Huichapan, Hidalgo | Aniversario luctuoso LV de Javier Rojo Gómez
Jorge Montejo
1 de enero de 2026
La guardia de honor por el LV aniversario luctuoso de Javier Rojo Gómez no fue un simple acto conmemorativo. Fue, como suelen serlo en Hidalgo, una liturgia política cuidadosamente medida, donde la memoria histórica se utiliza como mensaje, advertencia y, sobre todo, como recordatorio de quiénes siguen teniendo raíces y quiénes sólo administran el poder de paso. La presencia de José Antonio Rojo y del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, en representación del gobierno estatal, confirmó que Huichapan sigue siendo un territorio simbólico que ningún régimen puede darse el lujo de ignorar.
Javier Rojo Gómez no es una figura cómoda para los gobiernos contemporáneos. Su legado remite a una etapa en la que el poder político en Hidalgo se sostenía —para bien y para mal— sobre bases sociales reales: reparto de tierras, organización campesina, construcción de lealtades territoriales y una noción del Estado como agente activo en la redistribución. Ese pasado contrasta violentamente con el modelo que se impuso a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando el neoliberalismo se convirtió en doctrina oficial.
Pero en Hidalgo, incluso ese modelo llegó mal y torcido. No hubo competencia real ni modernización productiva. Lo que los exgobernadores priistas de Hidalgo implantaron fue una red de concesiones otorgadas a amigos del poder, contratos públicos inflados, empresarios hechos al vapor y fortunas construidas al amparo del presupuesto. Políticos, prestanombres y empresarios corruptos conformaron una élite cerrada que sustituyó el desarrollo por el saqueo administrado. El discurso de eficiencia ocultó una práctica de depredación.
Para el grupo Huichapan, el viraje no fue sólo ideológico sino profundamente traicionero. El sistema político que se instauró bajo la lógica del capitalismo de cuates terminó por devorar a quienes no se plegaron a la nueva ética del negocio fácil. Exgobernadores que llegaron con el discurso de modernización y eficiencia utilizaron el poder no para gobernar, sino para enriquecerse, tejer redes de prestanombres y repartir contratos entre aliados, mientras operaban activamente para desplazar al grupo Huichapan de los espacios de decisión. No fue una derrota electoral ni un relevo natural: fue una operación de Estado para sacarlos del poder y liberar el camino a negocios realizados al amparo del gobierno, rompiendo con una tradición política de base social y sustituyéndola por una lógica patrimonialista donde el poder dejó de ser representación y se convirtió en botín.
En este orden de ideas, los exgobernadores del llamado “Nuevo PRI” hidalguense, lejos de corregir ese desvío, operó quirúrgicamente para desplazar a los viejos grupos con arraigo social —entre ellos el de Huichapan— y concentrar el control político y económico en círculos cada vez más reducidos. No fue una transición ideológica, sino una purga pragmática: sacar de la jugada a quienes tenían base social propia y sustituirlos por operadores dependientes del favor gubernamental.
Sin embargo, el grupo Huichapan no desapareció. Sobrevivió porque su fuerza no proviene sólo de cargos ni de presupuestos, sino de una memoria colectiva anclada en políticas sociales concretas. El reparto agrario en el que participó Javier Rojo Gómez dejó algo que el neoliberalismo nunca pudo fabricar: legitimidad territorial. Esa base social, silenciosa pero persistente, explica por qué cada aniversario luctuoso sigue convocando atención política de alto nivel.
La guardia de honor, entonces, no fue un acto nostálgico. Fue un reconocimiento simbólico —aunque el gobierno no lo diga— que hay genealogías políticas que no se extinguen con decretos ni con alternancias administrativas. Huichapan recuerda que el poder no sólo se ejerce; también se hereda, se disputa y se conserva en la memoria de la tierra y de la gente.
En Hidalgo, la historia no está cerrada. Y cada vez que se rinde homenaje a Javier Rojo Gómez, queda claro que el pasado sigue siendo una herramienta peligrosa para quienes gobiernan sin raíces y una reserva estratégica para quienes aún las conservan.
Sin embargo, el grupo Huichapan no desapareció. Sobrevivió porque su fuerza no proviene sólo de cargos ni de presupuestos, sino de una memoria colectiva anclada en políticas sociales concretas. El reparto agrario en el que participó Javier Rojo Gómez dejó algo que el neoliberalismo nunca pudo fabricar: legitimidad territorial. Esa base social, silenciosa pero persistente, explica por qué cada aniversario luctuoso sigue convocando atención política de alto nivel.
La guardia de honor, entonces, no fue un acto nostálgico. Fue un reconocimiento simbólico —aunque el gobierno no lo diga— que hay genealogías políticas que no se extinguen con decretos ni con alternancias administrativas. Huichapan recuerda que el poder no sólo se ejerce; también se hereda, se disputa y se conserva en la memoria de la tierra y de la gente.
En Hidalgo, la historia no está cerrada. Y cada vez que se rinde homenaje a Javier Rojo Gómez, queda claro que el pasado sigue siendo una herramienta peligrosa para quienes gobiernan sin raíces y una reserva estratégica para quienes aún las conservan.
