que los contribuyentes acrediten hasta el 30 % de sus gastos en estas áreas contra el Impuesto sobre la Renta causado en el ejercicio fiscal. El monto que recibió Minsa representa el tope máximo previsto por este esquema para un solo contribuyente.

El proyecto presentado por la empresa se denominó “Revalorización energética y tratamiento avanzado de agua”, uno de los 21 seleccionados para recibir recursos bajo este incentivo gubernamental. El comité interinstitucional responsable autorizó en total más de 561 millones de pesos destinados a distintas empresas en el país, desde grandes corporativos hasta firmas de menor tamaño.

La entrega de este cuantioso estímulo cobra relevancia política debido a la relación entre la beneficiaria y la titular del Ejecutivo federal. Altagracia Gómez ha sido señalada en el pasado como asesora empresarial de Claudia Sheinbaum, circunstancia que ha generado cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés en el otorgamiento de contratos y beneficios oficiales, aunque hasta ahora no existe una investigación formal que establezca ilegalidad o violación del marco normativo.

Cabe destacar que este apoyo se da en un contexto de lento crecimiento económico en México, lo que ha aumentado el escrutinio sobre cómo se destinan los recursos públicos y qué empresas son seleccionadas para recibir incentivos. El EFIDT 2025 fue diseñado para estimular inversión privada en tecnología y ciencia, pero casos como este han abierto el debate sobre transparencia y criterios objetivos de asignación, especialmente cuando se trata de personas con vínculos políticos visibles.