23 de febrero de 2026
La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, aprobada en el Senado mediante reforma al artículo 123 constitucional, se presenta como una conquista histórica. Y sí, reducir horas es un avance. El PRI acompañó esta reforma porque nace de una demanda obrera legítima; no es una concesión del gobierno tras seis años de inacción.
Pero detrás del discurso triunfal hay una verdad incómoda: la Constitución mantiene que por cada seis días de labores habrá al menos un día de descanso. Es decir, 40 horas en el papel… y la posibilidad de conservar seis días de trabajo en la práctica.
Además, implementarla de forma escalonada hasta 2030 es una trampa. Cuando un derecho se reconoce, debe aplicarse, no diferirse. Posponerlo diluye el beneficio y abre espacio a la simulación. Los derechos laborales no se entregan en abonos.
Conviene recordar que los avances laborales no surgen por ocurrencia. Tras la firma del T-MEC se fortalecieron compromisos para homologar estándares con Estados Unidos y Canadá. Antes, en 2016, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto creó la Unidad de Medida y Actualización para desvincular el salario mínimo de multas y créditos. Sin esa reforma estructural, el incremento sostenido del salario mínimo habría sido inviable. También se ampliaron las vacaciones y se modernizó la justicia laboral. Las conquistas se construyen gradualmente.
El riesgo actual es claro: jornadas de ocho horas durante seis días, con hasta 12 horas extras semanales. En los hechos, podría mantenerse una carga cercana a 48 horas con un solo día obligatorio de descanso. La demanda real era cinco días de trabajo por dos de descanso.
La realidad cotidiana agrava el problema. Muchas personas invierten hasta cuatro horas diarias en traslados. Para miles de mujeres, la jornada no termina al salir del empleo: continúa en casa con labores de cuidado, ante la ausencia del sistema prometido y no cumplido. Hay trabajadoras cuya jornada real alcanza 14 o 16 horas.
También debe considerarse el impacto económico. Las micro, pequeñas y medianas empresas —85% de las unidades económicas— requieren estímulos fiscales y crédito para sostener la transición. En diciembre pasado, 7 mil patrones se dieron de baja del IMSS; en los últimos años suman casi 35 mil. El salario promedio registrado ronda apenas dos mínimos, lo que anticipa pensiones insuficientes.
Y mientras presumen esta reforma, Morena no ha declarado la constitucionalidad de la iniciativa que otorgaría salario mínimo profesional a policías, soldados, marinos, maestros, médicos y enfermeras —al menos 19 mil pesos mensuales—. Fue promesa electoral. Hoy admiten que no hay recursos.
Reducir la jornada es correcto. Simular su cumplimiento no lo es.
Frente a los hechos, la pregunta es inevitable: ¿Quiénes son los hipócritas?
