Jorge Montejo
18 de diciembre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado de la República autorizar el ingreso temporal de fuerzas especiales de Estados Unidos a territorio mexicano para realizar labores de capacitación con personal de la Secretaría de Marina, una decisión que ha abierto un debate no solo jurídico, sino político, por las implicaciones reales que podría tener en materia de soberanía, seguridad regional y alineamiento con la agenda de Washington.
La petición contempla la entrada de 29 elementos estadounidenses, 19 de los Navy SEAL’s y 10 del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos. De acuerdo con la solicitud enviada a la Cámara Alta, los efectivos arribarían al país en un avión militar Hércules C-130, portarían armamento y permanecerían en México durante tres meses, del 12 de enero al 15 de abril de 2026.
El objetivo formal del despliegue es la capacitación de personal naval mexicano mediante ejercicios divididos en cuatro fases, que abarcan operaciones terrestres, aeromóviles y marítimas. Las sedes previstas son instalaciones militares en el Estado de México y Campeche, entidades que, de acuerdo con analistas y críticos, no fueron elegidas al azar.
En el caso de Campeche, diversas lecturas políticas advierten que el interés estratégico va más allá del entrenamiento. Señalan que la zona del Golfo de México es clave para el control de rutas marítimas utilizadas por embarcaciones rápidas para el trasiego de drogas, particularmente fentanilo, que Estados Unidos ya cataloga como una amenaza de destrucción masiva. Bajo esta lógica, la presencia de fuerzas de élite estadounidenses permitiría reforzar la vigilancia marítima y el monitoreo de flujos ilegales, pero también supervisar rutas energéticas sensibles, incluidas las relacionadas con el envío de petróleo mexicano a Cuba, una práctica que ha sido cuestionada por sectores críticos que la consideran un subsidio político disfrazado de cooperación “humanitaria”.
Respecto al Estado de México, fuentes y versiones que circulan en círculos de seguridad apuntan a que la región ha sido utilizada como zona de repliegue y ocultamiento por grupos criminales y células violentas que habrían huido de la frontera norte tras el incremento de la presión y vigilancia estadounidense. De acuerdo con estas interpretaciones, el cerco impuesto por agencias y fuerzas armadas de Estados Unidos en la frontera habría desplazado a estos grupos hacia el centro del país, donde buscan diluirse y reorganizarse, lo que explicaría el interés en realizar ejercicios de control territorial y operaciones conjuntas en esa región.
Todo ello se inscribe en un mismo contexto: la redefinición de la “guerra” contra el fentanilo tras su catalogación como una amenaza estratégica por parte de Estados Unidos, así como el endurecimiento de su política exterior y de seguridad ante conflictos regionales, incluida la escalada de tensiones con Venezuela. En ese escenario, México aparece cada vez más alineado a las prioridades de Washington, pese al discurso oficial que insiste en la no intervención y la defensa de la soberanía.
La contradicción es evidente. El gobierno de Sheinbaum se presenta como de izquierda, crítico del intervencionismo estadounidense y heredero de un proyecto que durante años denunció la subordinación de México a intereses extranjeros. Sin embargo, en los hechos, mantiene y profundiza la cooperación militar con Estados Unidos, acepta el ingreso de fuerzas armadas de élite al país y reproduce esquemas de seguridad diseñados fuera del territorio nacional, al tiempo que se apoya en alianzas con expriistas y estructuras políticas del viejo régimen que decía combatir.
Mientras el discurso público insiste en una política exterior soberana y autónoma, las decisiones concretas revelan una doble moral: crítica a Estados Unidos en la retórica, pero alineamiento en la práctica. El Senado tendrá ahora la responsabilidad de decidir si actúa como un contrapeso real o si valida, una vez más, una estrategia que normaliza la presencia militar extranjera en México bajo el argumento de la cooperación, pero con implicaciones mucho más profundas para la seguridad y la política nacional.
