Alonso Quijano
13 de enero de 2026
Horas después de la conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, la política mexicana registró un movimiento que, en cualquier democracia que se tome en serio la palabra “soberanía”, no debería pasar inadvertido: Adán Augusto López (coordinador de Morena en el Senado) y Ricardo Monreal (coordinador de Morena en la Cámara de Diputados) acudieron a Palacio Nacional la tarde-noche del lunes para reunirse con la presidenta. Versiones públicas apuntan a que el encuentro tuvo como eje la agenda legislativa —reforma electoral, revocación de mandato, fuero, y medidas contra delincuencia organizada, entre otras—, y así lo declaró Monreal a medios al salir del recinto.
El contexto, sin embargo, es lo que vuelve políticamente explosiva esa reunión: en Washington se ha endurecido el lenguaje y se han multiplicado las señales institucionales de presión. En una comunicación oficial del Departamento de Estado, el secretario Marco Rubio habló con el canciller Juan Ramón de la Fuente y subrayó la “necesidad de resultados tangibles” para desmantelar redes de “narcoterrorismo” y frenar el tráfico de fentanilo y armas. No es una frase decorativa: es una línea política con exigencias operativas.
A esto se suma que, según reportes periodísticos en Estados Unidos, dentro del propio gobierno mexicano se habrían discutido escenarios ante lo que se describió como “exigencias insostenibles” de Trump, que incluirían la detención de políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. The Wall Street Journal reportó que la inquietud en la administración Sheinbaum crece por demandas que irían más allá de la cooperación tradicional, y que —en el terreno político— tocarían figuras con poder real. En paralelo, Reuters documentó desde 2025 que Washington presionaba a México para investigar, procesar e incluso extraditar a políticos con presuntos vínculos con cárteles, lo que muestra que la idea no es nueva: lo nuevo es el volumen y el momento.
La llamada Sheinbaum–Trump, según Reuters y AP, giró en torno a seguridad, tráfico de drogas, comercio e inversión, con énfasis en el “respeto” y la soberanía, mientras Sheinbaum reiteró que una intervención militar estadounidense es “innecesaria”. Pero el subtexto es claro: Estados Unidos está empujando un paquete de cooperación que incluye presión pública y presión burocrática, y México intenta contener el costo político doméstico de conceder demasiado o de negarse a todo.
Para entender por qué la “mira” estadounidense pesa, hay que mirar la caja de herramientas: no se limita a discursos. El Departamento del Tesoro —a través de OFAC— ha sancionado redes criminales vinculadas a cárteles y esquemas de robo de combustible y tráfico de drogas con componentes en México, y FinCEN ha emitido alertas y medidas que complican la vida financiera de estructuras asociadas al crimen organizado. No son sanciones “contra un país”, sino contra nodos, empresas y personas; en la práctica, funcionan como un torniquete: asfixian acceso a dólares, corresponsalías y sistema financiero.
En ese clima, diversos medios de comunicación han publicado que en círculos del aparato de justicia norteamericano se habría mencionado a Adán Augusto López como posible objetivo. Lo que sí está corroborado es que el gobierno de Trump ha empujado la narrativa de que México debe actuar con mayor contundencia, y que funcionarios estadounidenses han elevado el tono sobre “resultados”.
Con esa fotografía completa, el cónclave en Palacio Nacional adquiere otra lectura: no solo es una reunión para “prioridades legislativas”; es una escena de control de daños en un momento en que Washington aprieta por dos vías a la vez: (1) la presión política (intervención, cooperación reforzada, “narcoterrorismo”, resultados) y (2) la presión financiera y penal transnacional (sanciones, alertas, cooperación interagencias). En ese tablero, la palabra “fuero” deja de ser una discusión constitucional abstracta y se convierte en una ficha sensible: ¿se blinda a los propios o se abre la puerta a costos internos para evitar costos externos?
La conclusión, a estas alturas, es incómoda para el oficialismo pero relevante para la ciudadanía: si el gobierno mexicano realmente está valorando procesar a políticos con presuntos vínculos con cárteles “para apaciguar” a Estados Unidos —como sugieren reportes internacionales—, entonces el debate no es solo de soberanía, sino de legitimidad: ¿se actuará por convicción y evidencia, o por presión y cálculo? Y mientras no existan acusaciones formales, nombres sustentados y pruebas presentadas por autoridades competentes, debe prevalecer la presunción de inocencia; lo contrario sería propaganda, no justicia.
