Alonso Quijano
Acapulco, Guerrero, 7 de enero de 2026.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en contra de la presidenta municipal de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, por el presunto delito de cohecho, relacionado con la posesión de un collar de la casa francesa Van Cleef & Arpels valuado en 227 mil pesos. De acuerdo con un documento al que tuvo acceso el diario El Sur, la indagatoria quedó radicada en la carpeta 12022200300020071125, instruida “por el hecho que la ley señala como delito de cohecho y lo que resulte”.
Como parte de las diligencias iniciales, la Fiscalía emitió una orden de presentación para que la alcaldesa acuda a rendir su declaración sobre los hechos. La denuncia fue promovida por el ex candidato a la alcaldía, Ramiro Solorio Almazán, y dio pie a que el Ministerio Público iniciara la recopilación de información para determinar posibles responsabilidades. En ese contexto, la FGE solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) la documentación que acredita a López Rodríguez como presidenta municipal de Acapulco, con el fin de robustecer la investigación.
El expediente refiere que este lunes comparecieron ante la Fiscalía Anticorrupción dos testigos presenciales, así como el propio denunciante. El señalamiento central es que ningún servidor público puede recibir regalos cuantiosos, por lo que el obsequio del collar podría actualizar el tipo penal. El sustento jurídico invocado es el artículo 283 del Código Penal del Estado, que establece que comete cohecho el servidor público que solicite o reciba indebidamente dinero, dádivas o presentes, o acepte promesas para hacer o dejar de hacer actos relacionados con sus funciones. La norma prevé penas de seis a dieciséis años de prisión y multas elevadas cuando el monto excede mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La controversia se desató luego de que la alcaldesa luciera el collar durante una sesión de Cabildo y, días después, respondiera públicamente a los cuestionamientos: “¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron. ¿Y les voy a decir ‘no, no te lo acepto’? Yo agradezco su amor y cariño del pueblo”. Mientras la investigación avanza, la autoridad deberá acreditar —o descartar— que el obsequio tuvo relación con el ejercicio del cargo, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa los límites entre la vida personal de los servidores públicos y las obligaciones legales que rigen su función.
