25/01/26
Al inicio de su sexenio, en enero de 2019, el expresidente López Obrador decidió suspender los contratos para la importación de diésel y gasolina; posteriormente reemplazó a los proveedores por socios suyos, dando paso al fraude más grande de la historia: el llamado huachicol fiscal.
Esta operación delictiva, organizada y ejecutada por diversas instituciones del Estado (SEMAR, SEDENA, SENER, SAT, Aduanas, PROFECO, entre otras), robó al erario más de 600 mil millones de pesos. Hoy solo hay unos cuantos detenidos, en su mayoría mandos medios, sin la jerarquía necesaria para haber organizado una operación de tal magnitud.
Esta decisión provocó escasez de combustible en muchas ciudades, incremento del robo a Pemex y, como consecuencia, la mayor tragedia que ha vivido México en la era moderna: Tlahuelilpan, Hidalgo. Las imágenes de personas envueltas en llamas, corriendo desesperadas, cayendo sin volver a levantarse, o pidiendo ayuda a gritos mientras sufrían uno de los dolores más atroces para un ser humano —las quemaduras— quedaron grabadas en la memoria nacional.
La tragedia ocurrió el 18 de enero de 2019, días después de la absurda decisión presidencial. Criminales perforaron un ducto de Pemex y, al no poder controlar la presión, dejaron correr el hidrocarburo. Personas afectadas por la escasez se acercaron para recuperar combustible; no eran criminales, sino vecinos que, pese a vivir cerca de la refinería de Tula, no tenían suministro. Algunos incluso solo se aproximaron a observar.
Semanas antes, AMLO había anunciado su fallida estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, que inhibía la acción de policías y militares. Todo ocurrió ante la presencia de fuerzas armadas, sin intervención. Hidalgo era —y sigue siendo— el estado con mayor huachicol del país, y aun así no se tomaron medidas preventivas pese a la escasez provocada por el propio gobierno.
No era agua, sino un líquido explosivo. Bastó una chispa. El saldo inicial fue de 73 muertos y 74 heridos; con los días, la cifra de fallecidos ascendió a 137.
Omar Fayad, entonces gobernador de Hidalgo, no actuó para prevenir la tragedia. El cálculo político fue no intervenir para no afectar la popularidad presidencial, el único indicador que importa a Morena. Fayad se alineó con Palacio Nacional y exoneró a funcionarios federales. Hasta hoy no hay un solo responsable sentenciado; de esa complicidad nació su relación con López Obrador.
A siete años de la tragedia, no hubo bandera a media asta ni mención oficial. El olvido es la estrategia del gobierno para negar justicia a las víctimas. Vale preguntarse qué habría hecho Morena si esto hubiera ocurrido bajo un gobierno del PAN o del PRI.
En 2019 aún no se conocía el huachicol fiscal, pero quedó claro el patrón: del huachicol de ductos pasaron al huachicol fiscal para saquear la Hacienda pública. La cuatroté roba, miente, traiciona y mata.
Esta operación delictiva, organizada y ejecutada por diversas instituciones del Estado (SEMAR, SEDENA, SENER, SAT, Aduanas, PROFECO, entre otras), robó al erario más de 600 mil millones de pesos. Hoy solo hay unos cuantos detenidos, en su mayoría mandos medios, sin la jerarquía necesaria para haber organizado una operación de tal magnitud.
Esta decisión provocó escasez de combustible en muchas ciudades, incremento del robo a Pemex y, como consecuencia, la mayor tragedia que ha vivido México en la era moderna: Tlahuelilpan, Hidalgo. Las imágenes de personas envueltas en llamas, corriendo desesperadas, cayendo sin volver a levantarse, o pidiendo ayuda a gritos mientras sufrían uno de los dolores más atroces para un ser humano —las quemaduras— quedaron grabadas en la memoria nacional.
La tragedia ocurrió el 18 de enero de 2019, días después de la absurda decisión presidencial. Criminales perforaron un ducto de Pemex y, al no poder controlar la presión, dejaron correr el hidrocarburo. Personas afectadas por la escasez se acercaron para recuperar combustible; no eran criminales, sino vecinos que, pese a vivir cerca de la refinería de Tula, no tenían suministro. Algunos incluso solo se aproximaron a observar.
Semanas antes, AMLO había anunciado su fallida estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, que inhibía la acción de policías y militares. Todo ocurrió ante la presencia de fuerzas armadas, sin intervención. Hidalgo era —y sigue siendo— el estado con mayor huachicol del país, y aun así no se tomaron medidas preventivas pese a la escasez provocada por el propio gobierno.
No era agua, sino un líquido explosivo. Bastó una chispa. El saldo inicial fue de 73 muertos y 74 heridos; con los días, la cifra de fallecidos ascendió a 137.
Omar Fayad, entonces gobernador de Hidalgo, no actuó para prevenir la tragedia. El cálculo político fue no intervenir para no afectar la popularidad presidencial, el único indicador que importa a Morena. Fayad se alineó con Palacio Nacional y exoneró a funcionarios federales. Hasta hoy no hay un solo responsable sentenciado; de esa complicidad nació su relación con López Obrador.
A siete años de la tragedia, no hubo bandera a media asta ni mención oficial. El olvido es la estrategia del gobierno para negar justicia a las víctimas. Vale preguntarse qué habría hecho Morena si esto hubiera ocurrido bajo un gobierno del PAN o del PRI.
En 2019 aún no se conocía el huachicol fiscal, pero quedó claro el patrón: del huachicol de ductos pasaron al huachicol fiscal para saquear la Hacienda pública. La cuatroté roba, miente, traiciona y mata.
