Jorge Montejo
07/02/26
Ciudad de México, febrero de 2026.— Las detenciones, investigaciones y señalamientos recientes contra alcaldes emanados de Morena por presuntos vínculos con la delincuencia organizada no son hechos aislados ni “casos individuales”, como suele argumentar la dirigencia del partido. Son, más bien, la evidencia tardía de una estrategia política que privilegió la captación de recursos y estructuras locales a cualquier costo, incluso si ese costo fue dejar a comunidades enteras expuestas al control del crimen organizado.
Desde su expansión territorial acelerada, Movimiento de Regeneración Nacional abrió sus puertas a perfiles de todo tipo: expriistas, exfuncionarios señalados por corrupción, caciques regionales y operadores locales con un solo activo real —dinero y control político en sus municipios—. El objetivo era claro: derrotar al viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional utilizando las mismas prácticas que durante décadas se denunciaron, pero ahora envueltas en el discurso del cambio y la transformación.
En municipios pequeños y regiones históricamente abandonadas por el Estado, la lógica fue simple y brutal: quien garantizara votos, financiamiento y “gobernabilidad” local tenía pase directo a la boleta. Poco importó si esos liderazgos convivían, toleraban o incluso negociaban con grupos criminales. La prioridad era ganar elecciones, no reconstruir instituciones ni fortalecer el Estado de derecho.
El problema es que esa estrategia no se quedó en el ámbito electoral. Una vez instalados en el poder municipal, varios de esos alcaldes reprodujeron esquemas de extorsión, cobro de cuotas y control territorial. Para la población, el resultado fue inmediato: más miedo, más silencio y menos autoridad legítima. El ayuntamiento dejó de ser una instancia de gobierno y pasó a ser, en los hechos, una oficina administrativa al servicio de intereses criminales.
La narrativa oficial insiste en que “nadie está por encima de la ley” y que las detenciones demuestran un compromiso con la justicia. Sin embargo, el daño ya está hecho. La gente que votó con la esperanza de un cambio terminó convertida en carne de cañón, atrapada entre gobiernos locales cooptados y organizaciones criminales que operan con la venia —explícita o implícita— de quienes deberían combatirlas.
Este fenómeno también exhibe la contradicción central del proyecto: combatir al viejo sistema sin romper realmente con sus prácticas. Morena no sólo recicló cuadros del pasado; recicló métodos, alianzas oscuras y una visión utilitaria del poder. La diferencia es que ahora todo se justificó en nombre de una causa moral superior, lo que hizo más difícil cuestionar y fiscalizar a tiempo.
Las investigaciones y capturas actuales abren una ventana incómoda pero necesaria. No se trata sólo de castigar a individuos, sino de reconocer que la estrategia política de “sumar a todos” tuvo consecuencias sociales devastadoras. Mientras el partido se fortalecía electoralmente, comunidades enteras quedaban atrapadas en un vacío de autoridad, donde el crimen organizado ocupó el espacio que el Estado abandonó.
Lo que sigue no es menor. O Morena asume el costo político de revisar a fondo su origen, sus alianzas y sus métodos, o el discurso de transformación quedará reducido a una consigna vacía. Porque cuando la política se financia y se gana con pactos inconfesables, quienes pagan el precio no son los dirigentes ni los candidatos: es la gente común, obligada a sobrevivir en territorios donde el poder público dejó de protegerla.
